Empresarios, sindicatos y el campo se plantan ante el PP por el Estatuto

Empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias, plataformas del Tercer Sector y representantes institucionales han reaccionado de forma prácticamente unánime a la enmienda registrada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados que modifica el acuerdo alcanzado en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Los agentes sociales advierten de que el movimiento del PP pone en riesgo un texto construido tras meses de diálogo político y participación social, y que consideran clave para blindar derechos, reforzar el diálogo social, consolidar la cohesión territorial y dar estabilidad al medio rural.

La controversia gira en torno a la decisión del PP de plantear en el Congreso que no se incremente el número de diputados en el Parlamento regional, pese a que ese extremo formaba parte del acuerdo sellado en las Cortes autonómicas. Desde distintos ámbitos se insiste en que el debate sobre la horquilla de escaños no puede utilizarse como excusa para reabrir un consenso que costó meses de negociación y que fue respaldado por el tejido económico y social de la región.

CECAM: “No entendemos este cambio de tercio”

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, ha sido uno de los primeros en pronunciarse públicamente. Durante una rueda de prensa celebrada para hacer balance del pasado año, y a preguntas de los medios sobre la enmienda registrada por el Grupo Popular en el Congreso, Nicolás ha pedido “respeto” para el acuerdo alcanzado desde la Comunidad Autónoma en torno a la reforma del Estatuto.

“No entiendo este cambio de tercio”, ha afirmado con claridad, mostrando su sorpresa por el giro del PP en la fase de tramitación nacional. El dirigente empresarial ha asegurado que desconoce “qué otros intereses puede haber” para que el acuerdo no se respete, aunque ha evitado “elucubrar” sobre los motivos concretos del cambio de posición.

Nicolás ha puesto el acento en el esfuerzo que supuso cerrar el consenso en Castilla-La Mancha. “Aquí ha habido un acuerdo muy importante y muy serio”, ha reiterado, subrayando que no fue fácil alcanzarlo y que “nos costó llegar”. Ha recordado que Cecam aportó “todo lo que pudo” al proceso de reforma, al igual que el resto de organizaciones económicas, sociales y la propia sociedad civil de la Comunidad Autónoma.

En relación con el debate sobre el número de diputados, el presidente de Cecam ha defendido que, si dependiera de la organización empresarial, la cuestión sería “facilísima” de resolver. Incluso ha señalado que, dadas las características territoriales de la región, podrían ser necesarios “más” diputados de los que inicialmente planteó el Gobierno regional. Ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con una densidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la convierte en una comunidad extensa y con fuertes desigualdades territoriales. “No veo el escollo de estar peleándonos por el número de diputados en una región tan extensa y tan desigual”, ha afirmado, dejando claro que no considera ese argumento suficiente para bloquear la reforma.

CCOO: “Un absoluto despropósito” tras un trabajo con la ciudadanía

Desde CCOO Castilla-La Mancha, la reacción ha sido igualmente contundente. La secretaria regional de Diálogo Social y Salud Laboral, Raquel Payo, ha calificado de “un absoluto despropósito” que el PP regional no asuma el Estatuto tal y como se ha venido trabajando con la ciudadanía.

En declaraciones ante los medios de comunicación, Payo ha definido la situación actual como “una mala noticia” para la Comunidad Autónoma. Ha insistido en que el Estatuto es un “texto fundamental” para el presente y el futuro de Castilla-La Mancha y ha recordado que su modificación se ha trabajado con la “totalidad” de la ciudadanía castellanomanchega.

La dirigente sindical ha defendido que el proceso no ha sido unilateral ni improvisado, sino fruto de un amplio diálogo social y político, con participación de organizaciones representativas. Para CCOO, el hecho de que ahora se altere el acuerdo en el Congreso supone desvirtuar un trabajo colectivo que había logrado concitar consenso en la región.

El sindicato entiende que el Estatuto no es una cuestión menor ni un mero trámite institucional, sino una herramienta estructural para consolidar derechos y fortalecer los mecanismos de participación y negociación colectiva en la comunidad.

UGT: “El Estatuto tiene que salir adelante”

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha reaccionado también a la enmienda del PP durante una rueda de prensa en la que hacía balance y exponía los retos del año 2026. Alcónez ha destacado el amplio consenso político y social que ha respaldado la reforma estatutaria y ha sido tajante: “El Estatuto tiene que salir adelante”.

Para UGT, uno de los elementos centrales del texto es que blinda el diálogo social, algo que ha calificado de “importantísimo” para la región. La dirigente sindical ha subrayado que el Estatuto incorpora garantías que consolidan el papel de los agentes sociales en la toma de decisiones estratégicas y en la definición de políticas públicas.

Alcónez ha remarcado que el texto está consensuado y que el compromiso adquirido debe cumplirse. En su opinión, romper ahora ese acuerdo supone cuestionar un modelo de entendimiento que ha dado estabilidad institucional a Castilla-La Mancha en los últimos años.

ASAJA: agua, despoblación y servicios públicos en el centro

La Asociación Agraria ASAJA Castilla-La Mancha, presidida por José María Fresneda, ha pedido igualmente respeto al acuerdo institucional alcanzado en las Cortes regionales, que considera fruto del consenso político y de las aportaciones de los agentes económicos y sociales de la región.

