El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha que regula, entre otros aspectos, la prohibición de animales silvestres en los circos, o facilita su acceso a los transportes públicos, hoteles y restaurantes.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado en rueda de prensa de asuntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, entre ellos, la aprobación de este proyecto de ley.
Martínez Arroyo espera que la normativa concite el consenso de todos los grupos parlamentarios para que la ley pueda ser aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha antes del verano.
Esta ley viene a modificar la actual de protección de los animales domésticos y, entre otros aspectos, ahora se ocupa de todos los animales, tanto los domésticos como los silvestres, además, deja de considerar a los animales como cosas o bienes y pasan a ser considerados como seres sensibles.
Entre las novedades, el consejero ha mencionado que se fomenta la tenencia responsable de los animales y se aumenta la cuantía de las sanciones, que en la anterior ley estaba en pesetas y que se multiplicarán por diez, hasta un máximo de 60.000 euros.
Se prohíben las mutilaciones estéticas, el mantenimiento permanentemente de animales atados o encadenados, su donación con fines publicitarios, como premios, recompensas o regalos; el empleo de animales salvajes en circos, la publicidad con fines económicos y las peleas organizadas.
Asimismo, se persigue el sacrificio cero en establecimientos que alojan animales y se simplificará la identificación animal, con un sistema de registro gestionado por el Colegio de Veterinarios de Castilla-La Mancha, con acceso a la administración competente.
En el texto queda reflejada la obligatoriedad de formación específica del personal que trabaje al cuidado de animales en núcleos zoológicos y contempla normas de información, divulgación y educación en materia de protección animal.
También incorpora la creación del Consejo Asesor de Bienestar y Protección de los Animales y se facilita el acceso y circulación de animales a los transportes públicos, restaurantes y hoteles.
Solo quedan excluidos de esta normativa los animales que cuentan con una normativa específica, como los pertenecientes a explotaciones ganaderas, la fauna silvestre, los espectáculos taurinos o los animales existentes en los parques zoológicos.
Los animales de caza quedan regulados por la ley de caza en el momento justo de esta actividad, pero antes y después quedan incluidos en la ley de bienestar animal.
La ley, que ha pasado ya por el dictamen del Consejo Consultivo y previamente por un periodo de exposición pública que sirvió para enriquecerlo con más de mil aportaciones, sustituirá a una normativa del año 1990 que se ha quedado obsoleta.
El consejero ha manifestado su satisfacción y orgullo por que Castilla-La Mancha se sitúe con esta norma "en la vanguardia" de la defensa de los derechos de los animales y la búsqueda de su bienestar.
CONTROLES EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA
En otro orden, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha manifestado el compromiso del Gobierno regional para trabajar en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria y que se incluyan los costes de producción en los contratos de compraventa, para lo cual ha dicho que se van a intensificar los controles en los contratos de las campañas más importantes.
El consejero ha informado en rueda de prensa de los asuntos de su departamento aprobados en el Consejo de Gobierno y, además, ha respondido a preguntas de los periodistas sobre las protestas que están protagonizando los agricultores y ganaderos para exigir precios justos para sus productos.
Martínez Arroyo ha asegurado que comparte la reivindicación principal de los agricultores y ganaderos, porque todo el mundo quiere recibir un precio justo por lo que produce y "precio justo significa más de lo que cuesta producirlo, tiene que generar un mínimo de rentabilidad".
Ha indicado que las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) contribuyen a compensar que "en ocasiones no existe esa rentabilidad porque al final los productos en la cesta de la compra cuestan lo que cuestan y no se paga realmente lo que los agricultores y ganaderos merecen. Para eso está la PAC, pero no solamente se puede resolver el problema a través de la PAC, también hay que trabajar con los agricultores y ganaderos para garantizar sus derechos en la cadena agroalimentaria".
El consejero ha asegurado que desde el Gobierno central "se ha trabajado rápido y bien" y ahora hay que ver cómo aplicar la novedad de la ley de la cadena agroalimentaria de que se incluyan los costes de producción en los contratos de compraventa.
"Esto no es sencillo", ha reconocido Martínez Arroyo, quien ha añadido que ha trasladado al Gobierno su compromiso de trabajar en ese sentido "para intensificar los controles de los contratos de compraventa que se firman sobre todo en las campañas más importantes" como la vendimia y la aceituna.
Respecto a la posición de la comunidad autónoma sobre la reforma de la PAC, también ha dicho que apoya al ejecutivo central en defender un presupuesto "justo y suficiente" al menos igual al del periodo actual, que es de unos 850 millones de euros al año.
Ha defendido un modelo de PAC en el que "no se pierda ni un solo agricultor ni ganadero" ni ninguna pequeña explotación, como ocurrió, ha dicho, con la negociación que hizo el anterior gobierno del PP.
Martínez Arroyo ha señalado que hay que tender a un modelo de convergencia en el que no haya diferencias entre las ayudas en distintas partes de España, para lo cual hay que eliminar los derechos históricos.
