El real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales, firmado por el presidente Pedro Sánchez y sancionado por el Rey, se publicará este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y marcará cinco fechas clave, entre ellas el día de la constitución de los nuevos Congreso y Senado, que este año va a tener lugar en plenas vacaciones veraniegas, ya que se calcula para mediados de agosto.
La publicación de este real decreto este martes abre el periodo electoral y determina todo el calendario establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), ya que su entrada en vigor es inmediata.
1.- El inicio del periodo electoral implica que desde este martes se ponen en marcha las juntas electorales y entran en vigor una serie de prohibiciones, como la de realizar actos de inauguración o campañas de propaganda institucional para difundir logros de legislatura.
2.- Este 30 de mayo supone también la primera fecha clave del proceso: la disolución del Congreso y del Senado. Desde las cero horas de este martes ya sólo quedarán en activo los miembros de las diputaciones permanentes de ambas cámaras y el resto de parlamentarios perderán sus atribuciones, incluyendo sueldo y fuero.
3.- El real decreto hace oficial la fecha de las elecciones generales, conocida este mismo lunes cuando Sánchez ha anunciado el adelanto electoral. Serán el 23 de julio, 54 días después de la publicación de la norma. De nuevo la cita con las urnas será el domingo, aunque la ley no impide que las elecciones se celebren cualquier otro día de la semana.
4.- Se indicará igualmente la fecha de inicio y de conclusión de la campaña electoral, que tiene una duración de quince días. En este caso comenzará a las cero horas del viernes 7 de julio, San Fermín,y acabará a las 24 horas del viernes 21 de julio.
5.- Por último, el decreto fija el día y la hora en que deben reunirse las Cámaras para celebrar su correspondiente sesión constitutiva tras las elecciones, en la que diputados y senadores toman posesión de su escaño y se elige al Presidente y resto de miembros de las Mesas de ambas Cámaras.
Esta fecha debe encuadrarse dentro de los 25 días posteriores a la convocatoria, que cumplen el 17 de agosto. Así, la previsión más factible es que las Cámaras se constituyan después del día 15 de ese mes, martes y festividad de la Asunción de la Virgen, festivo nacional.
En el decreto debe precisarse asimismo el número de parlamentarios que se eligen en cada circunscripción, ya que es una cifra que puede variar en cada convocatoria en función de su población. No obstante, se sabe que cada circunscripción elige un mínimo de dos diputados con la excepción de Ceuta y Melilla, que eligen uno cada una.
El número de senadores es fijo: cuatro por circunscripción provincial, dos en Ceuta y Melilla y uno en las siguientes islas o agrupaciones de islas: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
En total se eligen 350 diputados y 208 senadores, pues como viene siendo habitual desde 1977, las elecciones generales afectarán a las dos Cámaras. Teóricamente, la ley electoral permite elegir un día al Congreso y otro distinto al Senado, pero nunca se ha aplicado esta opción.
EN EL TINTERO MÁS DE 60 LEYES
Por otra parte, la decisión del presidente del Gobierno de adelantar las elecciones generales al 23 de julio ha obligado a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso desde este martes, cuando se hará efectiva la disolución de la Cámara. Además, paraliza la tramitación de todas las iniciativas en marcha, con lo que se van a quedar sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.
Una vez se publique el decreto de disolución, sólo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mediados de agosto. De entrada, ya se han suspendido oficialmente las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces que estaban convocadas para este martes.
Además de acoger el miércoles la sesión de control, el Pleno de esta semana iba a debatir la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una de Vox y otra de Unidas Podemos. La de Vox era una reforma del Código Penal para, entre otras cosas, que se pueda castigar con hasta 20 años de cárcel a los presidentes del Gobierno o de Ejecutivos autonómicos que promuevan o faciliten la realización de conductas que busquen "atentar contra la unidad o la integridad territorial de España".
La de Unidas Podemos buscaba obligar a las empresas que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, ante el caso de Ferrovial, a la que el grupo confederal acusa de practicar "piratería económica".
