El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para este miércoles de urgencia la Mesa de la Función Pública para estudiar con los sindicatos la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de la reducción de 37,5 a 35 horas semanales de la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta.
La reunión tendrá lugar a lo largo de la mañana y estará presidida por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, según han informado a Efe fuentes del Gobierno castellanomanchego.
El encuentro tendrá lugar después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central en funciones a la ley de Castilla-La Mancha que reduce la jornada laboral de los empleados públicos e incluye la posibilidad de ampliar la edad de jubilación del personal funcionario más allá de los 65 años.
De este modo, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto, queda sin efecto la ley aprobada en Castilla-La Mancha que se aplica desde el 1 de enero 2016.
Esta decisión afecta a cerca de 70.000 empleados públicos, incluido profesorado y personal sanitario.
El acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso Efe, determina un plazo de quince días para que el Gobierno de Castilla-La Mancha, las Cortes regionales, el Congreso de los Diputados y el Senado puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