En un comunicado fechado en Toledo el 12 de febrero de 2026, la organización ha señalado que no existen razones que justifiquen un bloqueo del texto ni un retroceso tras meses de diálogo, negociación y trabajo conjunto. Ha advertido de que el debate sobre el número de diputados no puede convertirse en un obstáculo que paralice una reforma estratégica para el futuro de Castilla-La Mancha y, especialmente, para el campo.

“No es razonable que, después del trabajo realizado y del consenso alcanzado, se ponga en riesgo un texto que responde a las necesidades reales de la región y de su medio rural”, ha señalado Fresneda.

ASAJA ha definido la reforma como una “oportunidad histórica” para actualizar, tras 40 años, el marco institucional que ordena la vida política, social y económica de la Comunidad Autónoma. Ha destacado que el proyecto sitúa al medio rural como eje vertebrador, reconoce su papel esencial en la cohesión territorial, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, y recoge aportaciones concretas del sector agrícola y ganadero.

Entre los avances más relevantes, la organización ha subrayado el blindaje de los servicios públicos esenciales, garantizando que vivir en un municipio rural no suponga una desventaja en el acceso a la educación, la sanidad o los servicios sociales. También ha puesto el foco en la lucha contra la despoblación, que se eleva a principio rector de la acción pública, obligando a las instituciones a impulsar políticas que fijen población y favorezcan el relevo generacional.

En materia hídrica, ASAJA ha destacado el reconocimiento del derecho al agua y a los recursos hídricos, asegurando su disponibilidad prioritaria para consumo humano, actividad agraria y sostenibilidad ambiental. Para el sector, la garantía de agua suficiente y planificada es un elemento estructural para la viabilidad de las explotaciones y la estabilidad del sistema agroalimentario.

Mesa del Tercer Sector: “Blindar derechos y reforzar el diálogo civil”

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha pedido al Partido Popular “mantener la altura de miras demostrada en la fase de negociación” y seguir adelante con el texto pactado, sin utilizar el número de diputados como excusa para reabrir un debate que no está entre las prioridades reales de la ciudadanía más vulnerable.

Las entidades sociales han recordado que han participado de forma “activa y leal” en la elaboración del nuevo Estatuto, aportando la mirada de cientos de colectivos que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad social en toda la región.

Para la Mesa, el nuevo Estatuto no es un mero ajuste técnico, sino una herramienta para blindar derechos, reforzar los sistemas públicos y consolidar el diálogo civil como pilar democrático. Han defendido que el acuerdo alcanzado entre fuerzas políticas y agentes sociales debe respetarse en su tramitación en las Cortes Generales, evitando pasos atrás que supongan un menosprecio al esfuerzo realizado durante meses.

EAPN: el bien común y la protección de los más vulnerables

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), en nombre de las 65 organizaciones sociales que representa, ha reconocido el trabajo realizado durante los últimos meses por fuerzas políticas, económicas y sociales para avanzar hacia un nuevo Estatuto.

En un contexto marcado por dificultades persistentes como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, las desigualdades territoriales, la brecha digital o la cronificación de la pobreza, la Red considera que el Estatuto debe convertirse en una herramienta útil para reforzar el marco de derechos y consolidar mecanismos de protección social.

Ha advertido de que la ciudadanía, y especialmente las personas y familias que afrontan mayores obstáculos, no comprendería que un texto construido desde el consenso no pudiera aprobarse. Por ello, ha realizado un llamamiento formal a los grupos parlamentarios para que mantengan el espíritu de acuerdo y prioricen el interés general y la protección efectiva de las personas más vulnerables.

El Gobierno regional: “Se han puesto enfrente de Castilla-La Mancha”

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha considerado “muy razonable” la cascada de reacciones de empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias, universidad y entidades sociales.

Padilla ha afirmado que estos colectivos se sienten ofendidos porque conocen el valor del acuerdo y del cumplimiento de la palabra dada, y han visto cómo el PP ha “traicionado el acuerdo y el consenso”. En su opinión, los populares han decidido situarse “enfrente de Castilla-La Mancha y enfrente de todos ellos”.

La portavoz ha insistido en que el consenso alcanzado en la región ha sido ejemplo en toda España y ha invitado a Paco Núñez a volver al acuerdo, retirar lo no consensuado y ponerse del lado de la región.

El PSOE: “No es una discrepancia política, es una ruptura con la sociedad civil”

Desde el Grupo Socialista, la diputada regional Paloma Jiménez ha preguntado al PP si va a cumplir la palabra dada o volverá a “traicionar” a toda la sociedad civil organizada de Castilla-La Mancha.

Jiménez ha defendido que no se trata de discrepancias entre partidos, sino de una ruptura del acuerdo con empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias, la Universidad de Castilla-La Mancha y entidades del Tercer Sector. Ha acusado a Núñez de actuar como “sucursal” de Génova y de demostrar “debilidad” y “falta de liderazgo”.

Además, ha vinculado esta actitud a una estrategia basada en el “ruido, la crispación y el alarmismo”, y ha señalado la gestión de las inundaciones en Talavera de la Reina como ejemplo de lo que considera una utilización política de las crisis. En su opinión, el Estatuto es una herramienta clave que refuerza derechos y protege a la ciudadanía, por lo que el acuerdo alcanzado debe cumplirse.