El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto publicar, en un plazo de unos diez o quince días, una orden en la que se establezcan medidas preventivas de cara a la vendimia y en ella se establecerá que los empleadores tengan un listado de las personas que trabajan en su explotación, así como sus contactos más directos.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado esta medida este miércoles durante su intervención en el pleno de las Cortes, con motivo de la celebración de un debate general sobre las medidas de seguridad adicionales a implantar ante las nuevas campañas agrícolas para evitar una propagación de la COVID-19, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Martínez Arroyo ha explicado que en esta orden han trabajado conjuntamente las consejerías de Economía, Empresas y Empleo, Sanidad y la que él dirige y que está previsto convocar en los próximos días una mesa de coordinación, en la que también participen la Inspección de Trabajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP).
El consejero, que ha subrayado que se trata de "la orden más ambiciosa publicada en España para prevenir problemas sanitarios en el sector agrario", ha adelantado que la orden -que está previsto que se publique en unos diez o quince días- recoge una serie de obligaciones desde el punto de vista sanitario, como mantener la higiene personal o la prudencia en las relaciones sociales.
Asimismo, ha adelantado que, con el objetivo de facilitar la labor de los rastreadores en caso de que en alguna explotación agrícola se produzca un positivo de coronavirus, se obligará a los empleadores a tener un listado de las personas que trabajan en la explotación, con datos para su localización si fuera necesario, como nombre y número de teléfono, así como una relación de las personas con quien conviva.
"Es una orden compleja que afecta a tres Consejerías e implica de alguna manera a la Delegación del Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha explicado Martínez Arroyo, que ha indicado, por lo tanto, que hay muchas administraciones implicadas y que, si bien no es necesario el apoyo de la cámara para aplicar esta orden, ha pedido el respaldo de las Cortes.
Martínez Arroyo ha resaltado que la vendimia es la campaña agrícola más importante de Castilla-La Mancha, ya que genera unas 20.000 jornadas de trabajo, si bien ha recordado que también se han producido ya otras en Castilla-La Mancha, como la del espárrago verde en Guadalajara, donde se han generado 1.500 jornales, que se ha visto seguida por la recogida del albaricoque, melocotón, brócoli, cebolla, melón y sandía.
Así, ha resaltado que todas las campañas agrícolas que ya se han desarrollado en Castilla-La Mancha lo han hecho "con normalidad" e incluso ha considerado que la del ajo ha finalizado "con gran éxito", porque "no ha tenido ningún problema relevante" y por ello ha querido agradecer a todo el sector su implicación para posibilitar que así haya sido.
Martínez Arroyo ha subrayado que, asimismo, que en todas estas campañas ha habido trabajadores suficientes para llevarlas a cabo y ha recordado las medidas que ya se han aprobado en Castilla-La Mancha para favorecer que estas campañas agrícolas se hayan podido desarrollar sin incidencia, como por ejemplo, las ayudas de hasta 450 euros para alojamiento y transporte de los trabajadores hasta las explotaciones agrícolas.
En cualquier caso, ha recordado que si un trabajador del campo no reside en el municipio donde está la explotación, es obligación del empresario facilitar un alojamiento digno y ha recalcado que ésto "es lo que dice la ley y hay que cumplir, y si no sucede, se inicia un procedimiento sancionador".
Sin embargo, ha valorado que la mayoría de los empresarios agrícolas cumplen con las leyes y por ello, ha considerado que hay "ir de verdad contra el que incumple".
Por otro lado, el consejero también ha abordado el brote de COVID-19 que se originó en un asentamiento irregular en Albacete, en el que residían unas 500 personas y que ya ha sido desmantelado, y ha señalado que todas las administraciones públicas han tomado cartas en el asunto, si bien ha lamentado que el PP "no ha propuesto nada, ni ha actuado de ninguna manera".
Y ha criticado especialmente que el exalcalde de Albacete Javier Cuenca, del PP, haya cuestionado la actuación que se ha llevado a cabo en este asentamiento, toda vez que ha recordado que el PP gobernó en la ciudad durante ocho años y "siendo una responsabilidad municipal, no hicieron nada".
REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA Y MÁS TEST
Las Cortes de Castilla-La Mancha han pedido este miércoles al Gobierno regional aumentar el personal de Atención Primaria en las zonas donde se vayan a producir campañas agrícolas e incrementar el número de test a realizar para detectar portadores asintomáticos de la COVID-19 en las zonas afectadas por las explotaciones agrarias.
Estos dos puntos se recogen en la propuesta de resolución que Cs ha presentado a un debate general, solicitado por su grupo, que se ha seguido en el pleno de la cámara relativo a las medidas de seguridad adicionales a implantar ante las nuevas campañas agrícolas para evitar una propagación del coronavirus.
