Martes 11.12.2018

El Gobierno de Sánchez mantiene una hoja de ruta "como si fuera a agotar la legislatura"

El Gobierno ha vuelto a aprobar este viernes la senda de déficit para 2019-2021, consciente de que esta vez tampoco logrará la convalidación del Parlamento, pero con la idea de no dejar ningún resquicio legal a que PP y Cs puedan bloquear la tramitación de los Presupuestos con su mayoría en la Mesa del Congreso

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros

El Gobierno mantiene una hoja de ruta "como si fuera a agotar la legislatura" y, por tanto, seguirá aprobando medidas en esa dirección y que considera que son las que esperan y necesitan los ciudadanos.

Así lo aseguran a Efe fuentes del Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes en la que se han aprobado, entre otras decisiones, los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2019 y un plan de empleo joven que pretende reducir en diez puntos el desempleo juvenil en el plazo de tres años.

La presentación de los objetivos de estabilidad es previa a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para el próximo año y al que el Gobierno prevé dar luz verde a mediados de enero.

Este viernes, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha reiterado que la decisión de presentar los presupuestos es firme.

Pero consciente de que parece imposible aprobar los nuevos objetivos presupuestarios, entre ellos una senda de déficit, ha considerado que su presentación por segunda vez ante las Cortes es un mero trámite.

En el Gobierno se asume que no saldrán adelante los nuevos objetivos, pero cuestión distinta son los propios presupuestos.

"No será tampoco nada fácil, pero negociaremos con los grupos parlamentarios una vez que se presente el proyecto de ley en el Congreso porque no todo está perdido", señalan las fuentes del Ejecutivo.

En ese contexto se enmarcan las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, en conversaciones informales con los periodistas durante el acto celebrado en el Congreso por el Día de la Constitución.

Ambos aludieron a la posibilidad de que algún partido como el PDeCAT pueda facilitar con una abstención que el proyecto presupuestario superara el debate de totalidad.

"A partir de ahí ya se vería cómo evolucionan los acontecimientos", se subraya desde el Gobierno al tiempo que se recuerda que el propio Sánchez dijo ayer que si los presupuestos no se aprobaban, eso no quería decir que necesariamente tuviera que adelantar las elecciones.

Por eso aseguran que el Ejecutivo "trabaja y seguirá trabajando" como si la legislatura fuera a agotarse.

Este viernes, al plantearle la posibilidad de un adelanto electoral si las nuevas cuentas del Estado no consiguen el aval de las Cortes, Celaá ha recordado que la legislatura acaba a mediados de 2020 y ha asegurado que todos los miembros del Gabinete tienen el propósito de seguir trabajando hasta entonces.

No obstante, ha hecho hincapié en que la decisión sobre la convocatoria de elecciones es una facultad que corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.

Las fuentes del Ejecutivo recalcan que Sánchez pareció dejar claro ayer que no habría elecciones en marzo, ya que dijo que en ese momento estará "gobernando y trabajando" y se estará debatiendo el proyecto de ley presupuestario.

La siguiente posibilidad sería que las elecciones generales coincidieran con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y, por tanto, hubiera un "superdomingo" electoral.

No se descarta abiertamente desde el Ejecutivo, pero se reitera que es absurdo entrar ahora en especulaciones de ese tipo a cinco meses vista porque durante ese tiempo pueden suceder muchas cosas en una u otra dirección.

Por eso recalcan que, a su juicio, lo importante es seguir aprobando medidas como el Plan de Empleo Joven que ha tramitado hoy el Consejo de Ministros en una reunión que por vez primera en cuatro semanas ha presidido Sánchez debido a diversos compromisos en su agenda internacional.

En las tres reuniones semanales del Gobierno que quedan antes de que acabe el año se prevé aprobar igualmente decisiones de relevancia como el decreto que aumentará a 900 euros el salario mínimo interprofesional para que esté en vigor el próximo 1 de enero.

Una medida que podría aprobarse en el Consejo de Ministros que Sánchez presidirá en Barcelona el 21 de diciembre o en la reunión del 28 de este mes, la última de año y tras la que comparecerá ante los periodistas para hacer balance de su gestión y de las perspectivas políticas y económicas del nuevo año. 

SENDA DE DÉFICIT

El Gobierno ha vuelto a aprobar este viernes la senda de déficit para 2019-2021, consciente de que esta vez tampoco logrará la convalidación del Parlamento, pero con la idea de no dejar ningún resquicio legal a que PP y Cs puedan bloquear la tramitación de los Presupuestos con su mayoría en la Mesa del Congreso.

La senda socialista supone una flexibilización de los objetivos de déficit vigentes para el conjunto de las Administraciones Públicas, de cinco décimas para 2019 (hasta el 1,8 % del PIB), de seis décimas para 2020 (1,1 %) y de cinco décimas para 2021 (0,4 %).

No obstante, los Presupuestos de 2019 se presentarán con la meta de déficit vigente para el Estado, del 0,3 % del PIB, lo que obligará a ajustar en unos 1.200 millones de euros el techo de gasto de 125.064 millones informado (no necesita convalidación) a las Cortes en julio, tras su aprobación por el Gobierno junto con la senda de déficit.

La ministra portavoz ha explicado que el Ejecutivo ha decidido volver a enviar a las Cortes la misma senda tras consultar con la Abogacía del Estado, que entiende que es un requisito previo a la presentación de los Presupuestos.

Fuentes del Gobierno han detallado que se ha optado por una interpretación de la ley que garantice que bajo ninguna circunstancia ni PP ni Cs podrán bloquear los Presupuestos en la Mesa del Congreso en la que suman mayoría.

La senda de déficit, que se someterá a la convalidación del Parlamento en próximas fechas, será previsiblemente rechazada de nuevo, ya que aunque supere el trámite en el Congreso, no logrará sortear la mayoría absoluta del PP en el Senado.

En julio pasado, los objetivos de déficit ni siquiera fueron aprobados por el Congreso porque los partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez no quisieron dar su visto bueno a una senda que iba a decaer en el Senado.

Esta situación podría cambiar después de que PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís se unieran a final de verano para presentar una proposición de ley que reforma la Ley de Estabilidad para quitar al Senado la capacidad de veto de la senda de déficit.

Sin embargo, no hay visos de que esta reforma pueda salir adelante en el corto plazo ni tampoco antes de que se tramiten los Presupuestos, toda vez que el PP y Cs están retrasando su tramitación con la prórroga sistemática del plazo para presentar enmiendas.

La ministra portavoz ha añadido que el Gobierno asume por segunda vez el trámite de aprobar y ver rechazada su senda fiscal porque tiene el "firme compromiso" de presentar en enero las cuentas públicas del año que viene.

Celaá ha insistido en que el Gobierno va a presentar sus Presupuestos porque entiende que son los que necesita el país para recuperar el Estado del bienestar "menoscabado durante la crisis" y para fomentar un sistema fiscal más justo.

Ha recordado que el anterior Gobierno fijó para este año un objetivo de déficit del 2,2 % del PIB, que después se ha visto que era "irreal" y que finalmente llegará a en torno el 2,7 o el 2,8 % del PIB.

"Este Gobierno propone una senda de estabilidad realista y adecuada a este contexto económico", ha afirmado Celaá, que ha incidido en que de las cinco décimas de margen adicional para 2018 dos son para las comunidades autónomas, dos para la Seguridad Social y solo una para la Administración central. 

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