La aprobación en el Senado de una enmienda que corrige una vocal en la ley del solo sí es sí obliga a que la iniciativa regrese al Congreso para concluir su tramitación, un retraso que ha pillado por sorpresa al Gobierno y a la propia Cámara Alta.
Los distintos grupos habían registrado alrededor de 150 enmiendas y todos asumían que ninguna iba a ser aceptada por los grupos de la coalición de gobierno, que aspiraba a que la ley, que acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual y regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales, fuera aprobada de forma definitiva este martes.
Pero el apoyo del PP, que se opone a la ley, a una enmienda presentada por JxCat al preámbulo de la norma ha propiciado su aprobación -130 votos a favor, 122 en contra y 17 abstenciones- y ha desbaratado los planes del Ministerio de Igualdad.
La enmienda se limita a cambiar una letra en el preámbulo de la norma; se habla de la necesidad de detectar "los casos de abortos y esterilizaciones forzosas" y se corrige por "forzosos".
Fuentes del JxCat han confirmado su sorpresa al ver aprobada su enmienda, ya que no esperaban recibir apoyos.
En aplicación del artículo 90 de la Constitución, el presidente de la Cámara, Ander Gil, ha anunciado la remisión de la enmienda al Congreso para que la ley pueda ser sancionada por el rey y entrar en vigor.
"La ministra Irene Montero ha venido hoy al Senado para hacer su gran intervención final en el día de la aprobación definitiva de su ley del solo sí es sí. Pues la ley no se ha aprobado. Se devuelve al Congreso. Enhorabuena, Irene …", se ha mofado en su cuenta de Twitter el portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, mientras el grupo socialista analizaba lo ocurrido con los letrados de la cámara.
Como la mayoría del Senado, Montero daba por hecho la aprobación de la ley cuando ha subido a la tribuna del hemiciclo y ha elogiado una ley gracias a la cual, ha dicho, el futuro de las mujeres "será mucho más libre que nuestro pasado".
"Hoy vamos a dar un paso decisivo para responder a la deuda histórica que tenemos con Nagore Laffage y su familia, con las jóvenes de Alcàsser, las víctimas de La Manada y de Manresa, con Laura Luelmo y con todas las que han sido agredidas sexualmente", ha subrayado la ministra.
Con la aprobación de la ley -ha destacado- se garantizará una asistencia integral a las víctimas.
Las violaciones, las agresiones sexuales, el acoso sexual en el trabajo o la vía pública, y la trata con fines de explotación sexual serán vulneraciones de los derechos fundamentales de las mujeres y serán también violencias machistas, por lo que sus víctimas tendrán derecho a acceder a todos los mecanismos de atención y reparación.
El consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".
El PP y Vox han defendido en el pleno sendos vetos a la norma, rechazados por amplia mayoría, al considerar que carece de seguridad jurídica y viola derechos fundamentales.
La senadora del PP María Adelaida Pedrosa, que ha calificado el texto de "disparate", ha denunciado que la ley instrumentaliza el dolor de las víctimas, no mejora su protección y "se carga uno de los pilares fundamentales del estado de derecho, como es la presunción de inocencia".
Frente a esa posición, la socialista Donelia Roldán ha asegurado que la ley viene a subsanar "una de las grandes miserias del ser humano", como es la violencia contra las mujeres, aunque ha reconocido que al PSOE les habría gustado incluir "la agresión sexual mas antigua del mundo, la esclavitud sexual, la prostitución que sufren muchas mujeres en nuestro país".
LEY DE LA CIENCIA
Por otra parte, el pleno del Senado tampoco ha podido aprobar de forma definitiva el proyecto de reforma de la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, debido a que se ha aprobado una de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular, con los votos a favor de ERC, Junts, PNV, UPN y Vox.
A pesar de ello, la ley de la Ciencia ha sido aprobada en el Senado por una amplia mayoría, con 236 votos a favor, 2 en contra (PSOE y ERC, probablemente debido a un error en la votación) y 16 abstenciones. Ahora, el Congreso de los Diputados deberá pronunciarse sobre la enmienda aprobada en la Cámara Alta.
En concreto, la enmienda aprobada a la ley de la Ciencia registrada por los populares ha sido la número 76, que insta a la supresión de la disposición adicional décima de la ley, que hace referencia a los contratos que se encuentren asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos, así como para contratos necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación dependa de fondos europeos no competitivos.
El Grupo Parlamentario Popular justifica, en su enmienda presentada en el Senado, que hay que "equiparar la contratación evitando la discriminación en base al origen de los mismos, siempre que los fondos sean europeos".
En total, se habían presentado 141 enmiendas, de las que solo se ha aprobado la mencionada.
En el Congreso de los Diputados, la ley fue aprobada el pasado 23 de junio por 279 votos a favor (PSOE, Podemos, PP, ERC y Cs) y 59 abstenciones (Vox, PNV, Junts, BNG y CUP).
Entre otras medidas, el texto garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretaría en un año tras la entrada en vigor de la ley.
La futura ley recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema". Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista", interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.
Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como "investigador establecido", que además conllevará mejoras salariales.
Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.
