El vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha denunciado que exaltos cargos del anterior gobierno regional se incorporaron a empresas a las que "pocas semanas antes habían hecho adjudicaciones de contratos millonarios".
"Si quiere tener más información, pregunte a Echániz", ha dicho el vicepresidente a la presidenta del grupo popular en las Cortes, Ana Guarinos, en alusión al exconsejero de Sanidad, José Ignacio Echániz.
Martínez Guijarro ha realizado estas afirmaciones durante su intervención en el pleno de las Cortes, después de haber sido preguntado por Ana Guarinos por las medidas previstas por el Gobierno regional para evitar las "puertas giratorias" entre la Administración regional y la empresa privada.
Guarinos ha recordado que esta semana se ha tenido conocimiento que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PP para conocer si el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, cumplió con los trámites sobre incompatibilidades cuando dejó de ser gerente del Sescam y, siete meses después, se incorporó a una empresa privada con la que había contratado cuando estuvo en la Administración Pública.
"Si no tienen nada que ocultar, entreguen la documentación al PP y si tienen algo que ocultar y al final lo demostramos, Ruiz Molina debería irse a sus casa y García-Page debería dimitir por mentir y por ocultar las mentiras a las que nos tienen acostumbrados", ha denunciado Guarinos.
En cambio, Martínez Guijarro ha explicado que fue la Mesa de las Cortes quien determinó que ya se había aportado toda la documentación necesaria sobre la posible incompatibilidad de Ruiz Molina y concluyó que ésta no existía.
"Ustedes, como siempre, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", ha afeado Martínez Guijarro a la bancada del PP y, concretamente a Guarinos le ha dicho que "sabe que hay exaltos cargos del anterior gobierno que, a las pocas semanas de dejar el cargo, se incorporaron a empresas con las que pocas semanas antes habían hecho adjudicaciones de contratos millonarios".
"Si quieren más información, pregunte a Echániz, que alguna información podrá dar al respecto", ha apuntado Martínez Guijarro.
Por otra parte, el portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha preguntado al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por los motivos por los que se "quiere privar a los ciudadanos de Torre del Burgo (Guadalajara), de la atención sanitaria cercana suprimiendo el convenio con la Comunidad de Madrid".
"Estamos en un momento muy delicado, le quedan 30 días para salvar el convenio, si usted y García-Page no pagan nos lo van a quitar", ha avisado Robisco, quien ha añadido que los guadalajareños quieren "ir a los hospitales de Madrid" porque no quieren "ir a los de Albacete y Ciudad Real".
Ante la pregunta de Robisco, el consejero de Sanidad ha subrayado que no se dejará "sin atención sanitaria a nadie de Castilla-La Mancha, tampoco de la provincia de Guadalajara" y, respecto al periodo límite de 30 días, ha desvelado que aún están "esperando a que conteste" la Comunidad de Madrid a la última petición de reunión que le solicitó el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Con ello, ha afirmado que el objetivo del Ejecutivo autonómico no es que los pacientes de Guadalajara sean atendidos en Madrid sino en la capital alcarreña, para lo que ha dicho que el Gobierno regional está trabajando.
En materia educativa, la parlamentaria del PP Claudia Alonso se ha interesado por "cuánto piensa reducir el Gobierno regional la partida presupuestaria a la educación concertada en los próximos presupuestos" y, en este sentido, ha advertido sobre el acuerdo firmado entre la Junta y Podemos que contempla la progresiva reducción de la financiación pública para la educación concertada.
A su juicio, el Gobierno de Castilla-La Mancha realiza un "ejercicio de cinismo propio del PSOE" al afirmar, por una parte, que garantiza la enseñanza concertada y, por otra, al mantener el acuerdo con la formación morada.
"Son capaces de firmar una cosa y decirnos la contraria", ha criticado la parlamentaria del PP, a lo que el consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha respondido defendiendo que no engañan ni a la comunidad educativa ni a Podemos.
Así, ha explicado que la partida presupuestaria para la educación concertada de cara a los próximos cursos está sujeta a la negociación de los conciertos con una nueva orden que tendrá una duración de cuatro años y a la demanda de escolarización.
