El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid investiga una denuncia del que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, despedido por el partido en diciembre, y ha abierto diligencias por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal.
Según han adelantado este miércoles El Confidencial y El Diario.es y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el titular del Juzgado, Juan José Escalonilla, ha dictado en un auto la apertura de diligencias previas al apreciar que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Entre otras diligencias, el magistrado ha citado a Calvente el próximo 29 de julio para ratificar su denuncia por delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos, que consta de 40 folios y en la que relata que conoció los hechos denunciados a partir de 2018, lo que considera ha sido la causa de su despido.
También ha citado el juez en relación a esta denuncia a la que fuera responsable del Equipo Legal de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo, y a otra abogada del equipo de Calvente despedida, Mónica Carmona, quien fuera responsable de Cumplimiento Normativo en la formación, ambas para el 15 de septiembre.
Al ser preguntado por Efe, Calvente ha declinado hablar sobre el contenido de la denuncia por respeto al secreto de las actuaciones y del proceso judicial.
No obstante ha precisado que no se trata de una denuncia "contra Podemos" como partido, sino "contra algunas personas con cargos y trabajo dentro de Podemos que presuntamente han cometido irregularidades abusando de sus cargos y puestos de trabajo".
Entre los empleados y dirigentes de Podemos señalados figurarían Juanma del Olmo y Rafael Mayoral, este último también diputado del Congreso.
En el auto de apertura de diligencias previas, el juez pide a la Policía que identifique a "la persona física y jurídica que bajo la denominación #404 Comunicación Popular solicitó la cantidad de 55.000 euros a la Caja de Solidaridad de Podemos".
Se trata, dice el auto, de una serie de diligencias "esenciales" para determinar "la naturaleza y circunstancias" de los hechos presentados por el denunciante y la identidad de las personas que pudieran haber intervenido.
Al presentar la denuncia, la Guardia Civil elaboró un atestado que remitió a un juzgado de Martorell rebajando los posibles delitos a malversación de caudales públicos y administración desleal.
Debido al parón por el estado de alarma, este juzgado se inhibió tiempo después de la denuncia en favor de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por haber sucedido allí los hechos.
El asunto recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que una vez recibida la documentación acordó abrir diligencias el pasado 16 de julio.
En diciembre, la dirección de Podemos comunicó su despido por burofax al abogado José Manuel Calvente, hasta entonces responsable de Protección de Datos del partido, tras abrirle un expediente por un supuesto acoso sexual y laboral a una trabajadora.
La denunciante era Marta Flor Núñez, la abogada del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de la que ha trascendido su relación con el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa -que se está investigando-, a raíz de las publicaciones de las conversaciones en un chat de abogados de Podemos.
QUEDARÁ "EN NADA"
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido de que la investigación de dicha denuncia quedará "en nada", al igual que ha sucedido en anteriores ocasiones.
"A nosotros nos llevan investigando desde que nacimos. Creo que es un elemento de salud democrática que se siga investigando y que la investigación llegue hasta el final. Nuestra máxima colaboración con la justicia, como siempre", ha asegurado Pablo Iglesias a los periodistas a su llegada a los cursos de verano de la Universidad Complutense.
Iglesias ha dicho que en estos seis años en que está al frente de Podemos le han acusado de "cobrar dinero de Irán y de todo tipo de delitos terribles", pero ha dicho que "siempre ha quedado en nada" cuando eso se ha puesto en manos de los tribunales.
"En esta ocasión ocurrirá lo mismo, pero tenemos que acostumbrarnos a que esa situación se va a seguir produciendo. Máxima colaboración con la justicia, quien nos acuse de delitos debe ir a los tribunales", ha indicado Iglesias, que considera que "ninguna formación" ha sido tan investigada como la suya y no han encontrado "la más mínima mancha".
Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno ha evitado responder sobre el operativo policial para proteger su casa ante las protestas de ciudadanos, porque considera que "todo lo que tiene que ver con la seguridad" de su familia compete al Ministerio del Interior.
Preguntado sobre las críticas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por no llevar la mascarilla ayer en el recibimiento al presidente Pedro Sánchez a su llegada del Consejo Europeo, ha dicho que "todos" se ponen la mascarilla cuando no se puede guardar la distancia física, pero ha dicho que en el Consejo de Ministros se la quitan para las reuniones.
"En esto tenemos que seguir apelando a la responsabilidad, a seguir siendo todos muy cuidadosos en el uso de las medidas de distancia social... Es evidente que cualquiera de nosotros tiene situaciones en las que deja de hacer uso de la mascarilla", ha añadido Iglesias.
Y ha dicho que también a él se le podría cuestionar que no la llevase en ese momento, mientras hacía declaraciones a la prensa, aunque lo ha considerado "lógico" en ese contexto.
