La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha contará en 2021 con un presupuesto "expansivo, inversor y ambicioso", cercano a los 180 millones de euros, que supone un incremento del 23 por ciento respecto al del ejercicio actual, y dará "un fuerte impulso" a la transformación digital del sector público, pues el área de desarrollo de la sociedad de la información alcanzará los 80 millones.
Así lo ha avanzado este lunes el titular de este departamento, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa previa a su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales para detallar los presupuestos de esta Consejería para 2021.
Ruiz Molina ha asegurado que estas cuentas están diseñadas para fortalecer los servicios públicos y atender a los sectores más afectados por la crisis derivada de la pandemia y dirigidas a la reactivación económica y el empleo, así como a la transformación del modelo productivo.
Ha explicado que la Consejería de Hacienda es un ámbito de Gobierno "con un carácter transversal, que tiene encomendada la coordinación de los recursos financieros, humanos y tecnológicos", además de las áreas de Administración local y protección civil.
Unas competencias que se van a desarrollar con una dotación próxima a los 180 millones de euros, con un aumento del 23 % respecto a 2020, en un presupuesto que ha calificado de "muy austero" en cuanto a gastos de funcionamiento, con una variación del 1 % respecto al del año pasado, pero también "expansivo" en cuanto al gasto de actuación, inversiones y transferencias, que aumenta un 125 %, hasta los 58 millones euros.
Asimismo, ha añadido, es "muy ambicioso" en sus objetivos, entre los que ha abogado por dar "un fuerte impulso" a la transformación digital del sector público por lo que el área de desarrollo de la sociedad de la información se incrementará un 43 %, hasta los 80 millones de euros, que representa más del 45 % del total de la Consejería.
Con ello, se persigue avanzar en la Administración digital, de manera que la vía telemática sea la forma habitual de relación entre la ciudadanía y la Junta; iniciar la implantación de wifi accesible y gratis en todos los centros públicos e impulsar la alfabetización digital para reducir la brecha tecnológica, y apostar por iniciativas que potencien la inteligencia artificial y la ciberserguridad.
En segundo lugar, se pretende continuar con la consolidación del empleo público y, ente sentido, el consejero ha señalado que el próximo año se convocarán más de 1.500 plazas de las ofertas públicas de empleo (OPE) de los años 2019 y 2020, y 40 plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual.
Igualmente, el tercer objetivo es apoyar a las pymes y autónomos, facilitando su participación en la contratación pública, por lo que se va a crear el registro electrónico 'Contrata pyme', con la finalidad de que los principales beneficiarios de la contratación menor en el ámbito de la Administración regional sean los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, ha ampliado.
Del mismo modo, se proseguirá con la modernización iniciada hace cinco años del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 y, entre las actuaciones previstas el próximo año Ruiz Molina ha destacado la redacción del proyecto de construcción en Toledo de una nueva sede "más moderna y funcional" que la actual.
Durante la Comisión, Ruiz Molina ha hecho hincapié en que los capítulos I y II, de gastos de personal y gasto corriente en bienes y servicios, representan cerca del 70 % del total de la Consejería, en concreto el primero está dotado con 70,8 millones de euros (40 %) y el segundo con 50,1 millones (28 %).
Fuera del ámbito presupuestario, el consejero se ha referido a algunas de las actuaciones legislativas que su departamento va a impulsar en 2021 como la presentación, a principios de año, del proyecto de ley de armonización fiscal.
También ha apuntado que se está culminando el borrador de la ley encaminada a volver a dotar al Parlamento autonómico de un órgano técnico encargado de llevar a cabo la fiscalización externa del sector público de la comunidad autónoma y ha hecho alusión al proyecto de Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, que fomentará el juego responsable y potenciará las medidas de control.
Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado de Ciudadanos (Cs) David Muñoz ha mostrado su "escepticismo" respecto a la congelación de impuestos y ha asegurado que la previsión de ingresos "despierta alguna duda" porque el capítulo I, impuestos directos, presenta un aumento, principalmente por el IRPF, al tiempo que se ha interesado por cómo va a funcionar el registro electrónico de pymes "en términos legales".
De su lado, el parlamentario 'popular' Miguel Ángel Rodríguez ha tildado el presupuesto de "imaginativo y peligroso" y ha aseverado que "no es el que necesita" Castilla-La Mancha, a la vez que ha considerado "imprescindible" que se incluya el Plan de Rescate planteado por el PP, así como bajar los impuestos.
Finalmente, el presidente del Grupo Socialista, Fernando Mora, ha incidido en que "no se van a subir los impuestos”" en la comunidad autónoma y ha defendido la necesidad de un modelo de financiación "justo", que no discrimine a nadie en función de su lugar de residencia.
ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
Por otra parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado la apuesta del Gobierno regional por la estabilización del empleo público y ha avanzado que "en las próximas semanas" finalizará el proceso selectivo de las ofertas de empleo público (OPE) de 2017 y 2018, correspondientes a la Administración General, con el nombramiento del personal funcionario y laboral que ha superado las pruebas.
Así lo ha puesto de manifiesto Ruiz Molina durante su comparecencia, en la que ha afirmado que la Dirección General de la Función Pública continuará "con la senda de estabilización del empleo público", procediendo a las convocatorias derivadas de las OPE de 2019 y 2020, con un total de 1.564 plazas en el sector de la Administración General.
Asimismo, ha informado de que el próximo año se convocarán las pruebas de las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, en concreto, las pendientes de las OPE de 2017 y 2018 y las ofertadas de 2019 y 2020, lo que supondrá más de 40 plazas a las que podrán acceder "de forma independiente, con temarios y procesos selectivos adaptados".
Igualmente, ha indicado que, en provisión de puestos de trabajo, se proseguirá con la convocatoria de un nuevo concurso general de méritos de personal funcionario, así como de los respectivos concursos generales de traslados de las diferentes escalas, favoreciendo con ello la promoción profesional y la conciliación de la vida personal y laboral.
Además, ha señalado que se pretende implementar un concurso permanente de traslados para el personal funcionario y no solo para el personal laboral, como viene siendo hasta ahora.
Por otro lado, ha subrayado que se está acometiendo una nueva regulación del teletrabajo en el empleo público autonómico, en particular para el personal funcionario y laboral del sector de la Administración General, que se adecue a la normativa básica estatal en esta materia.