Se iban a debatir asimismo dos proposiciones no de ley --una del PP, sobre medidas relativas a la vivienda habitual y otra del PSOE sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados--, así como tres mociones: dos, de ERC y Junts, que pedían el traspaso de Cercanías a Cataluña y una del PP, sobre la "deficiente gestión" del Ejecutivo.
En la sesión de control prevista para este miércoles, además de las preguntas a Sánchez y sus ministros, se iban a sustanciar tres interpelaciones urgentes. Una de ERC, sobre el Tratado Global de los Océanos de la ONU; otra del PP para examinar la gestión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y otra de Vox, dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las medidas del Gobierno "para garantizar la integridad territorial de España y la completa seguridad en Ceuta y Melilla".
Ya el jueves, se iba a aprobar para su remisión al Senado el proyecto de ley por el que se regulan las Enseñanzas Artísticas y se iba a someter al debate de convalidación un decreto con medidas contra la sequía y la promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes.
Además se interrumpen el resto de actividades parlamentarias, con lo que esta legislatura ya no podrán ver la luz más de 60 textos legislativos.
En concreto, se quedan en el tintero un total de 25 leyes procedentes de decretos ley que el Congreso aceptó tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia para que los grupos pudieran introducir enmiendas. Todas están en vigor, algunas desde 2020, pero el adelanto electoral impedirá modificaciones entre otras de la relativa a las pensiones o al nuevo sistema de cotización de los autónomos.
En la misma situación quedan otros 38 textos legislativos, ocho de los cuales son proyectos de ley del Gobierno y el resto corresponden a proposiciones de ley impulsadas por distintos grupos parlamentarios.
Las leyes aprobadas por el Consejo de Ministros que no verán completada su tramitación en el Congreso son: la ley de Seguridad Nacional, la trasposición de directivas europeas para la lucha contra el fraude, la de equidad del Sistema Nacional de Salud, la ley de eficiencia digital de la Justicia, la Ley del Cine, la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, la Ley de Familias y la del Derecho de Defensa.
A ellos se suma el proyecto de reforma constitucional para suprimir el término disminuido y sustituirlo por 'persona con discapacidad'.
De entre las iniciativas que llevan la firma de los grupos parlamentarios no verán la luz la de Secretos Oficiales, la reforma el Código Penal para la protección de la libertad de expresión, así como la destinada a despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, las que reforman la que regula el Tribunal Constitucional y el Registro Civil, y otra reforma del Código Penal o la que buscaba conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo soberanía española. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza?, ya quedó enterrada al no ser aprobada en la Comisión de Interior.
También se quedan en el limbo la ley para la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, las leyes que buscan mejoras para los pacientes de ELA y para la protección laboral de los que tienen una enfermedad grave como el cáncer, la Ley de Salud Mental y la que perseguía aplicar un IVA del 4% a los servicios de dependencia.
En materia cultural, además de la ya citada Ley del Cine se paraliza la tramitación de la de Enseñanzas Artísticas. Lo mismo sucede con la de garantía del acceso a la banda ancha de Internet a 100Mbps en zonas rurales y otra norma para luchar contra el antisemitismo.
Tampoco podrán ser aprobadas ya en esta legislaturas la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para ampliar permisos de paternidad y maternidad, la que persigue que estas circunstancias sirvan para la suspensión de juicio oral y la que reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones.
También decaerá la norma con medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, la Ley de Puertos, la de protección de trabajadores agrarios, la ley de economía social, la de financiación del transporte público urbano e interurbano, la reforma de la Ley de Seguridad Social, el nuevo régimen fiscal de Baleares y la que introducía novedades en el canario.
Además, la disolución de las Cortes da al traste también con dos reformas el Reglamento del Congreso, una que buscaba regular los 'lobbies' y otra destinada al control parlamentario de las proposiciones no de ley y las mociones. Asimismo, la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado y la 'operación Cataluña' no podrá concluir sus trabajos en esta legislatura.
