La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha considerado este viernes que "financiar un referéndum ilegal con el que se pretendía legitimar un golpe constitucional es corrupción de la grave", por lo que no puede haber rebajas en las penas aunque no haya habido enriquecimiento.
Fernández ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas sobre la enmienda que ha presentado ERC a la reforma del Código Penal, en la que propone modificar el delito de malversación que afecta a autoridades y funcionarios para distinguir si esa apropiación indebida de bienes conlleva o no ánimo de lucro para la persona, de forma que fija penas más bajas para quienes no se beneficien personalmente del delito.
Al respecto, Fernández ha comentado que de la enmienda de ERC se desprende que por una parte parece que van a endurecer el enriquecimiento ilícito y el tipo penal de la malversación, y ha manifestado: "Todo lo que sea luchar contra la corrupción nos parece bien y todo lo que sea endurecer las penas contra la corrupción a este Gobierno le parece bien".
Pero se ha preguntado: ¿Esto es para tapar la auténtica intención? ¿Esta reforma es para beneficiar a condenados y a personas pendientes de juicio por causa del procés?.
"Esa es la pregunta que hay que hacer", ha dicho la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha considerado que "financiar con dinero público un referéndum ilegal con el que se pretende legitimar un golpe constitucional, es corrupción, y de la grave, y lo que no puede ser es que no haya penas, o al menos nosotros no compartimos que haya penas más bajas".
Fernández ha planteado: "¿Es corrupción dar un golpe constitucional en el que pones en cuestión la soberanía nacional y la integridad territorial? Sí, lo es", y ha hecho otra pregunta: "¿Va a haber una subida de penas o una rebaja?".
Parece que va a haber una rebaja, ha apuntado la portavoz del Gobierno castellanomanchego, que ha recalcado: ""Con esto nosotros no estamos en absoluto de acuerdo, porque es gravísimo y es corrupción, aunque no haya habido enriquecimiento".
Asimismo, ha reiterado: "Todo lo que sea luchar contra el enriquecimiento ilícito por mala utilización del dinero público bienvenido sea, pero creo que son dos temas distintos, y puede dar la sensación que con uno se está intentando tapar el otro, y no podemos compartir de ninguna manera esa intención".
Y ha confiado en que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados "no apoye esa rebaja".
CLAVES DE LA PROPUESTA PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL
La reforma del delito de sedición impulsada por PSOE y Unidas Podemos ha servido de percha para que los grupos planteen otra más amplia de la legislación que puede afectar a la malversación, al enriquecimiento ilícito de cargos públicos, a los desórdenes públicos e incluso al modelo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
Estas son las principales modificaciones propuestas por los grupos parlamentarios que serán debatidas en las próximas semanas por vía de urgencia en el marco de la proposición de ley de reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso:
Los socios de Gobierno han defendido una enmienda para "reforzar la lucha contra la corrupción" que supone introducir un nuevo delito en el Código Penal: el de enriquecimiento ilícito de aquellos cargos públicos que vean aumentado su patrimonio en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo.
Plantean que las autoridades públicas estén obligadas a justificar ese enriquecimiento durante cinco años tras dejar el cargo y contempla penas de prisión de seis meses a tres años, de inhabilitación de entre 2 a 7 años, y multas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente.
Como se esperaba, ERC ha propuesto modificar el delito de malversación -uno por el que fueron condenados los líderes del "procés"- para diferenciar entre quienes se hayan apropiado de fondos públicos en beneficio propio o de terceros y quienes no; una iniciativa que va en sintonía con la enmienda presentada por PDeCAT.
ERC plantea penas de dos a ocho años de cárcel y de hasta veinte de inhabilitación para los casos más graves en los que exista "ánimo de lucro" y de seis meses a tres años de prisión y de uno a cuatro de inhabilitación para el cargo que "sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo".
PDeCAT, por su parte, propone condenas de uno a tres años de cárcel y de tres a seis años de inhabilitación si no hay ánimo de lucro, manteniendo las actuales en el caso de que sí lo haya.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos han pedido cautela para estudiar las propuestas, si bien han marcado como línea roja a la hora de dar su apoyo que las enmiendas no supongan un beneficio para ningún imputado o condenado por corrupción.
Al derogar del Código Penal el delito de sedición y convertirlo en uno de desórdenes públicos agravados con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión, PSOE y Unidas Podemos se han visto obligados a retocar en profundidad el artículo 557 del Código Penal que contempla los delitos contra el orden público.
La propuesta introduce una nueva regulación de los desórdenes para que no se vea criminalizada la protesta pacífica. Plantea los elementos necesarios y confluyentes para la comisión del delito de desórdenes públicos: la actuación en grupo, la finalidad de atentar contra la paz pública y la existencia de violencia o intimidación.
Consideran que la confluencia de estos tres elementos no solo aporta una mayor precisión al tipo penal, sino que además ayuda a distinguirlo de otros delitos sobre las personas o las cosas, y garantiza los derechos de reunión y libertad de expresión.
Así, según la proposición impulsada por PSOE y Unidas Podemos a la que han sumado una enmienda referida a las ocupaciones de personas jurídicas, este precepto 557 quedaría estructurado en varios apartados, que contemplarían las agravaciones del delito.
ERC ha presentado enmiendas relativas al delito de desórdenes públicos y, en la principal, propone suprimir el concepto de "intimidación" de los supuestos en los que se aplica, aunque si esto no es posible propugna rebajar las penas para evitar ingresos en prisión.
Quieren despenalizar además la ocupación de locales, establecimientos u oficinas cuando se ejecuten de forma pacífica.
Por su parte, PDeCAT pide eliminar también la intimidación pues considera que "no es asumible que para un acto que se etiqueta como de desórdenes graves no se exija ningún tipo de violencia y pueda fundamentarse solo en la mera intimidación", y rebaja en otra enmienda la condena para quienes sean castigados por alterar gravemente el orden público de uno a cinco años de prisión.
Las enmiendas a la iniciativa que busca borrar el delito de sedición del Código Penal también han llegado al sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que ya ha cumplido cuatro años en funciones y que lleva meses sin culminar los dos nombramientos al TC que le compete.
Para sortear este bloqueo, los socios de Gobierno han propuesto cambiar el sistema de mayorías del CGPJ para realizar los nombramientos, actualmente fijado en tres quintos: en el caso de que los vocales no consiguiesen ese consenso tres meses después de que finalice el mandato de los magistrados salientes, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos, sin necesidad de un quorum mínimo y en una única votación, que no será secreta.
La propuesta introduce incluso la posibilidad de castigar con responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley, como ocurre en estos momentos; plantea que si un Poder no cumple con el plazo para renovar el TC (como ocurre ahora con el judicial), se realice la renovación del Poder que sí lo cumple (en este caso el Ejecutivo) sin que sea necesario los magistrados se renueven por tercios, y suprime la necesidad de que el TC verifique la idoneidad de los jueces propuestos.
Otra de las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos introduce penas de prisión de seis meses a seis años a quienes, mediante engaño o abuso, impongan a los trabajadores a su servicio "condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan" sus derechos o a quienes impongan condiciones ilegales a sus trabajadores.
A esa se une otra para modificar varias leyes como la de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de que los sábados y domingos, los días de fiesta nacional o el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero de cada año judicial sean inhábiles a efectos procesales en aras a la conciliación personal y laboral.
