Las incógnitas que rodean el encuentro que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas han avivado las críticas de la oposición, ya que PP y Ciudadanos han pedido una comisión de investigación sobre este caso.
Desde el Gobierno y el PSOE se ha insistido este lunes en que el ministro no incumplió ninguna norma porque, según han explicado fuentes de Interior, la "número dos" de Nicolás Maduro no entró en territorio español ni transitó por él, algo que tiene prohibido por estar sancionada por la UE.
Fuentes de Interior han precisado a Efe que la Policía Nacional actuó como hace habitualmente ante la llegada de personas sobre las que pesa una alerta de Interpol, una sanción comunitaria o que carecen de visado para entrar en territorio europeo.
"Se garantizó que no entrase ni transitase por España", han subrayado las fuentes.
Según el artículo 6 de la decisión adoptada en 2017 por el Consejo Europeo ante el "continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos en Venezuela", los Estados miembros de la UE deben adoptar "las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él" las personas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos.
El nombre de Delcy Rodríguez fue incluido en una lista de sancionados, junto con el de otros altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro, por "menoscabar la democracia en Venezuela" y usurpar competencias de la Asamblea Nacional y utilizarlas para atacar a la oposición.
Pero transitar, según Interior, es entrar en el país y Rodríguez no lo hizo.
Fuentes policiales consultadas por Efe han explicado que la vicepresidenta venezolana bajó del avión y, mientras esperaba a coger otro vuelo porque su destino final era Turquía, aguardó en una sala ejecutiva o VIP del aeropuerto.
De acuerdo con las fuentes consultadas, esta sala, al igual que otras dependencias del aeropuerto como la sala de inadmitidos o la de peticionarios de asilo no son territorio español.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado de forma tajante que exista una "crisis" por la polémica creada en torno a este asunto y ha acusado al PP de utilizar las instituciones contra el Gobierno.
"No ha habido ninguna crisis", ha zanjado la vicepresidenta a los periodistas a su llegada a la sede del PSOE para asistir a la reunión de la Ejecutiva del partido.
Desde allí, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha trasladado hoy el "pleno respaldo" de la dirección socialista a "la mediación" del ministro con Venezuela y a "cómo intentó resolver la situación" en Barajas.
En rueda de prensa, Narbona se ha remitido a la "exhaustiva entrevista" que Ábalos concedió anoche a La Sexta y ha insistido en que su propósito fue evitar que Rodríguez incumpliera el marco de sanciones al que España está comprometida.
La dirigente socialista también ha pedido a las formaciones de la derecha que "dejen de construir agendas ficticias" y les ha solicitado lealtad sobre cuestiones de política de Estado en el ámbito internacional.
Sin embargo, su versión parece no haber convencido a la oposición, desde la que el PP y Ciudadanos ya han registrado una solicitud para crear y desarrollar durante seis meses una comisión de investigación en el Congreso.
La Mesa del Congreso puede analizar mañana mismo esta iniciativa, que puede solicitar el Gobierno, la propia Mesa, dos grupos parlamentarios, como ocurre en este caso, o una quinta parte de los diputados.
En su solicitud, PP y Cs detallan que el objetivo será "investigar, y en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas en relación con las decisiones adoptadas por el Gobierno español para el estricto cumplimiento de las sanciones" de la UE acerca de una serie de mandatarios venezolanos.
El plazo que fijan para ello los dos grupos es de seis meses, tras los cuales la comisión elevará un dictamen con conclusiones con el fin de que lo apruebe o rechace el pleno.
Al margen de la comisión de investigación, el PP pedirá las comparecencias en la cámara baja de Ábalos y de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Exteriores, Arancha González Laya, para que detallen su versión de lo ocurrido.
También ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo (PE) para conocer si se ha vulnerado la decisión de la UE de impedir la entrada de miembros del Gobierno de Nicolás Maduro y qué medidas tiene previsto aplicar para que no vuelva a repetirse la situación "ni en España ni en ningún otro lugar".
El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha destacado en rueda de prensa que "el caso Ábalos ha pasado a ser ya el caso Sánchez" y "no es solo la historia de un desastre diplomático, sino también la historia de las mentiras de un gobierno", con implicaciones en los ministerios de Exteriores, Interior y Transportes.
"Ha quedado claro que quien preside el Gobierno no es Sánchez, sino Podemos", según el dirigente popular, quien se ha preguntado qué le deben al "tirano" Nicolás Maduro para no recibir al presidente "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, y sí a Delcy Rodríguez con tratamiento de "jefa de Estado".
Ciudadanos esperará a escuchar en el Congreso la versión de Ábalos y confirmar si ha mentido o no antes de pedir su dimisión, ha afirmado la portavoz de la gestora de Cs, Melisa Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido.
