El presupuesto de la Presidencia de Castilla-La Mancha para el 2021 asciende a 21 millones de euros, lo que representa un 10,5 % más que el presente ejercicio y el 0,18 % del total, con el que se abordará entre otras cuestiones la estrategia de actuaciones contra el despoblamiento.
El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado este miércoles, en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales, el presupuesto para la Presidencia en 2021 contemplado en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta, que se está tramitando en las Cortes, y con la que ha comenzado la ronda de comparecencias de los consejeros para explicar las cuentas de sus respectivos departamentos y la ejecución del ejercicio presente.
Martínez Guijarro ha señalado que el presupuesto de 2021 de la Presidencia, comparado con el de 2020, supone un incremento del 10,5 %, “muy por debajo del aumento general del presupuesto general de la región que supera el 15 %”.
Un presupuesto “contenido”, ha dicho, para garantizar el correcto funcionamiento de la Presidencia, en la que se integran también la Vicepresidencia, la Consejería de Igualdad y Portavoz, la Secretaría General de la Presidencia y el Gabinete de la Presidencia, además de las delegaciones de la Junta repartidas en las cinco provincias del territorio regional.
Martínez Guijarro ha explicado que una de las actuaciones más destacadas que se va a acometer desde la Presidencia del Ejecutivo autonómico para el 2021 es la tramitación la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, actualmente en periodo de exposición pública, y que se espera poder remitir a las Cortes en los primeros meses en el año 2021.
También se prevé para el próximo año la puesta en marcha de la Estrategia contra la Despoblación, ambas surgidas del acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero con la firma del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, el primero rubricado en España, fruto del consenso con los agentes sociales y económicos (CECAM, CCOO, UGT, RECAMDER y la FEMP en Castilla-La Mancha).
El objetivo de la futura la Ley y de la Estrategia, tal y como ha señalado el vicepresidente, es hacer económica y socialmente más atractivas las zonas despobladas garantizando la prestación de servicios básicos en el medio rural, así como la conectividad territorial mejorando el transporte, apoyando la generación de actividad económica y con un nuevo marco fiscal dirigido a crear empleo y a fijar población.
Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha lamentado que, en plena pandemia, "suba el número de altos cargos hasta los 149".
Y, sin embargo, se están dejando de lado a las personas y a todos aquellos sectores y colectivos que más afectados se han visto a causa de la pandemia, a aquellos autónomos y empresarios que han tenido que cerrar sus negocios, a aquellos castellano-manchegos que han perdido su empleo, y a aquellos que han perdido hasta la vida por el camino", ha criticado la portavoz popular.
Por parte del grupo de Ciudadanos, el diputado David Muñoz se ha interesado en la comisión por la baja ejecución del presupuesto en transparencia y por la futura creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como por la información sobre los gastos derivados de la pandemia de covid-19.
La portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar ha respondido al PP que son unos presupuestos "expansivos en lo social, pero también en lo económico, que tienen en cuenta que hay que afrontar esta crisis sin recortes, y esa es la gran diferencia con los presupuestos que presentaba el PP cuando gobernaba".
