El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha confiado este jueves en que en el mes de marzo el Ejecutivo autonómico pueda aprobar el Plan de Garantías Ciudadanas, con el fin de enviarlo a las Cortes regionales.
Martínez Guijarro ha recordado que el Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha está incluido en el proyecto de Ley de presupuestos de la Junta para 2017, con una dotación económica de algo más de 119 millones de euros y que su objetivo es garantizar determinado tipo de derechos a los ciudadanos de la región.
Asimismo, ha apuntado que este plan es un instrumento puente para elaborar una Ley de Garantías Ciudadanas, que el Gobierno regional quiere elaborar a lo largo de 2017, con el objetivo de que a principios de 2018 pueda ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha "y dotemos de fuerza legal a esa garantía de derechos".
En estos momentos, el plan está siendo dado a conocer a las entidades sociales ya que no solo va a estar abierto al conjunto de los ciudadanos, sino que se está impulsando también a través de los distintos consejos que hay en la Administración regional, ha señalado el vicepresidente de la comunidad autónoma.
Así, el plan ha sido analizado este jueves por el Consejo de los Servicios Sociales, después de que ya fuera analizado por el consejo en materia de vivienda, indicado Martínez Guijarro, por lo que solo resta que sea analizado por el Consejo Regional de Municipios.
Por lo tanto, falta que se analice en el Consejo Regional de Municipios y luego esperar unas semanas para poder recibir aportaciones e integrarlas en el documento, a apuntado el vicepresidente regional, que espera que el Gobierno lo pueda aprobar en marzo y enviarlo a las Cortes autonómicas para su debate.
Ha recordado que este plan tiene su origen en un documento del grupo parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, que asumió el Gobierno regional, incorporó algunas cuestiones y abrió un proceso de participación, para que los distintos colectivos que están relacionados con ese documento puedan hacer aportaciones y sugerencias.
El vicepresidente ha desgranado algunas de las medidas incluidas en el plan, que tiene tres ejes o líneas programáticas: el Programa de Garantía Habitacional, el Programa de Garantía de Suministros Básicos del Hogar y el Programa de Garantía de Rentas.
Una parte importante está destinada a la garantía de la vivienda para las familias que han tenido problemas sobrevenidos de insolvencia para el pago de la hipoteca o del alquiler.
Por ello, incluye una serie de garantías para evitar los desahucios y una serie de programas adicionales de ayuda al alquiler de vivienda para las familias que tienen menos recursos.
También contempla un programa de garantía de suministros, fundamentalmente para los energéticos (tanto eléctricos como de gas) en el que se incorporan una serie de elementos adicionales en materia de capacidad de negociación de las familias con las compañías suministradoras a través de los servicios de consumo.
Y se implementan programas de eficiencia energética, que pueden estar directamente dirigidos a las familias con más problemas para abordar el pago de la factura eléctrica o de la factura de gas, porque suele coincidir con los hogares que tienen peor eficiencia energética.
Además, en el consejo de vivienda se sugirió que las oficinas antidesahucio entren también en la parte de alquiler e incluso puedan asesorar en asuntos como las cláusulas suelo, ha comentado.
A su vez, el programa de garantía de rentas, muy ligado al empleo, en este caso a los planes extraordinarios de empleo, en cuya segunda convocatoria se ha reservado un 25 % de las plazas para personas que están siendo atendidas en el ámbito de los servicios sociales, a través del ingreso mínimo de solidaridad.
Este aspecto se complementa con ayudas para garantizar el acceso a los servicios públicos, fundamentalmente a los servicios educativos, con potenciación de las becas de comedor, del programa de gratuidad de los libros de texto, incluso con algunas exenciones en las tasas para determinado tipo de enseñanzas no obligatorias en la comunidad autónoma, ha añadido.
Se une toda una revisión del sistema de servicios sociales, básicamente del servicio mínimo de solidaridad, ha agregado Martínez Guijarro, aunque ha puntualizado que es preciso hacer una serie de adaptaciones para dotarlo de mayor flexibilidad.
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LOS AYUNTAMIENTOS
En otro orden, el Gobierno regional va a poner en marcha un marco de concertación única con ayuntamientos de la región para la financiación de la red de servicios sociales, “que va a incrementar la aportación del Gobierno regional entre un 10 y un 15 por ciento, además de dar seguridad financiera a las corporaciones locales durante un tiempo de diez años”.
Así lo ha asegurado el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, durante su comparecencia en un receso de la sesión ordinaria del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, indicando que “ningún ciudadano de la región va a ver mermada la financiación que recibe su ayuntamiento”.
Ramón Lara se ha pronunciado así, en respuesta a las afirmaciones del alcalde de Seseña (Toledo), Carlos Velázquez, que ayer afirmaba que su ayuntamiento va a ver reducida la aportación del Gobierno regional a su Plan Local de Integración Social (PLIS).
El Gobierno regional ha iniciado “un proceso de implementación y unificación de los convenios en materia de Servicios Sociales con los ayuntamientos”, por lo que desmiente que vaya a eliminar el PLIS de Seseña, “nada más lejos de eliminarlo, sino garantizarlo durante los próximos diez años”.
El nuevo marco de concertación única con ayuntamientos “va a mejorar los Servicios Sociales de Atención Primaria, que el anterior Gobierno del PP redujo un 40 por ciento y que el Gobierno del presidente García-Page va a incrementar entre un 10 y un 15 por ciento a través del marco de concertación única que estamos elaborando”, ha asegurado Ramón Lara.
Por ello ha tranquilizado a los ciudadanos de Seseña porque “ningún ciudadano va a ver mermada ni un euro la financiación que recibe su ayuntamiento, como así se lo hemos explicado al alcalde y a sus técnicos en las reuniones que hemos mantenido”. Respecto al PLIS ha señalado que eran programas “que estaban en el aire, que no se sustentaban en ningún marco normativo” y que se les está “dando una garantía a ese plan local, garantizando a ayuntamientos como el de Seseña que no van a perder ni un solo euro”.
Finalmente, ha lamentado que las declaraciones del alcalde de Seseña se enmarcaran en un contexto informativo “tan sensible como las políticas de lucha contra la violencia de género”, que no deben mezclarse con la financiación de los servicios sociales, como son el trabajo desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los centros de la mujer.
