El Gobierno regional ha presentado más de un centenar de alegaciones a los Planes Especiales de Sequía (PES) de las principales cuencas hidrográficas que discurren en Castilla-La Mancha, en concreto para las demarcaciones del Tajo, Guadiana, Júcar, Segura y Guadalquivir.
Según ha explicado en una nota la consejera de Fomento, Agustina García Élez, estas alegaciones se justifican en que los planes expuestos ignoran la prioridad de las cuencas cedentes sobre las receptoras en demarcaciones hidrográficas como el Tajo, el Segura o el Júcar.
Además pretenden esquivar las exigencias que establece la Directiva Marco del Agua (DMA), mezclando las situaciones de sequía con las de escasez, con el fin de saltarse las restricciones que impone frente al deterioro de las masas de agua, y también adolecen de falta de rigor en el estudio de las implicaciones socioeconómicas y ambientales de los fenómenos de sequía prolongada".
Pero es que además, ha añadido, "obvian los datos de precipitación de los últimos años hidrológicos, mucho peores que los de la serie histórica que se ha tomado en consideración, lo que invalida los resultados obtenidos; desprecian el efecto del cambio climático en la disminución de precipitaciones y aportaciones; y carecen de presupuesto, sin el cual muchas de las medidas propuestas se quedan en meramente virtuales y ninguna utilidad práctica".
García Élez ha indicado que, en general los Planes de Sequía, entendidos como la Directiva Marco del Agua define este fenómeno, son para actuaciones derivadas de fenómenos naturales, como la falta de precipitación.
Y en su lugar, ha señalado, "estos planes se convierten en planes de escasez, en los que la mala gestión de la acción humana y no por un fenómeno natural, es lo que produce mayor deterioro en las masas de agua, cuando la legislación exige que este deterioro se deba exclusivamente a causas naturales".
Asimismo los planes están basados en datos históricos de aportaciones en cuanto a precipitaciones desde 1980 a 2012, por lo que desde la Agencia del Agua se ha solicitado que se incluyan los siguientes seis años, en particular el año hidrológico 2016/2017 y los meses secos entre octubre de 2017 y febrero de 2018.
Y ha hecho hincapié en que, en numerosos sistemas de explotación, como el Tajo en cabecera, Tajuña y Alberche, se han producido aportaciones muy inferiores a los mínimos históricos de la serie considerada".
También ha señalado, que aunque se cita el cambio climático, no se adopta ninguna reducción a futuro en la estimación de precipitaciones, "incumpliendo la normativa que lo exige".
García Élez ha indicado que en un escenario como el actual, "donde se hace patente cada día la realidad del cambio climático y sus dramáticas consecuencias, estos Planes cobran especial trascendencia, por lo que su elaboración debe realizarse con el máximo rigor y contar desde el principio con la participación de todos los agentes sociales y económicos implicados, así como de las administraciones afectadas".
En lo referente a la demarcación del Tajo, ha dicho que se ha solicitado que el trasvase no sea la causa de ninguna restricción a los usos de esta cuenca y que ni siquiera se deberían plantear restricciones en los sistemas que tengan asignaciones, posibilidad o conexión de abastecerse desde la cabecera del Tajo "y en este PES se plantean esas restricciones", ha criticado.
Asimismo, el plan plantea una unidad territorial que se denomina 'trasvase', "para servir exclusivamente a la cuenca del Segura", una maniobra, según García Élez, que "pretende permitir que los regantes del Segura puedan seguir obteniendo ayudas del Estado por la sequía en la cabecera del Tajo".
A esto ha añadido que "la escasez de recursos en cabecera viene provocada por la gestión irracional de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que permiten que en estado de prealerta se realicen trasvases superiores en un 50 por ciento al trasvase medio".
Y ha destacado la necesidad de que, en el PES, se planifique con detalle una gestión de cuenca sin trasvase Tajo-Segura, teniendo en cuenta los recursos provenientes de la desalación.
En el caso del Guadiana, la titular regional de Fomento ha considerado que no se diagnostican correctamente las situaciones de sequía.
Así, a su juicio, el Plan no justifica adecuadamente la satisfacción de las demandas medioambientales, ni valora la situación de los espacios de la Red Natura 2000 durante la sequía, por lo que se han planteado consideraciones para cada demarcación hidrográfica que ahondan en la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la protección de los espacios naturales, con especial atención a la Red Natura.
En este ámbito, se ha pedido al Ministerio que la supervivencia de espacios naturales tan importantes como el Parque Nacional de la Tablas de Daimiel, "esté garantizada en todo momento y se haga un seguimiento específico de su situación".
