domingo 23/1/22

El Gobierno lleva al Constitucional una resolución del Parlament y pide que se advierta a Torrent

- Celaá avisa al Govern de las consecuencias si incumple la ley: de Seguridad Nacional, 155 "y puntos suspensivos".

- El Gobierno espera poder exhumar a Franco "más pronto que tarde" pero sigue sin tener una fecha.

- El Ejecutivo sigue trabajando en la fórmula legal para actualizar las entregas a cuenta de las CCAA.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes llevar al Tribunal Constitucional una resolución del Parlamento de Cataluña del pasado 25 de julio por entender que incumple varias sentencias de este Tribunal, al que solicita ahora que declare nulos esos acuerdos y advierta al presidente del legislativo, Roger Torrent, al resto de miembros de la Mesa y al secretario de los riesgos penales que corren.

El Gobierno en concreto presenta al TC lo que se denominan incidentes de ejecución de sentencia contra la aprobación por el Parlament el pasado 25 de julio de una resolución contra el Rey y en la que se reafirma en la defensa del derecho a la autodeterminación de Cataluña.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha anunciado este acuerdo del Gobierno a instancias del Ministerio de Política Territorial. Su responsable, Manuel Planas, ha explicado que se ha tardado dos meses en denunciar ese acuerdo de julio porque requiere "una preparación jurídica interna" y porque el Gobierno ha determinado que "este era el momento oportuno". "Es tema suficientemente riguroso y serio como para que el Consejo se haya tomado su tiempo", ha añadido.

Planas ha asegurado que se recurre a la fórmula de la ejecución de sentencia porque el TC ha dejado claro ya que resoluciones como las del 25 de julio no son legales. "Las sentencias son bloque de constitucionalidad y le pedimos al Tribunal que pida que sus sentencias se ejecuten", ha recalcado.

El objetivo del Gobierno es que el Tribunal anule esos acuerdos, pero ha recalcado la petición al TC de que dirija una "clara advertencia" a los miembros de la Mesa de que deben velar por el cumplimiento de la legalidad y de que no hacerlo tiene "repercusiones penales".

Preguntado por cuáles pueden ser estas consecuencias, Planas ha respondido que "probablemente" se podría incurrir en desacato, pero que hay varios tipos penales "que habría que examinar". "Pero lo mejor para todos es que la Mesa cumpliera lo que le indica el Tribunal", ha agregado.

LA ACTUACIÓN "CRONOMETRADA" DEL PARLAMENT

El hecho es que esta decisión llega cuando se está a la espera de que el Gobierno recurra otros acuerdos del Parlament más recientes. En concreto, de la semana pasada, cuando la Mesa permitió que se votara tres resoluciones pidiendo la salida de la Guardia Civil de Cataluña, una respuesta institucional contra la sentencia del 'procés' y un acuerdo por la amnistía y la autodeterminación de Cataluña.

El Gobierno estaba a la espera de la publicación en el Boletín del Parlament de estos acuerdos para poder recurrirlos este viernes, pero esa publicación se ha producido casualmente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Qué bien cronometrada está la actuación del Parlament de Cataluña", ha reaccionado con ironía el ministro Planas, que ha agregado a modo de advertencia: "La nuestra, también. Sépanlo". Planas ha confirmado que en cuanto le sea posible el Gobierno también tomará medidas contra las resoluciones de la semana pasada.

LOS INCIDENTES DE EJECUCIÓN

El Gobierno se dirige con este acuerdo contra varios apartados de una resolución aprobada por el Parlament el 25 de julio, porque a su juicio vulnera varias sentencias del TC.

Por un lado, se vuelve a proclamar el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña y el Parlament se reafirma en "su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación". El Gobierno entiende que se vulnera la sentencia 259/2015 del TC, que anuló una resolución de 2015 con la que se abrió el denominado 'procés' hacia la independencia, y la sentencia 136/2018 que declaró inconstitucional una moción que ratificaba los objetivos políticos del referéndum del 9-N (2014).

El Gobierno estima, en consecuencia, que vulneran directa y frontalmente dichas sentencias y, por tanto, solicita al Tribunal Constitucional la declaración de nulidad y su inmediata suspensión.

En términos parecidos se expresa el Gobierno contra otra parte de esa resolución del 25 de julio, en la que el Parlament "reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía", "se reafirma en su reprobación de Felipe VI" y "reafirma su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores republicanos".

El TC ya anuló una resolución con parecido contenido de 2018 en su sentencia 98/2019, que según el Gobierno se incumple al promover otra vez una iniciativa similar.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

Además, el Ejecutivo ha advertido al Govern catalán de los mecanismos que tiene a su alcance el Estado para responder a una eventual infracción de la legalidad por parte de la Generalitat catalana: "Ley de Seguridad Nacional, 155 y puntos suspensivos".

