El Gobierno Vasco pedirá a Sánchez acercar a cárceles próximas a 210 presos de ETA

Las víctimas rechazan el plan y defienden la dispersión como una medida para garantizar la reinserción de forma individualizada
Sánchez pacta con Urkullu el acercamiento de presos y el traspaso de competencias
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El Gobierno Vasco trasladará al nuevo Gobierno central una propuesta actualizada para acercar a los 210 presos de ETA a siete cárceles cercanas a Euskadi: Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa), Pamplona, El Dueso (Cantabria), Logroño y Burgos, según ha confirmado el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández.

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, Fernández ha explicado que, en este documento, planteará "un cambio de concepto", ya que, si hasta ahora se exigía a los reclusos que iniciara un itinerario de reinserción para proceder a su traslado a centros penitenciarios vascos o cercanos a Euskadi, ahora plantea que se haga al revés. De esta forma, una vez que se acerque a los presos, estos comenzarían ese camino hacia su resocialización.

Desde la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su abogada Carmen Ladrón de Guevara ha reaccionado a este anuncio mostrando de nuevo su oposición al plan del Gobierno vasco. En este sentido, recuerda que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ya planteó en 2017 que los presos de ETA tuvieran un alejamiento máximo de 250 kilómetros.

"Nos oponemos y creemos que hay que mantener la dispersión como un elemento de reinserción de los presos, ya que este tipo de acercamientos no pueden ser generalizados sino individualizados, y en base a un pronóstico favorable de reinserción", ha señalado la letrada de la AVT en declaraciones a Europa Press.

"Para valorar la sinceridad del proceso de reinserción se les debe exigir la colaboración con la justicia", ha añadido la abogada de la AVT en alusión a los 313 asesinatos sin resolver -- en 2018 se esclareció uno de los crímenes pendientes, el del funcionario de prisiones Máximo Casado--.

En un comunicado, Covite también ha mostrado su "rechazo frontal" al plan del Gobierno vasco en materia de política penitenciaria. Recuerda que la izquierda abertzale, "con sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación, es la verdadera responsable de que los presos de ETA cumplan condena lejos del País Vasco". En este sentido, el colectivo ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que el nacionalismo vasco "no puede marcar la hoja de ruta en materia de presos de ETA".

BALANCE DE LA LEGISLATURA

En los 19 meses de la anterior legislatura, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió ante las asociaciones de víctimas a que les informaría de los acercamientos de presos de ETA en un cambio de la política penitenciaria que pasaba por autorizar traslados "puntuales" para presos que no tuvieran delitos de sangre y con la mayor parte de la condena ya cumplida, "salvo excepciones".

Se han autorizado 28 acercamientos a cárceles próximas del País Vasco y otros tantos presos de la banda terrorista han dejado de estar clasificados en el régimen más duro, al progresarlos del primer al segundo grado, según datos de la AVT.

Las víctimas vieron un incumplimiento de la promesa de Grande-Marlaska por el traslado a Asturias de José María Arregui Erostarbe, alias 'Fiti', debido a su historial criminal. Además, vincularon la decisión adoptada a finales de diciembre con la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.

LA PROPUESTA DE JONAN FERNÁNDEZ

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación cree que los 210 reclusos de ETA pueden ser trasladados a los centros penitenciarios de Zaballa, Basauri, Martutene, Pamplona, El Dueso, Logroño y Burgos. "El concepto debe ser que, para comenzar el proceso de reinserción, deben estar cerca", ha insistido Jonan Fernández.

Asimismo, ha subrayado que esto no supone que se haga "un regalo" a las personas presas, sino "justicia" para sus familias. A su juicio, es necesario replantearse el modelo de reinserción con el fin de ir hacia un modelo más abierto que contribuya a la reintegración social de los reclusos tras su excarcelación.

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