El Gobierno, los partidos políticos y las comunidades autónomas han seguido este lunes enzarzados por el pin parental defendido por Vox y establecido, de momento, solo en Murcia, región a la que el Ministerio de Educación ha dado un mes para que lo retire antes de acudir a los tribunales.
La polémica ha crecido este lunes, después de que Victoria Rosell -propuesta para delegada del Gobierno para la Violencia de Género- ironizara con la posibilidad de aplicar en Murcia el artículo 155 para impedir que se implante el pin parental.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha considerado una "barbaridad" tanto el requerimiento de Educación como que se pueda plantear aplicar el artículo 155 en caso de desobedecerlo.
Para López Miras, es una "frivolidad" hablar de desobediencia en este asunto con la situación actual en Cataluña, al tiempo que ha afirmado que los servicios jurídicos estudian la figura legal que respalde la implantación de este permiso.
También el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado en un tuit que "para Pedro Sánchez es más grave ser murciano que ser condenado por desobediencia o estar encarcelado por intentar un golpe al Estado".
El ministerio de Educación envió el pasado viernes un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retire las dos instrucciones de comienzo del curso 2019-20 para Infantil y Primaria, y Secundaria y Bachillerato para implantar este pin parental.
El departamento que dirige Isabel Celaá considera que el pin parental es "una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley" educativa y vulnera el derecho fundamental a la educación y diversos tratados internacionales ratificados por España.
Celaá ha fijado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" por el que los padres tienen que autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres extraescolares sobre asuntos como la diversidad sexual.
Además, Celaá ha dicho que es "una sorpresa que la dirección del PP siga de manera automática y acrítica el discurso de Vox" a la vez que ha añadido que "no parece que este sea el caso de Ciudadanos".
También desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, que "no se deje arrastrar por la ultra derecha" y no "arremeta" contra la educación pública.
Vox, que llevaba en su programa electoral este pin parental y que, además de para la formación del gobierno murciano, lo quiere imponer en Madrid y Andalucía para apoyar sus presupuestos, ha presentado este lunes una iniciativa en las Cortes Valencianas para que se instaure la medida en los centro educativos de la Comunidad.
Por su parte, el PSOE ha presentado en el parlamento valenciano una proposición no de ley (PNL) en la que se rechaza el pin parental y se insta al Gobierno de España a reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en derechos e igualdad en los centros educativos.
El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido al debate sobre si los hijos "pertenecen" a los padres o no y ha comentado que "Es evidente que (los hijos) no son de los padres", aunque ha matizado que "tampoco son del Estado, ni del PSOE, ni de Podemos".
En la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Ossorio (PP), ha rechazado la implantación del pin parental y ha firmado que no ha recibido quejas oficiales por charlas extracurriculares impartidas en la región.
Desde Ciudadanos, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha dicho que la "polémica" es "ficticia" y creada por PSOE y Vox para "polarizar" y se ha cuestionado qué pasaría si se pone en marcha y "una familia de islamistas radicales" quieren sacar a sus hijos de determinadas enseñanzas.
En Andalucía, el consejero de Educación, Javier Imbroda, se ha mostrado contrario a aplicar el pin parental porque la norma ya "da cobijo" a que los padres puedan decidir.
A pesar de estas declaraciones, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha asegurado que PP y Ciudadanos se han comprometido a aplicar el pin parental en Andalucía y a realizar las modificaciones normativas que sean "necesarias".
Dentro del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, ha pedido "sosiego", tras advertir de que no participará en la idea de "politizar la educación".
Su compañero de partido y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado la posibilidad de aplicarlo en esta Comunidad ya que no considera que deban "entrar en la libertad de explicación, de cátedra, de los profesores".
Otras nueve comunidades también se han pronunciado al respecto, en este caso las gobernadas por el PSOE: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Valencia-, que han suscrito un texto contra el veto parental bajo el título "Educar en libertad y para la libertad".
El pin parental ha provocado la convocatoria, desde el Sindicato de Estudiantes y la asociación Libres y Combativas, de una huelga general "estudiantil, feminista, antifascista y antirracista" para el próximo 6 de marzo con el fin de frenar "la ofensiva de la extrema derecha" al querer imponer el pin parental en los centros educativos.
