La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, que ha fallecido este martes a los 43 años de edad, era una amante de la arquitectura y el arte que no calló ante el esquilme del Tajo por los trasvases al Segura y que fue autora de una iniciativa pionera en España, el impulso de una red de oficinas 'antidesahucio'.
Amable, trabajadora y muy preparada, De la Cruz -vecina de Guadalajara y madre de una niña de 8 años- consiguió destacar siempre en lo que se propuso en unos ámbitos, a menudo, dominados por hombres.
Se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y consiguió la titulación de Arquitecto por la Universidad Politécnica, lo que la llevó junto a su valía a dirigir la Escuela de Arte de Guadalajara hasta que el socialista Emiliano García-Page la llamó para formar parte de su primer Gobierno en Castilla-La Mancha en 2015.
Antes, también había sido concejala del Ayuntamiento guadalajereño y diputada provincial, además de delegada de Empleo, Igualdad y Juventud de la Junta desde junio de 2010 a junio 2011 con el Gobierno de José María Barreda.
De la Cruz también estaba involucrada en la campaña de la candidata socialista a las primarias Susana Díaz y formaba parte de un grupo de trabajo de apoyo a la presidenta andaluza.
Sus compañeros de Gobierno, hoy "rotos", en palabras de uno de ellos, destacan su capacidad de trabajo y entrega, así como su compañerismo.
Desde su toma de posesión, De la Cruz, que formaba parte del grupo de consejeros jóvenes del Gobierno regional, hizo de la Consejería de Fomento un departamento cercano, centrado en los problemas de los ciudadanos, con la defensa del Tajo por bandera.
La consejera, en veinte meses en el Gobierno, luchó incansablemente por el fin del trasvase Tajo-Segura y su propósito era convencer de manera pedagógica a quienes pensaban lo contrario.
Esta convicción la llevó a solicitar un encuentro con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, con la que finalmente se reunió y a quien advirtió de que no iba a aceptar ningún pacto nacional del agua si no se disminuía la presión sobre el río Tajo.
También su departamento decidió presentar recursos contra todos los trasvases aprobados por el Ejecutivo central, el primero el 1 de septiembre de 2015.
Precisamente, uno de los episodios públicos más incómodos para la consejera ocurrió cuando el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), José Manuel Claver, también fallecido en 2016, le dijo que no tenía capacidad "ni para limpiar la Consejería".
Sus palabras fueron rechazadas de manera inmediata por el Gobierno regional, por el PSOE y también por el PP de Castilla-La Mancha, que pidió el cese de Claver por sus declaraciones "machistas".
El problema de la vivienda era otro de los temas que preocupaban a la consejera y, por ello, su departamento, impulsado por García-Page, puso en marcha una red de oficinas 'antidesahucio' que ha paralizado 50 lanzamientos desde octubre de 2015 y ha atendido a más de 1.600 familias.
También hace apenas quince días firmó junto al presidente regional un convenio con los colegios oficiales de notarios y registradores de la propiedad por el que Castilla-La Mancha se convirtió en comunidad pionera en ofrecer asesoramiento y mediación a los ciudadanos afectados por las cláusulas suelo, alrededor de 100.000 familias en la región.
Es mérito también de la consejera el acuerdo con la Comunidad de Madrid para que los jóvenes de Toledo y Guadalajara puedan beneficiarse del abono con tarifa plana de 20 euros en la comunidad vecina.
Además, trabajó en el diseño del nuevo modelo de transporte colectivo con especial atención a las zonas rurales, en el programa de depuración de aguas residuales que se aprobará este año y en la mejora de la compleja red de carreteras de la región.
Su última intervención pública, en las Cortes regionales, que tuvo que interrumpir por los problemas de salud que la obligaron a abandonar la sesión plenaria, estuvo dedicada a la defensa de Castilla-La Mancha frente a las políticas del Gobierno central.
El debate versaba sobre Internet, pero De la Cruz quiso reaccionar ante el anuncio del Estado de invertir 4.200 millones de euros en infraestructuras en Cataluña hasta 2020.
"El Gobierno de Castilla-La Mancha no va a permitir que a la región no venga ni un euro de inversión para cuestiones importantes como vías de comunicación, carreteras y transportes", advirtió. Manifestaba una vez más su compromiso con la región
