Junta recurrirá la decisión del TSJCM de rechazar algunas de medidas en residencias

La portavoz ha explicado que, con este recurso, el Gobierno va a pedir que reconsidere su posición porque “entendemos que hay instrumentos jurídicos para poder hacerlo”
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, durante la visita que ha realizado a la localidad de Almagro (Ciudad Real)
photo_camera La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, durante la visita que ha realizado a la localidad de Almagro (Ciudad Real)

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha señalado que el Ejecutivo de García-Page recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) de rechazar algunas de las medidas que la administración autonómica quería aplicar en las residencias para hacer frente a la covid-19.

Así lo ha confirmado este jueves durante su visita a la localidad ciudadrealeña de Almagro Fernández, quien, a preguntas de los periodistas, ha indicado que “estamos preparando el recurso en este momento”, ha informado la Junta en nota de prensa.

“Nos parece que la Justicia tiene instrumentos para facilitar que se puedan realizar test a las trabajadoras y a los trabajadores de las residencias y pedimos a la justicia que nos ayude a proteger la salud y la vida de las personas más vulnerables, que son las personas mayores que están en residencias”, ha subrayado la consejera portavoz.

Fernández ha explicado que, con este recurso, el Gobierno va a pedir que reconsidere su posición porque “entendemos que hay instrumentos jurídicos para poder hacerlo” y ha añadido que “al final, las decisiones judiciales se ubican en un contexto determinado y este contexto es de pandemia, es de crisis sanitaria todavía grave y sabemos que, aunque están vacunados y, la covid hace que las personas mayores aún se encuentren en una situación de vulnerabilidad”.

Por último, la consejera ha abogado por utilizar todos los instrumentos jurídicos para proteger la salud y la vida de la gente, “que es lo que está intentando hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha aseverado. 

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