El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, a pocos días de que termine el ultimátum que dio el presidente regional, Emiliano García-Page, al Gobierno de Pedro Sánchez, ha abogado por remitir directamente a las Cortes Generales la Proposición de Ley contra la ocupación ilegal de viviendas aprobada en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha hace un año con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP.
En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez Guijarro ha explicado que en el caso de no recibir respuesta por parte del Gobierno central, "la decisión que nos puede corresponder como comunidad autónoma es tramitarla nosotros directamente ante las Cortes Generales" para que sean éstas las que la tomen en consideración y puedan tramitarla en su caso, ha apuntado.
El Parlamento regional dio el visto bueno a esta legislación que afecta a normativa nacional, y tomó la decisión de remitirla al Gobierno central para que fuera el propio Ejecutivo de Sánchez quien la asumiera como propia, pero toda vez que tras pasar un año natural no se han registrado movimientos desde Moncloa, se optará por la segunda de las vías, que es enviarla al Congreso de los Diputados para que pueda valorar la puesta en marcha de su tramitación.
En concreto, fue el 17 de diciembre del año 2020 cuando el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó, con el apoyo de Cs y la abstención del PP, la Proposición de Ley, para elevar al Gobierno de España --de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución Española-- el Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.
"Nosotros creíamos por lo complejo del tema y por las implicaciones que tiene que era importante que el Gobierno la asumiera y fuera el Gobierno, con la base de la Proposición de Ley, quien, con las modificaciones que tuviera oportunas, la pudiera trasladar a las Cortes Generales", ha abundado el vicepresidente.
Según ha dicho, el debate sobre la ocupación ilegal de viviendas se tiene que producir en el seno de la Administración del Estado, "y no estoy pensando solo en el Gobierno sino también en el Congreso de los Diputados, que es donde radica la soberanía", ha indicado.
En septiembre el presidente regional lanzaba un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez y ponía como fecha diciembre para que tomara en consideración esta propuesta legislativa. "Dijimos diciembre, si esto no se produce, tenemos que ver, porque esto es una proposición de las Cortes, tenemos que ver con los grupos parlamentarios si volvemos retomar el asunto y en este caso ya trasladarlo directamente a las Cortes Generales", ha añadido.
Ahora el acuerdo tiene que ser, ha señalado el vicepresidente, trasladar la Proposición de Ley directamente a las Cortes Generales. Según ha explicado, habrá que designar unos representantes de las Cortes de Castilla-La Mancha que defiendan la toma en conocimiento de esa ley en el Congreso y, "obviamente, son los diputados los que tienen que votar si la admiten a tramite o no la admiten a trámite".
El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha destacado Martínez Guijarro, sigue pensando que "hay que hacer una reflexión" sobre el tema de la ocupación ilegal de viviendas ya que "sigue siendo un problema de primer orden en algunas zonas muy importantes de la región".
"Nosotros ahí no tenemos capacidad de actuación y los ayuntamientos las tienen muy mermadas, y lo que planteamos es que se generen herramientas para dar respuesta a ese problema" que afecta a muchas comunidades de vecinas en la región, ha apostillado.
Así, ha lamentado que muchas personas que han adquirido su vivienda ven que "de la noche a la mañana" su vida normal se ve "alterada" por la ocupación de las viviendas aledañas a la suya que "trastocan la convivencia social de una manera importante". "Hemos visto ejemplos durante las últimas semanas, incluso de violencia preocupante en algunas de estas zonas", y es por ello que ha emplazado al Gobierno de España a "mover ficha" en este sentido.
El objeto de esta ley pasa por la regulación de medidas de protección del patrimonio y su legítima posesión, de potenciación de las medidas adoptables por las autoridades competentes para la tutela de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, y de agilización de las vías procesales específicamente dispuestas para tales fines, ante situaciones de ocupación ilegal.
PREVISIÓN LEGISLATIVA
De otro lado, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha referido la previsión legislativa del Gobierno regional de cara al próximo periodo de sesiones.
En este momento hay dos leyes en las Cortes que están en tramitación. Se trata de la ley de Aguas, y la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, también conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de 2022, que previsiblemente se aprobarán en el primer trimestre y en el primer pleno que se celebre en el Parlamento, respectivamente.
Dentro de la previsión para el siguiente periodo de sesiones, Martínez Guijarro ha destacado la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBi, que ya ha sido remitida al Consejo Consultivo y que espera que en los primeros tres meses del año esté ya en las Cortes y se pueda tramitar.
La previsión del Ejecutivo hasta agosto también incluye la Ley de la Viña y el Vino, "otro proyecto trabajado con el sector desde hace tiempo"; la Ley de Infancia, una modificación de Ley de Vías Pecuarias para adaptar esta legislación que "bastante antigua" en la región y dotarla de "un poco de flexibilidad"; así como un Proyecto de Ley de Resolución de Conflictos en materia de Consumo.
COMISIÓN COVID EN LAS CORTES
Por otra parte, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que no ve necesario reactivar la comisión no permanente de estudio sobre la gestión y los efectos de la COVID-19 en la región en el Parlamento regional y ha recordado que ya existe un grupo de expertos creado a nivel nacional que evaluará la gestión de la pandemia en España.