Y también se ha pedido que se estudie detalladamente el impacto socioeconómico que supone la sequía para la región, en concreto las repercusiones para las explotaciones de agricultores profesionales.
En cuanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la hora de gestionar las situaciones de sequía, el plan mantiene intactas las condiciones del convenio de Alarcón, "lo que supone un importante perjuicio para los abastecimientos y usos agrarios de la región".
Para la consejera, "es especialmente injusto el tratamiento que se propone para el abastecimiento de una ciudad tan importante como Albacete, donde los recursos superficiales de mayor calidad son restringidos hasta el cien por cien, obligando al empleo de pozos de agua subterránea, con menores garantías de calidad y más costosos económicamente".
García Élez se ha referido a otro aspecto de gran trascendencia dentro de estos planes a la hora de afrontar los incendios forestales, que se ven agravados en situaciones de sequía, por lo que la Junta ha propuesto que se mantenga un llenado mínimo en determinados embalses que permita servir a los medios aéreos de extinción de incendios forestales.
Por otra parte, la titular regional de Fomento ha manifestado que existen fallos en la tramitación, así como errores de forma y de fondo que afectan tanto al proceso de participación seguido, como al contenido de los documentos, "que invalidan los Planes sometidos a consulta y participación públicas por parte del Ministerio".
Para concluir, la consejera ha recordado que estas alegaciones se unen a las presentadas hace un mes en relación con los documentos ambientales de estos mismos planes y a las también presentadas en relación con las modificaciones del Reglamento y de la Instrucción de Planificación Hidrológica.
QUE NO SE TRASVASE CON MENOS DE 510 HM3
Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha remitirá este martes una carta a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura para pedir que no se aprueben derivaciones por debajo de los 510 hectómetros cúbicos en cabecera, para garantizar derechos de la cuenca cedente.
La consejera de Fomento castellano-manchega ha informado de que este mismo martes remitirá dicha carta, toda vez que este lunes Tejerina informó de que el 3 de abril se reunirá la comisión de explotación del trasvase y que previsiblemente se aprobará una derivación de agua, puesto que Entrepeñas y Buendía han superado el umbral mínimo trasvasable, 400 hectómetros cúbicos entre ambos.
En la misiva, el Gobierno regional solicitará al Ministerio de Agricultura que haga "una revisión al alza" del límite de las existencias en los embalses de cabecera no trasvasable, ya que ha considerado que con el actual límite de 400 hectómetros cúbicos "no se garantiza ni los derechos de la cuenca cedente, ni se garantiza el crecimiento y desarrollo de los pueblos ribereños".
Además, ha alertado de que el abastecimiento de los municipios ribereños puede verse en peligro de cara al verano.
García Élez ha explicado que el umbral mínimo de los 400 hectómetros cúbicos puede revisarse al alza, según recoge el Plan Hidrológico Nacional, para que se garantice en todo caso el carácter preferente de la cuenca cedente y teniendo en cuenta que se fijó con las aportaciones históricas de la serie 1980-2012, que hasta ese momento eran de 360,9 hectómetros cúbicos al año y que, con los recientes datos hidrológicos, invalidan esa garantía.
Según los datos de la Confederación del Tajo aportados por la consejera de Fomento, las últimas aportaciones interanuales en la cabecera han sido de 250,692 hectómetros cúbicos, es decir, un 30,5 por ciento inferiores a las mínimas de la serie histórica considerada, y por tanto una diferencia de 110 hectómetros cúbicos.
Además, ha indicado que el nivel conjunto de Entrepeñas-Buendía al inicio de abril de 2018 se situará en el nivel 3 (situaciones hidrológicas excepcionales), por lo que ha solicitado que no se realice trasvase alguno por debajo del nivel de 510 hectómetros cúbicos, para garantizar el principio de prioridad de la cuenca cedente.
"Lo que no es de recibo es que la propia ministra reconozca en Alicante que la desaladora de Torrevieja ha salvado a los regantes y al Levante de la sequía", ha dicho García Élez, en alusión a la visita que ayer realizó García Tejerina a esta desaladora.
Por tanto, ha añadido, "si esa es la alternativa y la vía por donde se garantiza el desarrollo del Levante español, lo que tiene que hacer la ministra y el Gobierno es apoyar este tipo de infraestructuras".
Así, ha recalcado que el Gobierno castellano-manchego no pondrá impedimentos en que se ayude a la construcción de desaladoras pero ha exigido que "estén al cien por cien y que no trabajen a demanda, porque allí sí que hay esa materia prima, cosa que aquí no", ha concluido.
