Publicada la ley de simplificación administrativa, que entrará en vigor en 20 días
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica en su edición de este jueves la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que, aprobada en el pleno de las Cortes regionales del pasado jueves, entrará en vigor en 20 días.
A través de seis títulos, 71 artículos, tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y once disposiciones finales, la ley distingue tres bloques de acción, el primero de los cuales recoge de medidas de simplificación en el procedimiento de tramitación administrativa, reducción de plazos y armonización de informes, así como el establecimiento de silencio estimatorio y del uso de las declaraciones responsables.
Además, introduce la regulación de las unidades administrativas de apoyo para asistir a órganos administrativos "en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario"; la generalización del sentido estimatorio de los silencios y de la utilización de las declaraciones responsables y el doble silencio positivo.
Un segundo bloque, es la introducción de las entidades colaboradoras de la Administración, que serán aquellas personas jurídicas que, debidamente autorizadas, realicen funciones de informe y certificación al objeto de acreditar la verificación de la documentación de la persona interesada dentro de un procedimiento. Una herramienta "ampliamente extendida" en la Administración del Estado y en otras regiones, que excluye "siempre" que estas entidades puedan hacer ejercicio de autoridad.
Finalmente, el tercer bloque de medidas regula la administración digital y la utilización de nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial o la automatización de procedimientos a fin de aportar seguridad jurídica tanto a los empleados públicos como al destinatario de los servicios.
CSIF INSISTE EN QUE "SUPONDRÁ PRIVATIZAR"
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha vuelto a denuncia que esta ley "supondrá la privatización de los servicios públicos de la región a través de las entidades colaboradoras".
Según informa el sindicato en nota de prensa, "el Gobierno regional ha decidido seguir adelante a pesar de todas las advertencias realizadas, de las manifestaciones llevadas a cabo e incluso de un demoledor dictamen por parte del Consejo Consultivo, de 20 de marzo, que ya advertía precisamente sobre la indefinición de las funciones de las entidades privadas y de que usurparían funciones que competen a los empleados públicos, algo fundamental que no ha sido corregido en las enmiendas aprobadas".
"Pero más allá de lo que supone un ataque directo a la Función Pública, también irá en detrimento de la propia ciudadanía al tener que hacer frente económicamente a los servicios solicitados", afirma el sindicato.
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, señala que “esta ley supone un antes y un después, estamos hablando de que las gestiones en el ámbito público serán susceptibles de contar con participación privada, algo muy peligroso. En lugar de aumentar las plantillas de empleados públicos se da entrada a las empresas privadas. Y como colmo, todos tendremos que pagar tarifas por estos servicios que hasta ahora eran gratis”.
Asimismo, CSIF señala que esta normativa debería ser bautizada como ‘Ley Page’; “si en su día nombramos a la Ley 1/2012 como Ley Cospedal, que supuso unos recortes terribles que hoy en día siguen vigentes en varias áreas, es justo que esta Ley de Simplificación sea conocida como Ley Page porque supone un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos”.