Así se ha pronunciado la ministra portavoz que ha avisado de que la Generalitat "es la única institución en este momento que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad".

Celaá ha recordado que el Gobierno tiene la "obligación constitucional de salvaguardar la libertad y seguridad de toda la ciudadanía", para lo que cuenta con "todos los mecanismos legítimamente democráticos" que le otorga la Constitución y las leyes "de los que hará uso si hay inseguridad o excepcionalidad". "Si no hay excepcionalidad no hay aplicación excepcional de los mecanismos que tiene legítimiamente el Gobierno a su alcance", ha abundado.

Entre ellos, ha citado, la Ley de Seguridad Nacional, que tiene como objetivo "salvaguardar el superior interés general" en caso de "emergencia o inseguridad" y que permite "coordinar a todas administraciones públicas con el fin de conseguir un resultado más eficiente".

Y también se ha referido al artículo 155, que dice, ha recordado Celaá, que aquella Comunidad Autónoma que no cumpliere las obligaciones de la Constitución o que las leyes le encomiendan, previo requerimiento al presidente de esa autonomía, el Gobierno solicitará a través de la mayoría absoluta del Senado la aplicación de ese artículo con el fin de "salvaguardar y garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad".

La portavoz ha recordado que el Tribunal Constitucional, a través de su sentencia, ofrece un "manual de instrucciones" sobre cómo se debe aplicar el artículo 155 que, dice el Alto Tribunal, ha de ser "subsidiaria, extraordinaria y temporal".

Celaá ha confirmado que un Gobierno en funciones puede solicitar la aplicación del artículo 155 si se produce un "incumplimiento de la legalidad". No obstante, ha afirmado que en la actualidad no se está "en el mismo escenario" que en 2017, cuando los independentistas vulneraron la Constitución con la celebración del referéndum del 1 de octubre y declaración la independencia de Cataluña.

EXHUMACIÓN DE FRANCO

En otro orden de asuntos, la ministra portavoz en funciones ha afirmado que el Gobierno espera poder llevar a cabo la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco "más pronto que tarde", pero no ha podido facilitar aún una fecha.

Celaá ha señalado que para ello aún hay que concluir el expediente administrativo, lo cual incluye "algunos aspectos logísticos importantes". Según ha dicho, el Gobierno lo tenía todo preparado para llevarla a cabo el pasado 10 de junio pero, una vez superada esa fecha --el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la exhumación-- ahora tiene que volver a ponerlo en marcha.

Además, ha reconocido que hay que esperar a la petición de aclaración de la sentencia del Tribunal Supremo que ha presentado la familia Franco, para lo cual se reúne la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal el próximo martes.

La portavoz no se ha pronunciado, no obstante, sobre la causa aún abierta por el juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty, que mantiene paralizada la licencia de obras.

Para solventar los trámites pendientes, la Abogacía del Estado ha remitido al Supremo un escrito en el que le pide que levante la suspensión cautelar de la exhumación acordada en junio y también se ha dirigido al juez Yusty para que acuerde la "terminación" de su procedimiento, una vez que el Supremo ha "confirmado la legalidad de las operaciones necesarias para extraer los restos mortales del sepulcro".

ENTREGAS A CUENTA A LAS CCAA

De otro lado, el Gobierno "continúa trabajando en la fórmula legal" que le permita, pese a estar en funciones, actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica antes de las elecciones del próximo 10 de noviembre, ha admitido la portavoz del Ejecutivo.

"El Gobierno continúa trabajando en la fórmula legal para hacerlo, si bien es confianza de todos que esto pueda ocurrir antes del 10 de noviembre", ha señalado la titular de Educación y Formación Profesional.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se comprometió el miércoles pasado en un mitin de precampaña en Valencia a que su Gobierno pagará la actualización de las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre, un anuncio tildado ya de "electoralista" por los barones autonómicos del PP.

Hasta hace bien poco, el Gobierno venía esgrimiendo, escudándose en un informe de la Abogacía del Estado, que la actualización de las entregas a cuenta sin unos Presupuestos nuevos estaba condicionada a que hubiera un Gobierno en plenas funciones.

Con la confirmación de la repetición electoral, el Ejecutivo comenzó a sostener que estaba buscando la manera de poder liberar este dinero a las CCAA. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que el dinero se entregará antes de fin de año, si bien el presidente fue tajante el miércoles al subrayar que efectivamente se pagará antes del 10N.

Las comunidades estimaban en sus presupuestos para el año 2019 unos ingresos superiores en casi 7.756 millones de euros a los ingresos no financieros de cierre de 2018. Sin embargo, como los PGE de 2019 finalmente no han visto la luz, las CCAA recibirían unos 4.739 millones de euros menos de entregas a cuenta y liquidación en 2019 respecto a lo presupuestado.

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