El Gobierno aprueba los planes de cuenca, con el recorte del Tajo al Segura

El Gobierno aprueba un caudal mínimo progresivo para el río Tajo y recortar el trasvase entre 70 y 110 hm3 hasta el año 2027. Los planes de cuenca 2022-2027 contemplan inversiones de 22.844 millones de euros para 6.500 medidas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (i), y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (d), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - EP/Carlos Luján
photo_camera La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (i), y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (d), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - EP/Carlos Luján

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, que entre otras novedades incluye el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.

En concreto, el Real Decreto incluye la revisión de los planes hidrográficos de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha indicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobación de la planificación hidrológica supone una muestra del trabajo "escrupuloso" y "riguroso" que da cuenta de como este Gobierno trabaja con anticipación y eficacia en la gestión de los recursos.

En su comparecencia, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ha explicado que el Gobierno ha aprobado este tercer ciclo de planificación para las 12 cuencas que depende de la administración general del Estado y, además, de las demarcaciones de Galicia-Costa y Baleares y ha señalado que aún falta por aprobar Canarias y Andalucía.

En total, estas 12 cuencas abarcan el 86 por ciento del territorio y el 65 por ciento de la población tras un recorrido de tramitación de "algo más de tres años" en un "dilatado" proceso con el fin de facilitar la planificación con la aportación de todas las partes, según la vicepresidnta.

Ribera ha destacado las prioridades de la planificación que "por primera vez" tiene en cuenta los escenarios de cambio climático; el riesgo de inundación; las obligaciones en materia de saneamiento y depuración; la lucha contra la contaminación difusa; la gestión sostenible de las aguas subterráneas; garantizar la seguridad de suministro y mantener planes especiales para preservar la biodiversidad de espacios emblemáticos como Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o las Tablas de Daimiel.

Respecto a los escenarios climáticos, la vicepresidenta ha asegurado que desde los años 80 España ha sufrido una reducción próxima al 12 por ciento de sus recursos hídricos y la perspectiva hasta 205 es la de una reducción adicional de entre el 14 y el 40 por ciento del agua disponible.

Por otro lado, Ribera ha incidido en que los planes de cuenca permiten a España prepararse para el riesgo de inundación y mejorar las inversiones hasta niveles nunca conocidos para mejorar el saneamiento y la depuración porque España sigue pagando multas coercitivas por este motivo.

RECORTE DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

En cuanto a una de las cuestiones que más polémica ha suscitado la tramitación de este Real Decreto, el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo que supondrá una reducción del volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura, la vicepresidenta ha garantizado el compromiso del Gobierno con el Levante pero ha advertido de la necesidad de anticiparse para asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo en materia de recursos hídricos.

Por ello, ha defendido la aplicación "por primera vez" de un caudal ecológico para el Tajo, para garantizar la "buena gestión" con un caudal ecológico que no suponga "ningún riesgo" para las cuencas que hasta ahora se han beneficiado del Tajo-Segura.

En concreto, la nueva planificación contempla un caudal ecológico mínimo de 7 hectómetros cúbicos (hm3) en 2023 y de hasta 8,65 hectómetros cúbicos en 2026 en el río Tajo. Así, la vicepresidenta ha asegurado que en "el peor de los escenarios" la reducción máxima de agua trasvasable está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío.

Así, ha subrayado que estos recursos hídricos adicionales permitirán "como mínimo" 140 hm3 nuevos, es decir un volumen "superior al agua que se dejaría de trasvasar como pérdida del caudal ecológico incluso en épocas de sequía".

En ese sentido, ha agregado que el Gobierno no quiere que estos recursos supongan una "carga inasumible" a los agricultores por lo que se ha comprometido a poner un precio tope de 34 euros para el agua desalada, inversiones en renovables y eficiencia del regadío.

La vicepresidenta ha reconocido al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, su voluntad para que estas inversiones sean "transparentes", "participadas", y que el Gobierno pueda demostrar cómo se van cumpliendo los distintos hitos de la planificación con los respectivos territorios.

En ese sentido, ha señalado que los volúmenes adicionales de desalación supondrán 547 millones de euros entre la capacidad de desalación con fotovoltaica y una ampliación de la capacidad de las desaladoras de 70 hm3 de los usuarios del Tajo-Segura que permite tener esa apuesta en 2026.

En este contexto, la vicepresidenta ha afirmado que cumplir la legislación europea, nacional y las sentencias judiciales debe ser una "premisa incuestionable" para "cualquier" ciudadano, institución y grupo parlamentario, lo que supone la obligación de establecer caudales ecológicos.

"Lo más sintomático e importante es anticiparnos a un escenario problemático", ha reiterado Ribera, que opina que no se puede depender solo de la lluvia disponible en un escenario de escasez cada vez más frecuente, por lo que ha recalcado la importancia de gestionar los recursos con inteligencia, participación, coordinación entre administraciones y reflejando la importancia económica que tiene el agua en política de precios, recuperación de costes, pero poniendo atención a las personas en el centro.

Finalmente, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno ha leído "con atención" las recomendaciones del Consejo de Estado, que tiene un enfoque "adecuado" respecto a las expectativas de gestión respetando el caudal del Tajo.

