EA pide a la Junta declaración institucional de que no venderá montes públicos

Ecologistas en Acción (EA) Castilla-La Mancha ha pedido a la Consejería de Agricultura que realice una declaración institucional en la que renuncie a su intención de no poner a la venta los montes públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así lo pidió públicamente esta organización conservacionista a través de una nota de prensa remitida a los medios, en la que también le han pedido al Gobierno regional que aclare cuáles son los nuevos planes que tiene respecto a la venta de los otros terrenos que son de su propiedad.

Ecologistas en Acción valoró como "esperanzadores" los gestos del Gobierno Regional que dan a entender que abandona la intención de vender montes públicos, sin embargo, ante "la desconfianza" que genera el Ejecutivo que preside María Dolores Cospedal, reclamaron una declaración institucional que, dijeron, "aparque cualquier duda al respecto y que garantice que en el futuro no se retomará esta idea".

La celebración hace unas semanas de una reunión del Gobierno regional en el monte público del Dehesón del Encinar, propiedad de la Junta, las declaraciones de la presidenta y las afirmaciones de la Consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, quien aseguró por primera vez, y sin ambigüedades, que "no se van a vender montes públicos de la Junta", han hecho creer a Ecologistas en Acción que se puede estar ante el final de esta "lamentable polémica".

La fuerte contestación social en contra de una medida recogida en los Presupuestos Regionales de la Junta para 2013 y confirmada por la propia Consejería, aunque luego se desmintiera o matizara, según los ecologistas, podría haber llevado al Gobierno regional a cambiar de opinión y dar marcha atrás a una iniciativa que, dijeron, "hubiera supuesto un enorme impacto ambiental, social y económico".

Finalmente, Ecologistas en Acción reclamó a la Junta que se cree un grupo de trabajo para analizar el futuro de los terrenos que sin ser montes públicos son de propiedad pública y que se encuentran protegidos legalmente, tienen una utilidad social y ambiental y que, en su opinión, tampoco deberían venderse.

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