El Consejo de Ministros ha iniciado el trámite para desarrollar el funcionamiento de los planes de pensiones de empleo, simplificando su acceso para popularizarlos entre pymes, autónomos y funcionarios, y mejorando su fiscalidad.
Según ha explicado este martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo, que se espera pueda comenzar su tramitación parlamentaria en enero para estar en vigor antes de que acabe el primer semestre de 2022.
Como parte de esta ley, se crearán fondos de empleos de impulso público, facilitando el acceso a los mismos a pymes, autónomos, empleados públicos y trabajadores de rentas bajas.
"Serán planes colectivos más baratos activados desde la negociación colectiva", ha subrayado el ministro que ha afirmado que los actuales "son caros" y para "rentas altas y muy altas".
Así, Escrivá ha explicado que se propiciará la competencia al seleccionar a las gestoras depositarias de estos planes mediante concurso público para garantizar así "unas comisiones muy bajas", tendrá una política de inversión financieramente sostenible y responsable y una comisión de control y seguimiento.
Para promover la suscripción de estos planes de empleo, la norma reforzará su acceso en la negociación colectiva, de forma que cuando se pacte en un convenio sectorial se abrirá a todas las empresas del sector.
Se pretende también simplificar su acceso con un sólo trámite frente a los siete actuales y mediante una plataforma digital común, al tiempo que abaratarlos, tratando de que comisiones, coste y producto "sean asequibles, frente a los planes individuales que son muy caros".
Asimismo se fomentará la promoción de planes por asociaciones de autónomos y colegios profesionales.
La reforma, apoyada en esos menores costes al ser planes de mayor volumen que los individuales, se acompañará de una modificación de los incentivos fiscales, de forma que se traslade el beneficio fiscal hacia estos modelos.
En este punto, Escrivá ha recordado que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se incrementa aún más el límite de aportaciones a los planes de empleo, hasta 10.000 euros anuales, al tiempo que se reduce el de los planes individuales, hasta 1.500 euros.
El objetivo es continuar con un tratamiento fiscal ventajoso a los planes de empleo para favorecer estos productos, así como extenderlo a los autónomos, que podrán beneficiarse de las deducciones fiscales de ambos hasta un límite de 5.750 euros.
Escrivá ha explicado que en toda España solo tienen estos planes de empleo 1 de cada 10 trabajadores, mientras que en País Vasco son 1 de cada 2 y en otros países, 1 de cada 3, lo que demuestra el "potencial extraordinario de un producto que no ha llegado a casi nadie".
Este anteproyecto de ley de planes de pensiones se enmarca en la reforma de pensiones que está llevando a cabo el Gobierno y es uno de los asuntos que están encima de la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, quienes podrán realizar también aportaciones en el trámite de audiencia pública que ahora comienza.
SEIS CLAVES DE LOS NUEVOS PLANES
El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que regulará los planes de pensiones de empleo con el objetivo de impulsar desde el ámbito público los planes colectivos que las empresas suscriben para sus trabajadores y que hasta el momento han tenido un desarrollo muy escaso en España.
Desde 1987 está regulados los planes de pensiones, pero mientras los planes individuales han acumulado un patrimonio superior a los 80.000 millones de euros, los colectivos suman unos 35.000 millones con solo dos millones de partícipes, lo que supone uno de cada 10 trabajadores.
Estas son las claves de una reforma que pasa a fase consultiva y tiene que estar aprobada y en vigor antes del 30 de junio de 2022.
1. TODO EMPIEZA EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
EL Gobierno fía la extensión de los planes de pensiones de empleo a la negociación colectiva sectorial, en la que se tendrá que apostar por los planes de pensiones colectivos como parte de las condiciones salariales de los trabajadores.
La ley habilita expresamente a patronal y sindicatos para decidir si todas las empresas de un sector deberán adscribirse al plan de empleo acordado en convenio.
2. EL PROCEDIMIENTO PARA CREAR EL PLAN DE EMPLEO SE SIMPLIFICA Y ES IMPULSADO DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Una vez acordado en convenio, el Estado diseña el plan de empleo sectorial al que las empresas solo tienen que adscribirse, lo que supone el elemento más novedoso de la ley.
El procedimiento simplificado ahorra burocracia a las empresas, que no tendrán que hacer nada para poner en marcha los planes colectivos, ya que serán creados desde la Administración y después serán licitados para su gestión y depósito entre las entidades privadas que se presenten al concurso correspondiente conforme a lo establecido en la ley de contratos del sector público.
Los autónomos también podrán beneficiarse de los planes de empleo de promoción publica previa adscripción de asociaciones de autónomos o colegios profesionales.
3. GOBERNANZA DE LOS PLANES DE PENSIONES
Una comisión promotora -con cinco miembros del Ministerio de Inclusión, uno de Hacienda, otro de Economía, otro de Trabajo y uno más de Transición Ecológica- será la encargada del diseño y puesta en marcha de los fondos de pensiones y de seleccionar a las gestoras y depositarias de su patrimonio.
Una comisión de control -con nueve miembros designados por la Administración Pública, 4 por las organizaciones sindicales y otros cuatro por las organizaciones empresariales- supervisará la gestión de todos los fondos y vigilará la calidad del servicio.
4. PLATAFORMA DIGITAL COMÚN
Una plataforma digital común aunará todos los planes, simplificando los trámites, facilitando el acceso a la información a los partícipes de los planes y favoreciendo la portabilidad entre los planes de pensiones.
5. COMISIONES MÁS COMPETITIVAS
Las comisiones máximas a aplicar a los planes de empleo colectivo serán establecidas en los pliegos del concurso con el objetivo de que estén muy por debajo de las que tienen los planes individuales.
Según los cálculos de la Seguridad Social un plan individual al que se aporten durante 35 años 1.000 euros anuales con una comisión del 1,04 % y una rentabilidad estimada del 3 % alcanzaría un valor final de 50.596 euros.
Con las mismas condiciones un plan de empleo colectivo con una comisión del 0,21 % acumularía un valor final de 59.680 euros, lo que supone 9.084 euros de diferencia que suponen un incremento del 18 % respecto al plan individual.
6. FISCALIDAD MÁS VENTAJOSA
Se pasa del mismo tratamiento fiscal para planea individuales y colectivos a un planteamiento más ventajoso para estos últimos, con el objetivo de propiciar el trasvase del ahorro de unos a otros.
Conforme a lo establecido en los Presupuestos de 2022 la reducción en el IRPF de las aportaciones a los planes individuales se limita a un máximo anual de 1.500 euros, mientras que se eleva a 4.250 euros la reducción por aportaciones del trabajador a un plan colectivo, siempre que la empresa aporte otros 4.250 euros al plan de ese empleado.
Fuentes de la Seguridad Social han asegurado que podría haber margen para incluir en la norma incentivos a las empresas que adopten estos planes de empleo de promoción pública, un asunto en el que se trabaja en el ámbito del diálogo social después de que la patronal lo haya sugerido.