'GUERRA DEL AGUA': "ESTEREOTIPO"

Preguntada respecto a la conocida como "guerra del agua", ha preferido no quedarse con expresiones como "estereotipo" sino que ve fundamental "trabajar en lo que une" y no enfrentar territorios, sino encontrar soluciones "juntos".

De ese modo, ha afirmado que "nunca antes" había habido "tantos recursos" y ha garantizado la "total" disponibilidad del Gobierno para seguir trabajando de la mano con "todos" los actores incluidos las comunidades de regantes.

En concreto, la vicepresidenta ha apuntado que en estos cinco próximos años se dispondrá de más de 22.000 millones de euros en recursos y de ellos, más de 10.000 millones para modernizar las políticas hídricas.

MÁS DE 22.000 MILLONES PARA 6.500 MEDIDAS

El Real Decreto que revisa doce planes hidrológicos para el tercer ciclo de planificación, es decir el periodo 2022-2027, que contemplan inversiones de 22.844 millones de euros con los que se establecen más de 6.500 medidas para inversiones en modernización, mejora de saneamiento y depuración, abastecimientos, regadíos y conservación del dominio público hidráulico.

En concreto, de los 22.844 millones de euros, se destinarán 6.600 millones de euros destinados a actuaciones de mejora del saneamiento y la depuración y 2.200 para mejora de abastecimientos. Además, se invertirán más de 5.000 millones de euros en infraestructuras de regadío, más de 2.000 millones de euros para gestión del riesgo de inundación y casi 1.300 millones de euros para restauración y conservación del dominio público hidráulico.

La aprobación de los 12 planes de cuenca culmina el proceso de revisión del tercer ciclo de planificación hidrológica con retraso, puesto que debía haber sido remitida a Bruselas antes de acabar 2022 y tiene en cuenta por primera vez los escenarios y desafíos de cambio climático, los fenómenos extremos, las sequías o las inundaciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico asegura que están completamente alineados con las políticas europeas como el Pacto Verde, el Plan de 'Contaminación Cero' y con la nueva Directiva europea de calidad del agua para consumo humano.

De la distribución de las inversiones para acometer las 6.500 medidas previstas más de 10.600 millones de euros, el 46,7 por ciento del total, serán aportados por la Administración General del Estado. Además, casi 8.300 millones de euros (el 36,3%) correrán a cargo de las comunidades y ciudades autónomas; más de 2.300 millones de euros (10,2%) serán financiadas por la administración local y más de 1.500 millones de euros restantes, el 6,7%, serán financiadas por otros agentes.

Entre estas inversiones, destacan algunas como los más de 6.600 millones de euros se destinarán a actuaciones de mejora del saneamiento y la depuración; los más de 2.200 millones de euros para mejora de los abastecimientos; más de 5.000 millones de euros que se invertirán a infraestructuras de regadío; más de 2.000 millones de euros para gestión del riesgo de inundación y casi 1.300 millones de euros para la restauración y conservación del Dominio Público Hidráulico.

En la tercera revisión de la planificación hidrológica, a diferencia de las planificaciones de primer y segundo ciclo, los planes definen caudales ecológicos para todas las masas de agua, determinando caudales mínimos y máximos, de forma que se aseguren la protección de las masas de agua, los ecosistemas y el territorio.

Del mismo modo, se recogen las medidas necesarias para reducir las presiones ambientales que sufren las masas de agua, actuando sobre las actividades que las generan.

Según datos del Gobierno, los caudales de los ríos españoles se han reducido un 12 por ciento desde 1980. Para adaptarse a una realidad en la que el cambio climático reducirá la disponibilidad del agua, el texto plantea un cambio de tendencia en el uso de los recursos.

En concreto, se reducen las asignaciones para los distintos usos pasando de los 28.000 hm3/al año que marcaba la anterior planificación a 26.800 hm3/al año, una medida orientada a garantizar el acceso equitativo al agua para todos los ciudadanos.

Para diversificar las fuentes de obtención del recurso la desalación contará con más protagonismo para garantizar el suministro y equilibrar las demandas y los requerimientos medioambientales.

En materia de fomentar la calidad del agua, se impulsará junto a las administraciones competentes, la mejora del saneamiento y la depuración parar subsanar retrasos acumulados por nuestro país en el cumplimiento de la normativa europea sobre protección de aguas residuales.

En la misma línea, se refuerzan las medidas para luchar contra la contaminación difusa, tal y como marca el Real Decreto de enero de 2022 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa provocada por los nitratos agrarios. Además, se contemplan medidas para luchar contra los contaminantes emergentes como microplásticos o antibióticos.

La nueva planificación también incide en la recuperación ambiental de los espacios fluviales y en reducir el riesgo de inundación, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, y también en la seguridad hídrica.

Por otro lado, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, estos planes junto con los de 'Gestión del Riesgo de Inundación', aprobados en el Consejo de Ministros del pasado martes, y los planes Especiales de Sequía, que se aprobarán este año, contemplan las principales medidas que permitirán lograr el buen estado de las masas de agua y conseguir un alto grado de seguridad hídrica y, en definitiva, respetar el medio ambiente sin comprometer el desarrollo socioeconómico.

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