Unidas Podemos y PSOE han cerrado un acuerdo definitivo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', que sacará del articulado del texto las referencias a las 'devoluciones en caliente' de migrantes.
También se establece que no serán sancionables las manifestaciones no comunicadas que no generen violencia o desórdenes públicos, así como la toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales, siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los funcionarios.
Junto a ello, se reducirán las multas que se consideran excesivas y se aplicarán criterios de proporcionalidad, ajustadas a la capacidad de ingresos de los sancionados, así como a su edad, en el caso de personas menores de edad.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el diputado del grupo confederal y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, para explicar que los socios de coalición cerraron ayer el marco definitivo de las enmiendas que, de forma conjunta, presentarán a la proposición de ley que impulsa el PNV.
El pacto entre PSOE y Unidas Podemos pauta que se omitirá de la Ley Mordaza toda referencia a los asuntos de extranjerías, como es el caso de las devoluciones en caliente y se remiten a abordar este asunto dentro de la normativa específica en la materia, como es el caso de la Ley de Extranjería. Para esa negociación ulterior, se establecerá que cualquier disposición siempre conforme a los establecido en los convenios internacionales suscritos" por España.
Fuentes del grupo confederal han señalado que esta fórmula de remitirse a otra legislación ha facilitado el consenso para suprimir de esta norma la mención a las devoluciones en caliente, algo que no figuraba en el pacto que ya lograron en 2018 y que el Ministerio del Interior niega que se haya producido en los últimos tres años.
De esta forma, se concilia la postura de las dos formaciones con el compromiso, por un lado, de mencionar expresamente el respeto a los convenios internacionales en la ulterior reforma de la legislación de extranjería y tener en cuenta el fallo del año pasado del Tribunal Constitucional, que determinó dentro del marco disputado en la Carta Magna la práctica de retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla, siempre que se respeten las garantías legales.
Santiago, que ha liderado las negociaciones por parte de Unidas Podemos sobre los cambios en dicha Ley, ha destacado el impulso que supondrá esta derogación, que forma parte del acuerdo de gobierno de coalición, y que "recupera" el "pleno derecho" a la reunión y manifestación, como corresponde a un Estado democrático.
UNA DEROGACIÓN QUE LLEVABA PENDIENTE MÁS DE UN AÑO
Ahora, con esta postura unificada, las formaciones que componen el Gobierno de coalición trabajarán con el PNV para culminar la derogación de esta normativa, que data desde 2015, y que llevaba pendiente más de un año.
Mientras, en las filas socialistas han destacado avances importantes a la hora de desmontar esta ley durante esta semana pero se han mostrado más prudentes a la hora de hablar de acuerdo total, máxime cuando también hay otros grupos parlamentarios concernidos para que salga adelante, como es el PNV.
El pasado 17 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó en la clausura del 40º Congreso Federal del PSOE la intención del Gobierno de "poner fin" a la 'Ley Mordaza'.
Precisamente, PSOE y Unidas Podemos acordaron extender hasta el 10 de noviembre el plazo para presentar enmiendas de cara a sellar el acuerdo. Con ello, Santiago ha confiado en que a partir de esa fecha arranque la ponencia parlamentaria para modificar el texto.
Específicamente, deberán comunicarse las manifestaciones de eventos previstos y previsibles (como, por ejemplo, la manifestación del 1 de mayo) mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez (como pudo pasar, por ejemplo, con la manifestación por sentencia de 'La Manada') y solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. Además, la no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles será sancionada como falta leve.
En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos y ciudadanas, deberá contar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo comprobaciones en la vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la "debida garantía de protección de la intimidad".
LIMITACIÓN DE LOS TRASLADOS
También se ha acordado, según ha relatado Unidas Podemos, que el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente "alegada y verificable", y se tratará de una situación "excepcional". Una vez concluida la persona identificada deberá ser "devuelta" al lugar desde donde fue la conducida a la diligencia de identificación si esta se hubiera realizado en otra localidad.
Santiago ha desglosado que, en atención a las reclamaciones de medios de comunicación, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Las grabaciones de las intervenciones policías con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.
Respecto a la cuantía económica de las multas, los socios de coalición han pactado reducir aquellas sanciones que resulten excesivas y aplicar criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica. De esta manera, se hará un cálculo de progresividad y proporcionalidad para reducir la sanción atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada.
