Expertos y agentes del medio rural han vuelto a poner el acento este martes en la crítica situación de los municipios pequeños por la creciente despoblación y en la necesidad de la implicación de toda la sociedad para frenar este fenómeno así como el apoyo a las empresas.
Estas han sido algunas de las propuestas de los cuatro ponentes que han pasado esta jornada por la comisión no permanente de estudio de las Cortes regionales para alcanzar un pacto contra la despoblación en Castilla-La Mancha.
El primero de estos ponentes ha sido el presidente de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, quien ha pedido la implicación "de todos y cada uno de los ciudadanos" para que "empaticen" con el problema del mundo rural y caminen unidos hacia "un gran pacto nacional contra la despoblación".
Recamder, que representa a 29 Grupos de Acción Local en Castilla-La Mancha, 9 de los cuales trabajan en áreas de riesgo severo de despoblación con menos de 9 habitantes por metro cuadrado, ha advertido de que la realidad del medio rural es "muy preocupante" y que tiene un "futuro incierto".
Por ello, ha considerado que requiere de soluciones "inmediatas y drásticas" para que los pequeños municipios "no se conviertan en lugares fantasmagóricos sin vida".
Entre esas medidas, ha propuesto la extensión de la banda ancha así como infraestructuras, equipamientos y servicios básicos al alcance de todos los ciudadanos, y el agua como elemento beneficioso para la agricultura, la ganadería y la implantación de industrias.
Asimismo, ha planteado la discriminación positiva con medidas fiscales compensatorias para el medio rural, el fomento del emprendimiento y la diversificación económica, una atención prioritaria a jóvenes, mujeres, mayores y personas con discapacidad y, en definitiva, servicios básicos en un radio al menos de 30 kilómetros.
El secretario general de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Félix Peinado, ha cogido el testigo en la comisión y durante su exposición ha trasladado la necesidad de adoptar medidas "claras y concretas" para evitar que el problema del despoblamiento se profundice.
Peinado ha defendido que las empresas son imprescindibles para garantizar el futuro de las áreas rurales y para evitar la despoblación pero ha matizado que son una condición "necesaria pero no suficiente" porque no basta sólo con crear empleo para fijar población.
En este sentido, ha planteado que la acción no debe enfocarse solo a atraer nueva inversión sino también a ayudar a consolidar las empresas que ya existen y que tienen vocación de permanencia en los pueblos pese a las "desventajas" que tienen frente a empresas de grandes núcleos urbanos, a través de ventajas fiscales y de la reducción de los costes de la Seguridad Social y de la burocracia.
También ha apostado por diversificar la economía e impulsar sectores como el del turismo, así como dotar de mejores infraestructuras de comunicación.
En esta línea, el siguiente ponente, el profesor del departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares José Carlos Díez ha subrayado la importancia de que las empresas del medio rural entren en procesos de digitalización a la hora de comercializar sus productos.
De hecho, ha recomendado a las empresas de pequeños municipios que contraten "expertos en marketing digital", también en el sector turístico, al tiempo que ha apostado por la agrupación de cooperativas agrarias para adaptarse al nuevo escenario comercial.
La jornada ha concluido con la intervención de la coordinadora de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), Sara Bianchi, quien también ha abogado por la implicación del conjunto de la sociedad, sumada al compromiso de las instituciones, para frenar el fenómeno de la despoblación y hacer que los territorios despoblados sean "viables".
Bianchi ha presentado ante la comisión un documento de líneas estratégicas elaborado por la SSPA que recoge como medidas a adoptar la reformulación de las actuales políticas de reequilibrio y cohesión territorial y la dotación de infraestructuras y telecomunicaciones.
Asimismo, este documento propone una actividad económica con una fiscalidad diferenciada, servicios a la población y fomentar la cultura e identidad rural.
