Proteger al menor de Canet, objetivo de justicia y Gobierno en plena polémica

- El TSJC ordena a la Generalitat proteger la intimidad de menor de 5 años que pidió las clases en castellano.

- La ministra de Educación ofrece al consejero catalán los medios del Estado para proteger al menor acosado.

- Unas 350 personas protestan en Canet de Mar contra la sentencia que obliga al 25% de castellano en las aulas.

Proteger al menor de Canet, objetivo de justicia y Gobierno en plena polémica
photo_camera Proteger al menor de Canet, objetivo de justicia y Gobierno en plena polémica

En plena polémica política por la situación de la familia que ha pedido para su hijo más enseñanza en castellano en un colegio de Canet de Mar (Barcelona), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Gobierno se han dirigido a la Generalitat para intentar garantizar la protección del menor.

Después de que un juez reconociera a la familia el derecho a un 25 % de enseñanza en castellano, el TSJC ha requerido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora de la escuela para que "preserven la protección de la intimidad" del alumno y de los padres, así como "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo".

Además, ha dado diez días a la consellería para que justifique las medidas para cumplir con la obligación de impartir un 25 % de las clases en castellano al grupo de este alumno, mientras la Fiscalía de Barcelona ha decidido investigar si los mensajes vertidos en redes sociales contra esa familia pueden suponer un delito de incitación al odio o de discriminación.

Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a quien le ha expresado "todo su apoyo" para evitar "cualquier tipo de acoso en este caso o en otro" que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país.

El Gobierno, por boca de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha expresado su rechazo y condena a "cualquier acoso que se haya podido producir", ha afirmado que "las lenguas del estado son un elemento que nos enriquece y que aportan diversidad" y ha acusado al Partido Popular de "utilizar cualquier asunto para hacer oposición".

A su vez, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, además de condenar "cualquier tipo de acoso", ha asegurado que no comparte el criterio que utiliza la familia porque no cree que el castellano esté en peligro en ninguna parte de España sino que, "de hecho, goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas".

La propia situación, pero sobre todo estas declaraciones de Garzón han propiciado un nuevo acaloramiento de la polémica política, en la que el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase una comisión de delitos de odio por una "presunta agresión homófoba que no fue tal" en Madrid y no lo haga cuando "acosan" a un niño y a su familia en Canet de Mar por "querer estudiar español".

En respuesta a la opinión de Garzón sobre el castellano, Almeida ha comentado que "si están amenazando, intimando, coaccionando, violentando a un niño de cinco años porque quiere estudiar en español y la Justicia en Cataluña pide que se le proteja, hombre, pues algo de peligro debe haber".

El PP, además, ha ofrecido de nuevo sus senadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia de educación en Cataluña por este caso, mientras el presidente de Ciutadans (Cs) en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha adelantado que se querellará contra el conseller de Educación si "persiste" en no cumplir la sentencia que estipula un 25 % de castellano en las escuelas.

"Dar autonomía" a los centros educativos es lo que ha defendido la portavoz del grupo PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, para que, "en función del entorno sociolingüístico, decidan" cómo aplicar "de la mejor manera posible" y con "criterios pedagógicos" la sentencia del 25 %.

Entre tanto, las familias de la escuela implicada contrarias a que el centro imparta una cuarta parte de las materias en castellano han hecho público un comunicado en el que han negado "cualquier tipo de acoso" y han asegurado: "No tenemos interés en saber quién ha sido la familia denunciante".

En el comunicado, los padres reivindican un modelo educativo en catalán, como "prevé el proyecto educativo y lingüístico que elegimos para nuestros hijos -subrayan-" y afirman estar "por encima de toda polémica política".

También han expresado su postura los sindicatos USTEC, Intersindical CSC y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que han pedido, junto a la entidad Plataforma per la Llengua, que la Generalitat asuma responsabilidades en favor del futuro de la lengua catalana en la educación.

UNAS 350 PERSONAS PROTESTAN

Por otra parte, unas 350 personas, según la policía local, se han manifestado en la tarde de este viernes en Canet de Mar (Barcelona) para protestar en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25 % de las clases en castellano a petición de la familia del alumno.

La marcha, convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y a la que se han adherido otros sindicatos y entidades como la Intersindical, Arran o La Forja, ha arrancado hacia las 16.30 horas en la Font del Drac, un parque cercano a la escuela Turó del Drac, y ha cruzado la localidad hasta llegar a la biblioteca municipal.

Aunque inicialmente la protesta se había convocado ante la escuela, fue el propio colegio el que pidió que la manifestación no fuese delante del centro, por lo que los organizadores trasladaron la protesta a la Font del Drac.

En la protesta ha participado la alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell (ERC), quien ha denunciado que tanto el colegio Turó del Drac como el ayuntamiento han recibido amenazas telefónicas anónimas.

En declaraciones a los periodistas, Arbell ha señalado que no ha habido amenazas contra la familia que pidió el castellano en las clases de su hijo y que sólo les constan dos tuits "de personas que no son de Canet".

"Es una manipulación" para engrandecer "una situación que no existe", ha dicho la alcaldesa, que ha informado de que grabarán las llamadas telefónicas para abrir una investigación sobre las amenazas que reciben tras la sentencia del TSJC.

Durante la concentración, estudiantes, padres y madres y alumnos han clamado consigas a favor de la inmersión lingüística y han instado a la Generalitat a "no dejar sola" a la dirección del centro, donde el TSJC ha obligado a que se impartan el 25 % de las clases en español en el grupo en el que cursa el menor demandante.

"Es un ataque directo a nuestra lengua. No es más que una estrategia por parte del Estado español para acabar con el catalán, que corre peligro", ha señalado en declaraciones a la prensa la portavoz del SEPC, Marta Daviu, quien ha subrayado que "la emergencia lingüística es una realidad".

"Exigimos a la Generalitat y al Departamento de Educación que blinden el catalán", ha insistido durante la manifestación, a la que han acudido representantes políticos independentistas.

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