El también dirigente de IU ha explicado que se evitará de esta forma casos que han padecido pensionistas que fueron sancionados durante protestas para reclamar mejora de sus prestaciones y que, en ocasiones, ascendían al importe mensual que percibían durante todo un mes.
REIVINDICACIONES DE LOS COLECTIVOS NATURISTAS
A su vez, las sanciones serán de índole restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida. Por ello, se propondrá en los expedientes la resocialización por encima de la sanción y así eliminar la limitación actual para poder sustituir multas a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez.
Finalmente, se incorporan a su vez los animales como sujetos de protección y se recogen las peticiones de la Federación Española de Naturismo, para que esta práctica quede preservada.
Tras este acuerdo, fuentes del espacio confederal esperan también avances en la proposición de ley para despenalizar los delitos de opinión, dado que tras una fase centrada en la parcela social el Ejecutivo de coalición debe también potenciar los avances en la agenda democrática pactada durante el segundo tramo de legislatura.
LA NORMATIVA DE DEVOLUCIONES NO CAMBIARÁ
Por otra parte, aunque la regulación de las devoluciones en frontera desaparecerá de la Ley de Seguridad Ciudadana, la normativa sobre esta práctica no cambiará, ni supone una prohibición, hasta que no se reforme la Ley de Extranjería.
La polémica por esta medida comenzó con su tramitación en las Cortes, en 2014, tras incluir el PP al texto de la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de una enmienda, una disposición adicional para reformar la Ley de Extranjería (LEX) relativo a esta materia.
"Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España", recogía esta enmienda que, finalmente, se aprobó con el único voto a favor del PP, el partido en el Gobierno en ese momento.
La aprobación de esta Ley supuso, así, el cambio en la LEX que pasó a recoger también este texto que sigue vigente en la actualidad.
Que los grupos que sustentan el Gobierno hayan alcanzado un acuerdo para suprimir de la Ley Mordaza la mención a las devoluciones en caliente, no implica que esta normativa desaparezca de la legislación española, ya que no se trata de una derogación.
De hecho, las mismas fuentes moradas, explican que PSOE y Podemos se remiten, tras el acuerdo, a abordar este asunto dentro de la normativa específica en la materia, como es el caso de la Ley de Extranjería.
Para esa negociación ulterior, según apuntan, se establecerá que cualquier disposición siempre conforme a los establecido en los convenios internacionales suscritos por España.
Hasta que eso no se produzca, las prácticas en esta materia se mantendrán igual que ahora. En este sentido, fuentes de Interior han explicado a Europa Press que su forma de trabajar en frontera no cambia porque siempre actúan dentro del marco legal.
POLICÍAS RECHAZAN QUE SE DIFUNDA SU IMAGEN
Por su parte, el sindicato JUPOL ha mostrado su "más profundo descontento" por el "despropósito inadmisible" que supondrá la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, al eliminar del ordenamiento jurídico la prohibición de difundir imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización previa.
En un comunicado, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional ha rechazado el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para derogar esta ley, ya que entienden que la norma es una "salvaguarda para el derecho a la intimidad de los miembros de las FFCCSE y una medida para garantizar la integridad física de los agentes y de sus familias".
JUPOL se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que "de una vez por todas" actúe como el máximo responsable de todos los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y que muestre con contundencia el apoyo a estas instituciones, defendiéndolas de los "ataques constantes que se vienen repitiendo desde el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos".
El portavoz nacional de JUPOL, Pablo Pérez, ha explicado que la eliminación de esta medida supone "una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones". Supone, además, "un grave riesgo para la integridad física de los agentes de la Policía Nacional y de sus familias, más aún teniendo en cuenta que en los últimos años no dejan de incrementarse las agresiones contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Desde la organización sindical se ha denunciado que en los últimos tiempos "toda actividad policial está siendo considerada siempre con una presunción de culpabilidad y con la sombra de la duda por parte de ciertos sectores de la sociedad".
"Una situación que genera un clima constante de inseguridad jurídica e incluso puede llevar a una inseguridad operativa dentro de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", alertan.
Por estos motivos, desde JUPOL se insta tanto al Gobierno como a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a que mantengan dentro de la Ley la prohibición de difundir imágenes de los agentes de las FFCCSE sin autorización.
