El TSJC ordena a la Generalitat cumplir de inmediato con el 25% de castellano

- Debería tener un resultado "efectivo e inmediato" y cree que las medidas hasta ahora no se han plasmado en las escuelas.

- La Generalitat anuncia que recurrirá la "aberrante" decisión del TSJC sobre la ejecución del 25% de castellano en la aulas.

Fachada del Palacio de Justicia de Cataluña, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona
photo_camera Fachada del Palacio de Justicia de Cataluña, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

En un auto consultado por Europa Press este lunes, el TSJC requiere al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para que dicte las instrucciones y establezca garantías de control para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban "de manera efectiva e inmediata" al menos el 25% de horas de clase en castellano.

Después de estos 15 días, la Conselleria deberá informar al TSJC sobre qué medidas ha adoptado para aplicar la sentencia y en qué grado se han cumplido, y en paralelo el tribunal ha requerido a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento del fallo en el sistema educativo catalán.

Este requerimiento fuerza la ejecución de la sentencia del propio TSJC, que en diciembre de 2020 falló que el sistema educativo en Cataluña debía contar con al menos este porcentaje de horas en castellano, incluyendo al menos la asignatura de lengua castellana y otra asignatura troncal.

Ante la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de ejecutar la sentencia, la Generalitat dijo al TSJC que ya había tomado medidas para regular los usos lingüísticos en la escuela.

En concreto, hizo referencia a las modificaciones de la Ley de política lingüística y la Ley del aranés, además de la tramitación de un proyecto de decreto de despliegue del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña.

No obstante, el TSJC le replica que la sentencia le impone "una obligación de resultado" y que las medidas de la Generalitat no han tenido por ahora un resultado concreto que se plasme en la actividad de las escuelas.

El tribunal, sin embargo, coincide con el Govern al reconocer que la Administración puede elegir los medios con los que aplicar la sentencia, y subraya que "lo determinante en la sentencia no es el medio sino el resultado".

LEGITIMIDAD DE LA AEB Y VOTO PARTICULAR

El tribunal ha forzado la ejecución de esta sentencia por la petición que hizo la AEB, a quien finalmente ha reconocido como parte afectada y por tanto legitimada para pedir la ejecución, sobre lo que la Generalitat había argumentado en contra.

"Estos alumnos, y por tanto sus padres, pueden resultar tanto beneficiados por la ejecución de la decisión como perjudicados por su inejecución, y se les ha de reconocer la condición de afectados", argumentan los jueces de la Sala Contenciosa del TSJC al reconocer la legitimación de la AEB.

Dos de los cinco jueces que firman el auto han añadido un voto particular en el que discrepan de que pueda darse legitimidad a padres o alumnos individuales.

El tribunal, por otro lado, ha rechazado una petición de Vox, que también pidió forzar la ejecución de la sentencia, porque no cree que como partido puedan considerarse parte afectada en la causa.

"ABERRANTE" DECISIÓN DEL TSJC

Al respecto, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado que el Ejecutivo catalán presentará recurso de reposición a la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la ejecución del 25% de castellano, que ha calificado de "aberrante" a nivel pedagógico y jurídico.

En declaraciones a los medios, el conseller ha dicho que el tribunal se extralimita al "poner el acento en cómo se tiene que ejecutar una sentencia", lo que ha dicho que no puede hacer, y ha señalado que los servicios jurídicos de la Generalitat no se habían encontrado antes ante esa situación.

Gonzàlez-Cambray ha destacado que dos de los magistrados de la sala han emitido un voto particular en la que consideran que "no tiene base jurídica" la interlocutoria, por lo que presentarán recurso de reposición ante esta decisión del TSJC.

Ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a las direcciones y docentes catalanes, que deben "seguir haciendo su trabajo y no cambiar nada", y ha asegurado que el Govern proporcionará la cobertura jurídica para la defensa del modelo de escuela catalana.

El conseller ha enfatizado el plan de impulso del catalán en la educación para que haya mayor presencia de esta lengua en las aulas y el decreto que prepara para "reafirmar" el modelo de escuela en Cataluña y los proyectos lingüísticos de los centros.

Cambray ha sostenido que es un "momento importante de país", y ha demandado el máximo consenso político, social y pedagógico para defender el modelo de escuela catalana.

Preguntado por si la modificación de la ley de política lingüística que se plantea en el Parlament podría ser una de las maneras, ha reiterado que es un momento muy importante y que lo que se debe hacer es sumar y buscar el máximo consenso: "Cuantas más iniciativas, mejor. Cuanto más sumemos en favor del modelo de escuela catalana, adelante".

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