El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado licitar contratos del servicio de transporte escolar en la región por tres años con un total de 48,2 millones de euros para 514 rutas que utilizan 12.700 alumnos, y ha establecido simplificar los procedimientos y diseñar un sistema de pago a las empresas más ágil.
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha explicado en una rueda de prensa los acuerdos del Consejo de Gobierno, que también incluyen distintos acuerdos para la integración laboral de personas con discapacidad y la licitación de la gestión integral en la residencia de mayores El Jardín, de Higueruela (Albacete), y en el centro de personas con discapacidad intelectual grave Santa María de Benquerencia de Toledo.
En cuanto al transporte escolar, los contratos que se han licitado suponen el 50 por ciento de las rutas y los alumnos ya que en total en Castilla-La Mancha hay 1.061 rutas escolares (han aumentado en 68 en cuatro años) que atienden a 24.000 alumnos.
En concreto, se destinarán 39 millones de euros para vehículos de más de diez plazas, y otros 8,7 millones para vehículos de menos de diez plazas, según Fernández quien ha detallado las novedades de la licitación.
Así, se simplificarán los procedimientos, se dará importancia a la seguridad de los vehículos (teniendo en cuenta su antigüedad y la emisión de gases) y se ha diseñado un sistema de certificaciones y pago a las empresas "más ágil y sencillo" para evitar retrasos en el pago de las facturas.
En este aspecto, la portavoz ha dicho que con carácter general funciona "bastante bien" el pago, pero se han detectado algunas dificultades en rutas concretas y se ha simplificado el procedimiento para que las empresas y autónomos que realizan el servicio puedan cobrar "con carácter casi inmediato sus facturas".
Castilla-La Mancha destina 970.000 euros a ayudas al transporte escolar, de los que 220.000 euros es para ayudas individuales y 750.000 euros para el transporte y comedor de centros concertados de educación especial, a lo que se suman 2,5 millones para la contratación de acompañamientos.
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado un acuerdo de la Consejería de Economía por un importe de 19,7 millones de euros para financiar la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, financiando parcialmente los costes salariales de estas personas.
Fernández ha señalado que este asunto ha sido una "apuesta muy importante" del presidente regional, Emiliano García-Page, ya que en 2015 se invertían 10,5 millones de euros para este objetivo y había 2.400 personas con discapacidad empleadas en centros especiales de empleo, mientras que ahora casi se ha duplicado el presupuesto y se han incrementado un 58 por ciento las personas, hasta 3.800.
Respecto a Bienestar Social, el Consejo de Gobierno ha acordado licitar dos servicios de gestión integral en la residencia de mayores El Jardín, de Higueruela (Albacete), con 3,8 millones de euros, y en el centro de personas con discapacidad intelectual grave Santa María de Benquerencia de Toledo, con 1,6 millones de euros.
En ambos casos se licitará por tres años y otros dos más renovables, según Fernández quien ha dicho que en la residencia de Higueruela hay 56 plazas residenciales y diez de estancias diurnas, mientras que en el centro residencial de Toledo pueden convivir hasta 48 personas y también hay diez plazas de estancias diurnas.
ASESINATO MACHISTA DE VILLARRUBIA
En otro orden, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta a personarse como acusación popular en el juicio por el presunto asesinato por violencia machista que tuvo lugar en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) el 27 de diciembre de 2020.
Durante su comparecencia, la consejera de Igualdad ha subrayado que la violencia machista es "una pandemia" para la que no existe vacuna ni receta mágica pero contra la que se puede actuar con una legislación adaptada al Convenio de Estambul para la prevención y lucha contra la violencia machista.
Ha afirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a personar como acusación popular en el caso de Villarrubia de los Ojos y en todos los asesinatos machistas "porque entendemos que tenemos una obligación moral", ha dicho Fernández y porque así lo permite la Ley para una sociedad libre de violencia de género, que recoge todas las formas y manifestaciones de violencia machista en base al Convenio de Estambul.
En este sentido, ha precisado que "necesitamos" que la ley estatal integral contra la violencia machista contemple las diversas formas que tiene la violencia machista y no únicamente las que se suceden en el ámbito de la pareja o expareja "porque estamos dejando a miles de mujeres sin proteger", ha dicho.
En su opinión, "es el momento de adaptar la ley integral de lucha contra la violencia de genero estatal al Convenio de Estambul" ya que el Gobierno contará con la "mayoría" del parlamento, pese a que hay "fuerzas reaccionarias", ha indicado, que incluso niegan la violencia machista.
Según los datos que ha aportado, en España han sido asesinadas desde 2003 por violencia machista 1.086 mujeres y 38 menores, y han quedado huérfanos como consecuencia de esos asesinatos machistas 307 menores.
Además, el 80 por ciento de las denuncias que llegan a juicio acaban con una sentencia condenatoria, según la consejera de Igualdad, quien ha apuntado que "tenemos mucho por hacer" y el Gobierno regional "tiene muy claro que lo va a seguir haciendo" incluyendo defender a la familia a través de su personación como acusación popular en el juicio.
M.D.G.C.de 50 años y madre de dos hijos, fue asesinada en Villarubia de los Ojos el 27 de diciembre de 2020 por su pareja sentimental.
ESTADO DE ALARMA
Por último y de otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el Consejo Interterritorial de Salud debe dejar "muy claro" el margen de maniobra que tienen las comunidades autónomas en lo que atañe de manera "muy evidente" a los derechos fundamentales, como son el cierre perimetral, el toque de queda y las restricciones de reuniones.
Así lo ha indicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha afirmado que las comunidades autónomas quieren tener "seguridad jurídica" ante determinadas decisiones.
Ha indicado que el cierre perimetral autonómico, el toque de queda y las restricciones de reuniones en espacios públicos son "los tres aspectos que afectan a derechos fundamentales de manera muy evidente", y lo que las comunidades autónomas "tenemos que tener muy claro" es seguridad jurídica.
"Vamos a pedir al Ministerio un marco jurídico que sea solvente y de seguridad. Lo que queremos es tener seguridades", ha indicado Blanca Fernández, quien ha agregado que no lo hacen porque quieran tener "indefinidamente" medidas como el confinamiento, el toque de queda o la perimetración, sino porque necesitan seguridad jurídica.
A su juicio, "parece razonable que en el seno del Consejo Interterritorial se quede muy claro cuales son en estos tres aspectos, el margen de maniobra que tienen las comunidades autónomas".
Sobre las segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca, ha dicho que "está en manos de la ciencia" y de los ensayos y estudios que se están realizando en varias direcciones: si se alcanzaría la inmunidad con una segunda dosis de otra vacuna, o si hay efectos trombóticos no inmediatos a la vacunación.
