El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que el objetivo de la financiación autonómica es "garantizar realmente" la igualdad en los servicios públicos, partiendo de que el 90 % del presupuesto se destina sanidad, educación y servicios sociales, y no financiar "caprichos" ni "privilegios".
En una entrevista en Onda Cero tras la cumbre de ocho presidentes autonómicos este martes en Santiago de Compostela, García-Page ha explicado que es necesario plantear unas coordenadas estructurales básicas para solucionar a medio y largo la financiación autonómica y "no estar en una tortura cada cinco años" de revisión del modelo.
Ha subrayado que las grandes competencias, en lo que se refiere a presupuesto, ya están transferidas a las comunidades autónomas y ha agregado que "el objetivo fundamental es poder garantizar realmente la igualdad de los servicios públicos" partiendo de que el 90 % del presupuesto "a los que no tenemos caprichos ni privilegios" es sanidad, educación y servicios sociales.
García-Page ha explicado que hay autonomías no presentes en el foro de Santiago de Compostela que ofrecen "una imagen en positivo", como Andalucía y la Comunidad Valenciana, pero que tienen una realidad por la cual se inclinan más hacia un modelo que prime la población, porque no tienen el problema de dispersión de los servicios que tienen otras regiones.
A su juicio, esto es "legítimo" y es el Gobierno el que tiene que "encajar" un fondo en el que haya una previsión distinta para los servicios que son básicos "de esos otros que son secundarios o accesorios", y en este sentido ha dicho: "si a alguien le da por tener embajadas por el mundo y pagarse servicios exteriores, lo considero un capricho qu se lo tendría que pagar de sus propios impuestos".
Sobre determinadas marcas locales que podrían presentarse a unas elecciones generales, ha dicho que "el populismo que está quedando, y es muy peligroso, es del de origen territorial" y sobre el cual ha apuntado que "crea problemas que no tienen solución" en vez de arreglar problemas que sí tienen solución "y que son los que nos preocupan de verdad".
ERespecto a que los centros catalanes deben impartir como mínimo el 25 % de las materias en castellano, según el Tribunal Supremo, García-Page ha reflexionado que el problema es utilizar el catalán como "elemento de ataque" al castellano y ha puesto el ejemplo de lo que ocurre en Galicia, donde se estudia y habla con naturalidad el gallego pero "no es un problema" porque no se utiliza como "arma arrojadiza" contra el castellano.
