martes 25.02.2020

El Gobierno insta al Tribunal Constitucional a que lleve a la Fiscalía al Parlament si ve delito

Por otra parte y tal y como ha anunciado Pedro Sánchez este viernes, el Gobierno toma medidas para impedir que la Generalitat desarrolle una administración electrónica en paraísos digitales
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha explicado que la Mesa del Parlamento catalán ha podido desobedecer la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) de que la cámara autonómica no debata sobre el derecho de autodeterminación ni sobre la Monarquía, por lo que ha reclamado al tribunal que se dirija a la Fiscalía para que investigue si se han cometido delitos.

Así lo ha acordado el Consejo de Ministros reunido este jueves, que vuelve a utilizar la fórmula del incidente de ejecución de sentencia para que el TC actúe. En concreto, contra la admisión a trámite por la Mesa del Parlament de una propuesta de Junts, ERC y la CUP donde reiteraban su disposición a debatir sobre estos asuntos, y también contra el rechazo, por la misma Mesa, de las solicitudes de inadmisión que ya presentaron PSC, Cs y PP. Los propios letrados del Parlament advirtieron de que se rechazase la tramitación de la propuesta.

El Gobierno recuerda que el Constitucional ya advirtió al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a cada uno de los miembros del órgano que dirige el Parlament de que ya había suspendido resoluciones anteriores contra el Rey o a favor de la supuesta soberanía del pueblo catalán. Añade que les avisó también de "las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

Calvo ha subrayado que la Mesa ha desobedecido al TC y que hay que investigar si se han cometido delitos, por lo que pide al tribunal de garantías que anule las decisiones de la Mesa pero que acuda también al Ministerio Fiscal. "Pedimos al Constitucional que considere si se ha traspado esa línea, si ha desautorizado el apercibimiento que él mismo hizo y que se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que se puedan tener", ha añadido.

El Gobierno reclama una vez más al alto tribunal que vuelva a notificar sus decisiones a Torrent y al resto de miembros de la Mesa y que de nuevo les advierta de las responsabilidades a las que se enfrentan si no obedecen.

CONTRA LA SENTENCIA DEL SUPREMO

Por otro lado, el Gobierno ha pedido informe urgente al Consejo de Estado para impugnar ante el TC la moción 123/XII aprobada el pasado 24 de octubre por el Pleno del Parlament. Se trata de una iniciativa de ERC por la que la Cámara rechaza la sentencia del 1-O por el Tribunal Supremo y considera que la tarea del presidente de la Sala, Manuel Marchena, y del resto de magistrados es "más propia de un sistema judicial autoritario" que de uno democrático. Fue aprobada con los votos a favor de JxCat, ERC, la CUP y los 'comuns' (se abstuvieron en un punto) y con el rechazo del resto de grupos.

"No corresponde en el respeto a la separación de poderes que ningún parlamento debata una sentencia de los tribunales", ha dicho Calvo, que ha dejado claro que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional contra este debate aunque el Consejo de Estado no lo comparta (sus informes no son vinculantes para el Consejo de Ministros).

El Ejecutivo entiende que el ejercicio del poder está sometido a la crítica pública, pero considera que "difícilmente es asumible que esté sometido a la reprobación institucional de otro poder del Estado".

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN PARAÍSOS DIGITALES

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley para impedir que la Generalitat catalana y cualquier otra entidad pública desarrolle una administración electrónica que quede fuera del control del Estado por alojarse en servidores fuera de la UE, como sucede con Identicat, un sistema de identificación en desarrollo que persigue que los catalanes puedan hacer trámites en Internet con la Administración.

Esta nueva norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes próximo, si bien deberá ser avalada en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados, que tiene la capacidad de tumbarla si la mayoría de la Cámara no está de acuerdo con ella.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, ha explicado que la medida busca, entre otras cosas, "proteger más todavía el Documento Nacional de Identidad como único y excluyente de cualquier otra identificación que pueda tener cualquier hombre o mujer de este país", si bien ha rehusado ahondar en detalles por tratarse de asuntos que afectan a la seguridad nacional.

Pese a que se le ha preguntado de manera reiterada, Calvo no ha concretado de qué datos dispone el Ejecutivo para decidir actuar con urgencia en esta cuestión, diez días antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, cuando se trata de un asunto en que el que llevan trabajando ya un tiempo.

En todo caso, fuentes gubernamentales han explicado que el real decreto ley afecta directamente a iniciativas como Identicat, si bien han evitado, como Calvo en la rueda de prensa, vincularlo a una necesidad imperiosa de proteger el buen desarrollo de los inminentes comicios.

ACTUARÁ CONTRA PROYECTOS COMO IDENTICAT

El real decreto ley mejorará notablemente, sostiene el Gobierno, la capacidad de reacción del Estado ante proyectos que atenten contra el interés general, como es Identicat. También reforzaría los mecanismos de actuación ante una infracción como sería la cesión de datos de una Administración pública a entes privados.

No está pensado en cambio, admiten las fuentes consultadas, para actuar contra plataformas como Tsunami Democràtic, desde la que se están coordinando las protestas contra la sentencia del 'procés'.

Calvo ha precisado que ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha llevado en mano al Consejo de Ministros esta medida, que la vicepresidenta ha justificado por carácter urgente, de interés general y para prevenir daños "irreparables".

ARGUMENTA LA URGENCIA: PUEDEN PASAR SEMANAS HASTA TENER GOBIERNO

"Es urgente porque hay situaciones en el orden cotidiano de nuestras vidas y en nuestra relación con las Administraciones públicas donde hay que reaccionar cuanto antes mejor", sobre todo teniendo en cuenta que, con unas elecciones en poco más de una semana, pasarán "días" o "semanas" hasta que se forme un nuevo Gobierno, ha argumentado.

El decreto afectará a siete Ministerios y a cuestiones relativas a la documentación nacional de identidad; la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública y al sector de las telecomunicaciones.

Consta de un preámbulo y un texto articulado en seis artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El capítulo I contempla medidas en materia de documentación nacional de identidad, dirigidas a configurar al DNI, con carácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular, ha detallado el Gobierno en un comunicado.

El capítulo II establece varias medidas en materia de identificación electrónica ante las Administraciones públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras Administraciones públicas.

PROTECCIÓN DE DATOS EN MANOS DE CONTRATISTAS

El capítulo III regula varias medidas en materia de contratación pública, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito.

Los contratistas del sector público manejan en ocasiones un ingente volumen de datos personales, cuyo uso inadecuado puede plantear riesgos para la seguridad pública. Por ello, resulta necesario y urgente, a juicio del Ejecutivo, asegurar por ley su sometimiento a ciertas obligaciones específicas que garanticen tanto el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales como la protección de la seguridad pública.

El capítulo IV regula varias medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones.

A juicio del Gobierno, el uso del real decreto ley está justificado y respeta los límites constitucionalmente establecidos para recurrir a esta figura legislativa, al no afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general.

Tampoco invade la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 81 de la Constitución ni en ningún otro precepto constitucional, en tanto que no se modifican preceptos de carácter orgánico, sostiene el Gobierno en su nota.

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