El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de 7,8 millones de euros para la gestión integral de centros de primera acogida y protección de menores de cuatro provincias -Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo- con un total de 60 plazas.
La portavoz regional y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha informado en rueda de prensa del acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Gobierno con el objetivo de seguir cubriendo una situación de "tremendo desamparo" que viven algunos menores en la región.
El nuevo contrato para la gestión de estos centros entrará en vigor el 1 de octubre y tendrá duración hasta 2022, ha especificado.
Fernández ha subrayado que la finalidad de estos centros de acogida y protección de menores es "intentar proporcionarles una vida normal y normalizada, porque a veces la normalidad es una rareza en según qué familias", con rutinas, actividades, apoyo psicosocial y emocional y también en los estudios.
Por otro lado, la portavoz regional ha informado de que el Consejo de Gobierno esta semana ha aprobado también una subvención de 1,8 millones para Ilunion dirigida al mantenimiento de sus centros de empleo en los que generarán 800 contratos de trabajo.
Esta ayuda, ha explicado, es el primer pago del 50 por ciento de la subvención global que ascenderá a más de 3,5 millones si se mantiene ese número de puestos de trabajo a lo largo del año.
Fernández ha detallado que Castilla-La Mancha cuenta con 183.000 personas con discapacidad cuya tasa de empleabilidad está 11 puntos por encima de la media nacional con un 45,9 %, y que en los últimos cuatro años el Gobierno regional ha destinado 84,6 millones de euros y ha habido 6.800 personas beneficiadas por las políticas de empleo de la Junta.
Esta subvención, además, se enmarca en esta estrategia del Ejecutivo autonómico para la empleabilidad de las personas con discapacidad que se completa con medidas como la reserva de al menos el 6 % de la contratación pública a centros especiales de empleo y empresas de inserción.
De otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la renovación del programa de supervisión de comedores escolares para garantizar la calidad alimentaria.
A este respecto, la portavoz regional ha señalado que se trata de una estrategia que se viene desarrollando desde el año 2009 que consiste no solo en supervisar la calidad de los alimentos, sino también en que haya un equilibrio en los menús y que la comunidad educativa y las familias colaboren para que la alimentación de la población escolar sea equilibrada a lo largo de todo el día.
Este programa se desarrolla en centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria y centros no universitarios con comedor.
En otro orden de cosas, preguntada por la reunión a tres bandas esta semana del Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades para abordar los accesos al nuevo Hospital General Universitario de la capital castellano-manchega, Fernández ha dicho que le corresponde a las otras dos administraciones informar sobre las conclusiones de la misma porque son infraestructuras de su competencia.
Sin embargo, ha confiado en que esa inversión necesaria se ejecute "cuanto antes", porque ha defendido que el esfuerzo del Gobierno regional en la construcción y equipamiento del centro hospitalario ha sido "ímprobo" y que los accesos deben estar resueltos para evitar el "estrangulamiento" de tráfico una vez se ponga en marcha.
Un problema que, ha agregado, podría estar resuelto si no hubiera un Gobierno en funciones y ahora una nueva convocatoria electoral, por lo que ha incidido en que una vez que se produzcan las nuevas elecciones generales, "este problema tiene que ser una prioridad para el próximo Gobierno".
NUEVAS ELECCIONES GENERALES
En otro orden de asuntos, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado este miércoles la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución española para evitar el bloqueo en la investidura del presidente del Ejecutivo central y que -como en ayuntamientos y en algunas autonomías- cuando no hay acuerdo, gobierne el más votado.
A preguntas de las periodistas, Fernández se ha referido a la nueva convocatoria electoral que habrá el 10 de noviembre y ha abogado por que cuando no haya alternativa de gobierno a la elección mayoritaria, "no se impida" la investidura de quien haya obtenido más votos en los comicios.
En este sentido, ha dicho que "lo razonable" es que Unidas Podemos, Ciudadanos (Cs) y PP no hubieran obstaculizado un Gobierno progresista, y ha advertido de que serán los ciudadanos "los que decidan en qué posición dejan a cada uno".
En cualquier caso, ha incidido en que esta situación no es la primera vez que se vive en España y que igual que las leyes regulan cómo se debe elegir a un alcalde o a un presidente regional, es decir que si no hay mayoría gobierna la opción ganadora, se ha preguntado si se debería modificar la Constitución para que quede investida la formación más votada y los pactos se alcancen una vez que eche a andar la legislatura.
Por tanto, ha subrayado que "hay que hacer una reflexión en este sentido" al tiempo que ha dicho que lo que ocurre en ayuntamientos y autonomías "debemos pensar si nos vale o no para investir un presidente del Gobierno de España".
Asimismo, la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha hecho otra reflexión para afirmar que si la nueva política venía a salvar del bloqueo y de la política de bloques, "no ha pasado eso"; y además ha añadido que "honestamente" no sabe qué más podría haber hecho Pedro Sánchez para formar Gobierno.
De igual forma, ha reconocido que los socialistas temen al 'fantasma de la abstención' en las nuevas elecciones generales, pero ha apostado por que la ciudadanía se movilice y vaya a votar "masivamente".
Además, ha indicado que el hecho de que al final haya una nueva convocatoria electoral no supone que se vaya a caer el Estado del Bienestar en las comunidades autónomas pero sí afecta a la tranquilidad y estabilidad de las cuentas que habría si hubiera un Gobierno y realizara las entregas a cuenta que siguen pendientes.
No obstante, ha recalcado que, independientemente de lo que ocurre a nivel nacional, "Castilla-La Mancha tiene su propia dinámica" y que aunque no habrá recortes en los servicios -ha asegurado-, si puede que la acción del Ejecutivo autonómico vaya "más lenta" con respecto a los avances por esa falta de financiación.
PIDE "COHERENCIA" A STAS
Por último y de otro lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha salido al paso de las críticas del sindicato STAS al respecto del número de altos cargos nombrados por el nuevo Ejecutivo, ante lo que ha pedido a la formación sindical que "juege más a la coherencia que a la incoherencia".
Fernández se ha preguntado "por qué puede haber 360 liberados sindicales en la Junta para 70.000 empleados públicos" y no un tercio de ese número de cargos de confianza para las políticas que afectan a dos millones de personas.
Por otro lado, ha reparado en que 50 de los 117 altos cargos de la Junta son funcionarios, y solo se han modificado relaciones de puestos de trabajo para que puedan desempeñar cargos de confianza .
"No son personas que se cogen de la calle a dedo y se meten en la Administración", ha recalcado, insistiendo en que la Junta es "muy austera" y gasta menos en personal de confianza que otras comunidades autónomas.