En la resolución de Cs, también se ha instado a los empleadores a que asuman su responsabilidad sobre la legalidad y bienestar de los trabajadores que tendrán que hacer frente a sus campañas, que controlen los medios convenientes de salubridad y espacio en sus instalaciones temporales y generen espacios de cuarentena, por si se producen casos en la explotación.
En este debate, también se ha aprobado la propuesta del PSOE en la que se propone buscar el acuerdo con el Ministerio de Trabajo para adoptar medidas en materia de empleo agrario, para la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral con el desempeño de tareas agrarias, de forma que se amplíe el plazo que actualmente está establecido hasta el final de la campaña de vendimia, en octubre.
A instancias de los socialistas también se ha respaldado que haya "una intensa coordinación" entre las organizaciones agrarias, con la Delegación del Gobierno y los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Trabajo y Economía Social, para que las campañas agrícolas se puedan desarrollar con normalidad.
En cambio, no ha salido adelante la propuesta de resolución del PP que, entre otros asuntos, pedía que se estableciera una línea de ayudas para subvencionar el coste de test y PCR que se deberían realizar todos los trabajadores antes de empezar las campañas de recolección, así como para la compra de Equipos de Protección Individual (EPI).
El presidente del grupo Ciudadanos en las Cortes, Alejandro Ruiz, ha defendido la necesidad de celebrar este debate, toda vez que ha advertido de que los viticultores, a pocas semanas de que comience la vendimia, "no saben a qué enfrentarse" en cuanto a medidas de prevención de la COVID-19 o posibles actuaciones si se detecta un caso en sus explotaciones, y ha asegurado que, desde su punto de vista, el Gobierno regional llega tarde a la hora de proponer medidas de control.
"Queremos adelantarnos a los acontecimientos, pero tengo el convencimiento de que ya no nos hemos adelantado, la realidad nos pasa por encima", ha lamentado Ruiz, que ha afeado que en "Castilla-La Mancha parece que no hay nadie al timón", lo que genera una "sensación de inseguridad" a los productores, que "no saben a qué trabajadores contratar, de dónde van a venir ni en qué condiciones".
También el diputado del PP en las Cortes Emilio Bravo ha cuestionado la labor del Gobierno regional en esta materia y les ha exigido "medidas de anticipación, no de improvisación", como a su entender ha ocurrido en el asentamiento irregular de Albacete, donde vivían unas 500 personas y se detectó un brote de coronavirus.
Bravo ha urgido al Gobierno regional a que controle que las personas que trabajan en las explotaciones agrícolas tienen sus contratos de trabajo en regla y reciben un trato digno y, si bien ha denunciado que son una minoría los empresarios del sector primario que no cumplen las reglas, ha afeado que existan intermediarios entre los temporeros y los empresarios que "se dedican a hacer prácticas que no son buenas ni para el empresario ni para el trabajador", y ha instado al consejero a que controle.
En cambio, el diputado del PSOE en las Cortes Julián Martínez ha resaltado que las campañas agrícolas que ya se han realizado en la región se han desarrollado sin incidencias y ha recordado que ya se han puesto en marcha medidas específicas para prevenir la COVID-19, aunque no ha descartado que sea preciso aplicar otras nuevas, pero ha pedido que ello se haga "con seriedad, compromiso y valentía".
Asimismo, Martínez ha señalado que el asentamiento de Albacete fue "fruto de varias acciones previas", como que el Ayuntamiento de la ciudad -gobernado por el PP desde 2011 hasta 2019- cerró un albergue temporal, con 350 plazas, que acogía a los trabajadores temporales, al tiempo que ha opinado que no se trata de un tema laboral, sino social.
NEGOCIACIÓN DE LA PAC
Por otra parte, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha calificado de "éxito" la negociación que España ha desarrollado en la Unión Europea de cara a conseguir fondos de la Política Agraria Común para el próximo periodo.
Durante su intervención en el pleno, Martínez Arroyo ha recordado que la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina cifró en 2018 el recorte del presupuesto de la PAC en un 30 por ciento.
En cambio, ha indicado que finalmente, el recorte será menor -en torno al 10 por ciento- y ha señalado que se debe tener en cuenta que en la actualidad se vive "un momento de excepcionalidad enorme" debido a la crisis de la COVID-19 y también a la salida del Reino Unido de la UE, por lo que, en general, "ahora es mucho más difícil conseguir créditos".
Asimismo, ha incidido en que es un éxito que España sea el segundo país que más fondos recibirá de los 75.000 millones de euros aprobado por la UE para la reconstrucción de Europa y ha señalado que, a los 7.500 millones que ingresará por la PAC, el sector primario también se verá beneficiado "de forma indirecta con muchos proyectos que van a tener impacto" en Castilla-La Mancha.
"Podemos estar orgullosos de la negociación. Así lo estoy yo y lo quiero reflejar", ha concluido el consejero.
