El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha que faculta a esta comunidad a elaborar un plan estratégico en el uso del 'fracking', una técnica para la extracción y aprovechamiento de hidrocarburos.
Según la referencia del Consejo, la ley, de 9 de marzo de este año, faculta a la comunidad autónoma a elaborar un plan para ver qué zonas se pueden usar para el 'fracking'.
Sin embargo, a juicio del Gobierno esto supone una vulneración de la ley del Sector de Hidrocarburos y la ley de Evaluación Ambiental.
En concreto, el recurso obedece a que la ley autonómica no puede regular un "Plan estratégico" porque las competencias sobre hidrocarburos y medioambiente pertenecen al Estado.
CLM ABOGA POR UN MODELO RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE
Tras la decisión del Gobierno, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que, "frente a un modelo energético insostenible y no respetuoso con el medio ambiente, el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por otro que genera riqueza y protege el territorio.
Así se ha expresado el titular regional de Medio Ambiente en su cuenta personal de Twitter, al conocer la decisión del Consejo de Ministros.
Martínez Arroyo defiende esta ley, que fue aprobada con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP, y destaca en la misma red social que, "frente a un modelo de decisiones sin contar con los ciudadanos, un orgullo escuchar la voz de las gentes de Castilla-La Mancha".
La ley "antifracking" de Castilla-La Mancha, la quinta comunidad que regula la fractura hidráulica, incluye varias medidas para imposibilitar el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones.
La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe el plan estratégico sectorial.
