El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agapito Portillo, ha explicado este lunes que 30.425 hectáreas cumplen los requisitos para adherirse a las ayudas a los agricultores de las zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), mientras que hay disponibles otras 9.198 hectáreas.
Portillo ha aportado esta información durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Agua de las Cortes de Castilla-La Mancha para dar cuenta de la inclusión voluntaria de agricultores en las zonas ZEPA.
En total, ha señalado que la previsión es destinar inicialmente 31,7 millones de euros a estas ayudas con cargo al Programa de Desarrollo Rural (PDR), si bien serán ampliables hasta los 41 millones.
La superficie incluida actualmente, ha explicado, es de 30.425,77 hectáreas de ocho núcleos repartidos en cuatro zonas ZEPA, en 16 municipios de las provincias de Toledo, Albacete y Guadalajara.
Pero la superficie susceptible de poder financiarse asciende a 39.624 hectáreas, por lo que hay margen para adherirse, ha señalado Portillo, quien ha apuntado que ya cuentan con una propuesta de agricultores de El Ballestero (Albacete) que aún no se ha evaluado y que son casi 2.000 hectáreas.
Por otra parte, ha explicado que como consecuencia de la sequía este año, se han aprobado dos resoluciones para modificar los periodos de labores establecidos en los meses de mayo y junio.
En este sentido, ha dicho que espera que sea una medida que no tengan que adaptar en las próximas campañas porque "los agricultores van a estar más preparados".
Con todo, ha defendido que la conservación de aves sea compatible con la agricultura y la ganadería, que son "el sustento y la base económica y social" de Castilla-La Mancha.
Por su parte, la portavoz de Agricultura del grupo parlamentario popular, Lola Merino, ha opinado que el "Gobierno socialcomunista de Page" pretende en esta materia "expropiar" las explotaciones a los agricultores con "el beneplácito de su socio Podemos".
"Al igual que pasa en Venezuela, Page quiere expropiar las tierras a los agricultores", ha advertido.
Además, Merino ha acusado a la Junta de otorgar "a dedo" los 32 millones de euros de estas ayudas, y de haber "ignorado" el derecho de todos los agricultores y ganaderos a presentar "libremente su solicitud" para recibir los pagos compensatorios recogidos en el PDR.
"Esta irregularidad, esta cacicada consentida, va en contra del derecho de todos los agricultores y ganaderos de recibir pago compensatorio", ha aseverado.
Frente a estas críticas, la portavoz de Agricultura del grupo socialista, Carmen Torralba, ha defendido que los agricultores se adhieren a las ayudas "voluntariamente".
Además, ha recordado al PP la orden que aprobó el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que puso "en peligro 1.600 hectáreas de viñedo", lo que fue declarado "ilegal por el Tribunal Superior de Justicia".
En esta línea, Torralba ha señalado que el actual Ejecutivo de Castilla-La Mancha "se puso manos a la obra" a finales de 2015 para elaborar los planes de gestión y "salvar las hectáreas de viñedo".
La diputada regional ha reiterado que los planes de gestión en las zonas ZEPA son "una obligación legal" que "impone la normativa europea".
Así, ha opinado que el PP ha estado todo este tiempo "enredando e intentando engañar a los agricultores" al decir que el PSOE les iba "a llevar a la ruina".
Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha opinado que es "mejor" contar con planes de gestión de zonas Zepa que no tenerlos para que los agricultores puedan recibir las ayudas y ha añadido que "lo que se hizo anteriormente es ilegal".
No obstante, ha manifestado su discrepancia con parte del contenido de esos planes y, entre otros motivos, ha señalado que le parece "excesiva" la ampliación de plantación de viñedo, al tiempo que ha expresado sus "dudas sobre el uso de químicos".
Durante la comisión, tanto Portillo como los portavoces de los tres partidos -PP, PSOE y Podemos- han manifestado su solidaridad con los afectados por el incendio de Yeste y han ensalzado la labor de los efectivos que trabajan en la extinción del fuego.
