Las ciudades de Toledo y Cuenca, cuyos conjuntos históricos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1986 y 1996, respectivamente; han demostrado tener siempre un importante papel dentro del Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad (GCPHE), una asociación constituida en 1993 por Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago, Segovia y Toledo; y que desde el primer momento entendió que para adquirir relevancia debía ser capaz de priorizar una defensa conjunta de sus núcleos arquitectónicos históricos, por encima de los intereses partidistas.
Cuenca se unió a esta asociación en 1998; al igual que lo hicieron en una segunda fase, Alcalá de Henares, Córdoba, Ibiza, Mérida, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, y Tarragona.
Este ejemplo de unión, cooperación y diseño de estrategias comunes por parte de los actuales 13 ayuntamientos que conforman el GCPHE, debería servir para que otros modelos de representación intermunicipal tomaran nota, como el caso de la FEMP, cuyas guerras políticas han terminado por deteriorar la actual imagen del que debería ser el organismo más representativo del municipalismo actual.
Castilla-La Mancha cuenta afortunadamente con dos de los cascos históricos más importantes del mundo como es el caso de Toledo y Cuenca, además de tener dentro de estas ‘ciudades-reinos’, una de las mayores concentraciones de monumentos arquitectónicos, artísticos o culturales, de toda Europa.
El prestigio y la fama mundial adquirida por los conjuntos históricos de Toledo y Cuenca, también se convierte en una mayor carga de responsabilidad por parte de sus equipos de Gobierno, a la hora de desarrollar políticas de protección del patrimonio; que a su vez deben llevar otras actuaciones municipales complementarias, como son los servicios de limpieza y recogida de basuras; la ordenación del tráfico; la promoción de un turismo sostenible o el urbanismo; y alguna de estas políticas municipales desarrollada en CLM no han pasado desapercibidas por el CGPHE.
La reforma de la Administración Local, los continuos esfuerzos de racionalización presupuestaria, la exención de una política tributaria para Bienes Culturales son algunos de los retos que tendrán que afrontar los ayuntamientos de este Grupo, y que cuentan con un presupuesto que asciende a 1,6 millones de euros.
