La experta en Derecho Público y de la Empresa, Mónica de la Calzada, ha propuesto que la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 no incluya a miembros natos en el Consejo Consultivo ni afiliados a partidos políticos y obligue a una participación "equilibrada" entre hombres y mujeres.
Esta abogada, profesora y exasesora del Defensor del Pueblo ha sido el quinto experto en comparecer en la Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 constituida en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Ha centrado su intervención en el Consejo Consultivo, que en su opinión debería regularse en una ley separada del Consejo de Gobierno, y ha propuesto que no tenga miembros natos sino solo electos designados por las Cortes regionales y en cuya propuesta pueden participar colectivos como el Consejo de la Abogacía y la universidad, siguiendo el modelo que ha adoptado Navarra este año.
Ha dejado claro que, desde su punto de vista, una persona no puede ser miembro del Consejo Consultivo y ocupar un cargo político y ni siquiera estar afiliado a un partido, sindicato u organización empresarial por la necesidad del Consejo de "dictaminar con autoridad" y en aras a garantizar "independencia".
Mónica de la Calzada ha señalado su posición contraria a que los miembros del Consejo Consultivo acumulen cargos, algo que "no es lo más adecuado para la democracia real" y que impide un reparto del poder tal y como considera el Consejo de Europa.
No obstante, el aspecto que ha considerado "más importante" de su intervención es que el Consejo Consultivo tenga una participación "equilibrada" entre hombres y mujeres ya que pese a la leyes de igualdad en este momento no tiene a ninguna mujer y desde 1996 solamente ha habido dos: una de 2004 a 2011 y otra de 2006 a 2011.
De la Calzada ha criticado que "no se ha tendido ni se ha hecho nada, realmente, para promover que se tienda a esa participación equilibrada" en las instituciones, y ha citado que el Consejo Consultivo de Andalucía ya recoge la obligación de que ambos sexos estén representados en, al menos, un 40 por ciento, con lo que en este momento 4 de sus 10 miembros son mujeres.
Ha agregado que incluyendo esta obligatoriedad se cumplen normativas nacionales e internacionales, entre ellas una "muy rica y profusa" europea, y ha afirmado: "para cumplir con esos estándares mínimos correspondería en la futura reforma la inclusión de la participación equilibrada en el Consejo Consultivo como un derecho y una obligación".
La experta también se ha referido a la oportunidad de la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 y ha citado la conveniencia de regularlo en leyes separadas como hacen todas las comunidades que tienen Consejo Consultivo y como ha hecho Aragón, que en 2009 separó con una ley independiente su Consejo Consultivo con argumentos "perfectamente extrapolables" a Castilla-La Mancha.
También ha defendido la existencia del Consejo Consultivo y ha explicado que supresión de estos órganos en Madrid y Extremadura no ha supuesto el ahorro que se preveía, ya que se ha creado una comisión jurídica asesora, que en el caso de Extremadura asumió al personal del extinto Consejo Consultivo y que, además, es un órgano de la Administración, lo que "complica" su independencia.
Otro ejemplo citado es Murcia, que tuvo en principio una comisión jurídica asesora y en 1997 reformó la ley para crear un Consejo Consultivo.
Mónica de la Calzada ha defendido, asimismo, la eficiencia del Consejo Consultivo que debe valorarse también en que sus dictámenes se conozcan y se explique si se aceptan o no y los motivos.
Por su parte, los diputados del PP y del PSOE José Miguel Tortosa y Miguel Ángel González Caballero han mostrado dudas sobre cómo articular legalmente que un miembro del Consejo Consultivo no milite en un partido y González Caballero (PSOE) y el diputado de Podemos José García Molina han estado de acuerdo con la propuesta sobre paridad.
En esta Comisión de las Cortes han comparecido ya cinco de los nueve expertos previstos hasta el 12 de diciembre, cuando acudirán el catedrático de Derecho Administrativo Miguel Beltrá y el presidente del Consejo Consultivo, Emilio Sanz Sánchez, según el calendario que propia Comisión aprobó en septiembre.