Durante la entrevista, Martínez Guijarro ha afirmado que "las circunstancias han cambiado" y "la realidad de la región es absolutamente distinta a la que había en aquel momento".
Además, ha dicho que han cambiado "mucho" las cosas desde que se planteó la creación de la comisión e incluso --ha indicado-- hay un grupo de expertos a nivel nacional que está haciendo un análisis de cuál fue la actuación en la primera ola y en las sucesivas que se han producido.
Dicho esto, el vicepresidente regional ha afirmado confiar en el trabajo de estos expertos, un estudio que "hablará sobre el conjunto del país". "Podremos ver cuáles son las conclusiones que se sacan, fundamentalmente de cara a futuro ante posibles nuevas epidemias que puedan surgir en un futuro, esperemos que lejano", ha declarado.
PRIMERA TANDA DE CELEBRACIONES
En otro orden de cosas, se ha referido a la comisión de salud pública que está previsto que se reúna esta semana tras esta primera tanda de celebraciones navideñas. "Si no hay un cambio radical de tendencia, nuestro planteamiento es no establecer nuevas restricciones durante los próximos días", ha manifestado.
De otro lado, el vicepresidente autonómico ha sostenido que el Gobierno de Castilla-La Mancha no contempla a día de hoy exigir el pasaporte COVID como sí ocurre en otras comunidades.
Martínez Guijarro también ha hablado de los lugares específicos que tiene previsto abrir la Consejería de Sanidad para hacer test COVID fuera de los centros de salud con el fin de aliviar la tensión en el sistema de Atención Primaria. Uno de esos puntos se abrirá en una de las instalaciones del nuevo hospital de Toledo, ha avanzado.
"Si vemos que existe un incremento importante de la presión después de esta primera parte de las fiestas navideñas, pondremos en marcha" estos lugares específicos para realizar test COVID, ha dicho.
También, ha recordado, se han reabierto los centros de vacunación masiva --algunos ya están operativos-- para vacunar a personas mayores de 50 años con la tercera dosis y a los mayores de 16 años que no se hayan vacunado hasta estos momentos.
CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Asimismo, ha defendido la decisión que planteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes, "de unas medidas mínimas de prevención para el conjunto del país y que luego cada uno de los territorios planteara a los tribunales superiores de justicia aquellas medidas que considerara necesarias para adaptarlas a la realidad que hay en cada territorio".
"Paradójicamente hay algunos territorios que siempre han querido ser muy autónomos y quieren llevar su autonomía al grado extremo y cuando tienen que tomar este tipo de decisiones quieren ampararse en una decisión de carácter nacional que obligue al conjunto del país, cuando la realidad del conjunto del país es muy distinta de la que tienen en esos territorios", ha abundado el vicepresidente.
Dicho esto, ha argumentado que se están tomando medidas en algunos territorios cuya eficacia "es limitada". "Entendemos que se tomen y creemos que cuando la toman las autoridades sanitarias de esos territorios es porque consideran que es necesario, pero el principal problema en la lucha contra el virus ha sido siempre la movilidad".
"Hasta que no se restringió la movilidad no fuimos capaces de sujetar la expansión del virus", ha admitido Martínez Guijarro, quien ha advertido de que "el problema es que limitar la movilidad es limitar un derecho fundamental y ahí tenemos dos sentencias del Tribunal Constitucional", en referencia al estado de alarma.
"No es que desde Castilla-La Mancha estemos planteando que se limite la movilidad, lo que decimos es que si no hay una limitación de movilidad, la eficacia del resto de medidas es bastante más reducida", ha precisado el vicepresidente, quien ha dejado claro que el Gobierno regional no se ha planteado pedir ninguna limitación de la movilidad en la comunidad autónoma.
"Creemos que las medidas que tenemos en estos momentos son las adecuadas. Ni siquiera restringir la actividad económica de determinados sectores. Es verdad que estas fechas son de mucha interacción social, pero creemos que la situación que hay permite mantener la actividad económica en unos estándares de normalidad".
LEY DE PANDEMIAS
Sobre la creación de una ley de pandemias, Martínez Guijarro considera que existen herramientas jurídicas en estos momentos que pueden usar las comunidades autónomas. "Aunque tuviéramos una ley de pandemias, si tenemos que limitar algún derecho, la tutela judicial nunca no la podremos saltar", ha avisado.
"Probablemente --ha subrayado-- se puedan perfeccionar o afinar algunos mecanismos", pero cree que existen herramientas jurídicas para poder tomar decisiones. "Si alguien plantea que con una ley de pandemias no tendremos que pedir autorizaciones a los tribunales superiores de justicia yo creo que eso no es así, siempre vamos a tener que pedir esas autorizaciones y cada tribunal es autónomo".
A su juicio, "no es una cuestión esencial para luchar contra el virus el contar con una ley de pandemias, que probablemente haya que elaborar cuando la situación esté más tranquila y cuando se saquen conclusiones definitivas de cómo se ha actuado durante estos dos años". "Es una reflexión que hay que hacerla de una manera más tranquila, pero existen herramientas jurídicas suficientes".
