El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y su esposa Lourdes Cavero -quien fue consejera en Caja Madrid-, pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el "dinerillo B" de que disponían y que tenía "origen ilícito", como fue la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un productor de desinfección de agua junto con el exministro Eduardo Zaplana.
Así se señala en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que recoge los diferentes indicios que justifican la medida de prisión incondicional dictada la noche de este viernes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra el González y otros implicados en la trama presuntamente corrupta desarticulada en la 'Operación Lezo'.
La expresión "dinerillo B" procede del contenido de una conversación intervenida entre el expresidente de Inassa (filial del Canal de Isabel II) en Iberoamérica y otra de las implicadas igualmente en prisión, María Fernanda Richmond, en la que ésta consideraba que el ritmo de vida del matrimonio no podía sostenerse con sus ingresos y daba a entender existían activos financieros opacos a disposición del expresidente madrileño.
PROYECTO DE NEGOCIO CON ZAPLANA
El juez cita en su auto hasta ocho de estos negocios, entre los que destaca la adquisición del 50 por ciento -junto con Zaplana- de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot, conocido por facilitar a sus clientes estructuras societarias en otros países, que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua.
Las diligencias judiciales realizadas hasta el momento no permiten aclarar si la inversión fue finalmente realizada.
Lo que sí han revelado, según el auto, son los "planes del expresidente de la Comunidad de Madrid para acometer esta inversión a través de sociedades opacas. Así se desprende de una conversación intervenida entre González y el propio Zaplana en la que el exmandatario madrileño le propone montar "una estructura financiera" a través de Belhot en la que valora que éste trabaje en lugares como Holanda, Estados Unidos o Uruguay "para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo".
En cuanto a las guarderías, la investigación ha destacado que González y su esposa constituyeron una empresa para gestionar este tipo de centros a través de terceros inversores, pertenecientes a su círculo familiar y de amistades. El juez subraya que Cavero, con una aportación mínima -unos 10.000 euros- habría pasado a controlar el 20 por ciento aproximadamente de una sociedad cuya valoración ronda el millón.
UN MILLÓN PARA INVERTIR EN "AUDITEL" Y 'PITUFEO' FAMILIAR
Se apunta también en este capítulo de blanqueo de capitales la adquisición de una parte del accionariado de la sociedad Auditel que en función de conversaciones entre González y su hermano Pablo --en prisión eludible con fianza de 4 millones "en un abanico que oscila entre 1 y 3 millones de euros"--.
El hermano del expresidente explicó a su cuñado José Juan González Caballero --igualmente en prisión bajo fianza-- que podrían comprar el 20 por ciento de la empresa por entre 800.000 y 1 millón de euros, dando a entender que tanto él como Ignacio disponían de tal cantidad. "El primero es Nacho, que además está muy interesado", consta en la conversación intervenida que obra en la instrucción.
Al juez le llama la atención que Pablo González asegure que su hermano dispone de un millón de euros para afrontar esta inversión y la relaciona con el mecanismo también detectado en la "Operación Lezo" por el que éste colocaba de forma recurrente en su cuenta 13.000 euros "mediante la ficción de un préstamo entre familiares que compensaría con dinero B".
Igualmente, el juez ha detectado otras operativas que podrían haber servido al expresidente de la Comunidad de Madrid "para blanquear fondos a menor escala". Entre ellos cita una facturación "triangular" entre la sociedad Comunica, la mercantil Asecom y el propio González que aún debe ser analizada por el juez, la falta de liquidez en sus cuentas que le llevó a articular la operativa de préstamo ficticio familiar y 12.000 euros de facturación ficticia entre González y la sociedad de su hermano Asesora 25.
REUNIÓN DEL HERMANO DE GONZÁLEZ EN INTERIOR
Por otra parte, Pablo González, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, se reunió con el 'número dos' del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al saber que estaban siendo investigados por la Guardia Civil en el marco de la posteriormente bautizada como 'operación Lezo', según se desprende del auto del juez.
"Recientemente en una reunión con sus hermanos", expone el auto, "hablaron de una posible investigación policial a su hermano Ignacio y en esa reunión hablaron sobre quién ocupaba actualmente el cargo de secretario de Estado de Seguridad". "Al día siguiente de conocer la posible existencia de una investigación a su hermano Ignacio se habría reunido con un secretario de Estado", continúa el juez Velasco.
Preguntado por esta reunión, fuentes del Ministerio del Interior han explicado a Europa Press que Pablo González solicitó una reunión en la Secretaría de Estado con José Antonio Nieto. Ambos se conocían de la etapa del segundo como alcalde de Córdoba, ya que trató con el hermano de Ignacio González por ser éste directivo de la Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) y, por tanto, prestar servicios a Mercacordoba.
Pablo González ha sido director de Estrategia y Operaciones de Mercasa y también representante de esta empresa en Mercacordoba, entidad de la que posee el 49% de sus acciones. El Ayuntamiento de Córdoba es titular, a su vez, del 51% de las acciones restantes.
La reunión, según estas fuentes, se celebró el 8 de marzo y no duró más de 15 minutos. "Fue puramente protocolaria, ya que Pablo González se limitó a felicitar al secretario de Estado por su reciente nombramiento, manifestó su voluntad de colaborar con la Secretaría de Estado en todo cuanto se pudiera hacer desde Mercasa y, concretamente, explicó que estaba trabajando en un nuevo plan de construcción de centros de Mercasa, cuyas medidas de seguridad quería coordinar con los técnicos de la Secretaría de Estado", explican a Europa Press.
NI UNA SOLA MENCIÓN A LEZO
"No hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación, especialmente de la denominada 'Operación Lezo', de cuya existencia el secretario de Estado de Seguridad no tuvo conocimiento hasta que la investigación judicial dio como resultado las detenciones realizadas", añaden las citadas fuentes del Ministerio del Interior.
El hermano del expresidente madrileño es directivo de Mercasa y uno de los investigados en 'Lezo', según el auto de prisión, por su participación en una red de blanqueo de capitales encabezada por Ignacio González y en la que también participaron otros familiares como su mujer, Laura Clavero (que no está detenida), y el cuñado del expresidente madrileño, José Juan Caballero (en prisión eludible previo pago de 100.000 euros).
Los hechos investigados en la 'operación Lezo' constituyen en principio los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.
En otro operativo ordenado en esta ocasión por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió también el miércoles en la sede de Mercasa por irregulares del consorcio en Angola. Diez personas fueron imputadas por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
