El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 3,8 millones de euros para prorrogar este año el contrato del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que integran más de 200 profesionales entre operadores, personal sanitario y Guardia Civil.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha comparecido en la habitual rueda de prensa de los miércoles para informar de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y ha destacado que el servicio de urgencias y emergencias 112, que acaba de cumplir veinte años, es fundamental para garantizar la protección, la seguridad y la atención de urgencia a los castellano-manchegos.
Es un servicio de acceso rápido, fácil y gratuito cuya misión es organizar una respuesta eficaz a cualquier emergencia que se produzca, tanto casos de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidades públicas como emergencias de carácter individual
El 112 de Castilla-La Mancha recibe una media de 3.800 llamadas diarias, lo que supone un millón y medio al año; y en sus veinte años de existencia ha recibido un total de 38 millones de llamadas, ha actuado en 11 millones de incidencias y ha movilizado 6 millones de recursos.
En cuanto a los datos de 2021, se atendieron 1.315.872 llamadas, de las cuales 677.254 (el 51,46 %) fueron procedentes, es decir, aquellas que dan lugar a la gestión de una consulta, urgencia o emergencia; el 50 % de las llamadas procedentes requirió recursos sanitarios, mientras que más de un 32 % correspondió al sector de seguridad.
El resto de llamadas estuvieron relacionadas con intervenciones del servicio de bomberos urbanos y forestales, así como las multisectoriales, es decir, aquellas que no pertenecen a los sectores habituales de la emergencia, como pueden ser suministros básicos, mantenimiento de carreteras, servicio a la violencia de género de urgencia, que se deriva a su línea específica o la activación de agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 993.851 euros para la entidad privada de iniciativa social Fundación Madre y otros 759.333 euros para la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (Futucam), con el fin de seguir manteniendo los apoyos que precisan las personas con discapacidad o con enfermedad mental para el ejercicio de su capacidad jurídica.
Estas entidades apoyan en el día a día a las personas que tiene modificada su capacidad jurídica y necesitan de esta protección en asuntos administrativos o económicos, en asistencia acompañada a citas médicas, así como en gestiones más diarias como la compra de ropa o artículos de primera necesidad, entre otras situaciones.
El Consejo de Gobierno, además, ha dado el visto bueno a la creación de cinco espacios coworking de ámbito comarcal para fomentar el emprendimiento en zonas despobladas del medio rural, que estarán ubicados en las localidades de Riópar (Albacete), Almadén (Ciudad Real), Quintanar del Rey (Cuenca), Molina de Aragón (Guadalajara) y Belvís de la Jara (Toledo).
Los objetivos son favorecer el emprendimiento en zonas despobladas del medio rural y fijar población y dar una oportunidad a la gente joven que tenga una idea y que tenga ganas de emprender con el fin de que puedan colaborar en este espacio, para lo cual el Gobierno regional dedica 579.000 euros.
