La reforma de la financiación autonómica y la búsqueda de un pacto educativo entre el Gobierno y las comunidades se vislumbran como los asuntos centrales de la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, la segunda desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa.
Dos asuntos que se irán perfilando en la reunión que la vicepresidenta y ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, tendrá con los consejeros de Presidencia el miércoles que viene, tal y como han indicado a Efe fuentes conocedoras de los preparativos.
Pero puede haber más, pues es intención del Ejecutivo dar contenido político de envergadura a una Conferencia que llevaba sin celebrarse desde octubre de 2012. Es probable que además de la del día 21, haya una segunda reunión en las jornadas anteriores a la del cónclave.
Sobre qué formato se seguirá ha trascendido poco. De sesiones anteriores (la de enero será la sexta) han quedado algunas quejas sobre los tiempos de intervención de un evento en el que hablan casi 20 altos representantes del Estado.
Además de Rajoy y previsiblemente de Sáenz de Santamaría, tomarán la palabra, y varias veces según los temas, 15 presidentes autonómicos (no se incluyen los de Cataluña y Euskadi, que se ausentarán si no cambian de planes) y los de Ceuta y Melilla.
La Conferencia de Presidentes fue un órgano que inició José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que continuó durante sus casi ochos de mandato con cuatro ediciones más y que Rajoy dejó temporalmente paralizado en octubre de 2012.
La lista de cuestiones que se han abordado es amplia: la primera Conferencia trató la financiación sanitaria, entre otras cuestiones; y la segunda canalizó nuevas inyecciones financieras, como los 1.600 millones de euros para paliar el déficit o el pago de anticipos cuya liquidación estaba pendiente.
La inversión en I+D+i y la política hidrológica coparon la tercera Conferencia, en tanto que la cuarta se centró en la Ley de Economía Sostenible y en la violencia de género, entre otros asuntos; en la quinta, ya con Rajoy de presidente del Gobierno, la crisis económica y el cumplimiento de los ajustes absorbieron la agenda.
Para la sexta, la reforma del modelo de financiación autonómica se vislumbra como la cuestión clave, y a ella le acompañará la forja de un acuerdo educativo que ponga fin a años de reproches y discrepancias por la LOMCE.
Respecto al primero, los gobiernos del PSOE pondrán el acento en asegurar que la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia reciben financiación suficiente. Es lo que piden Andalucía, Asturias, Baleares (que aboga además por un régimen fiscal especifico al modo del REF canario) o Castilla-La Mancha.
Extremadura, tal y como ha apuntado su presidente, Guillermo Fernández Vara, y Comunitat Valenciana, en línea con lo dicho por Ximo Puig, aportarán un asunto más: la relación con la UE.
Los gobiernos autonómicos del PP coinciden en la urgencia de reformar el modelo de financiación vigente desde 2009, desfasado ya por el ritmo de los tiempos: aparte de mantenerse las desigualdades entre lo que reciben las regiones más ricas y lo que llega a las más pobres, casi todas las autonomías han denunciado, y con intensidad en últimas fechas, que están infrafinanciadas.
Es lo que repite la Generalitat valenciana o lo que protesta cuando tiene ocasión el presidente canario, Fernando Clavijo, quien hace pocos días señaló que las islas dejan de percibir cada año más de 400 millones porque el modelo tiene en cuenta la menor presión fiscal de su régimen económico, el REF.
Su homólogo murciano, Pedro Antonio Sánchez, suelta la misma crítica, pero con números diferentes: a Murcia no van unos 230 millones que les correspondería si el sistema no estuviera distorsionado.
Castilla y León, al igual que Galicia o La Rioja, pedirán que dos de los ejes de la nueva financiación se sitúen en la extensión del territorio y en la despoblación, un fenómeno que preocupa también al presidente extremeño.
Por tanto, y en esto coincide la Comunidad de Madrid, hay que reformar el modelo cuanto antes, así que está claro qué tema acaparará casi toda la Conferencia de Presidentes.
El clima educativo avanza más calmado desde que hace unas semanas Gobierno y comunidades, en la conferencia sectorial, acordaran aplazar los efectos académicos de las evaluaciones de ESO y de Bachillerato, una reivindicación de muchas comunidades y una promesa de Rajoy durante el debate de su investidura.
Ante este nuevo ambiente de concordia, el Gobierno tiene entre sus planes buscar un pacto de vuelo político en la Conferencia. Cómo se diseñará éste es algo que irá construyendo con las comunidades.
Por el carril de las propuestas circulan otras, como la posible revisión de la Constitución para acomodar mejor a las autonomías (Vara ha hablado de avanzar hacia un encaje más federal) o la potenciación de infraestructuras estancadas, que es lo que pide Aragón.
Durante la semana se desvelarán algunos interrogantes latentes, y así, irá cogiendo cuerpo un órgano que han resucitado los nuevos tiempos de diálogo.
