La devolución del 25% de la paga extraordinaria de 2012 a los empleados públicos, las listas de espera y el Plan Extraordinario de Empleo son algunos de los asuntos que verá el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del próximo jueves, día 27.
Así lo ha comunicado en rueda de prensa la secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Josefina Navarrete, que ha indicado que la sesión plenaria comenzará a las 10.00 horas con un informe de la Mesa del Parlamento sobre la liquidación del presupuesto de 2015.
A continuación habrá dos debates generales, ambos del PP, sobre la devolución del 25% de la paga extraordinaria de 2012 a los empleados públicos de la Junta, y sobre las listas de espera quirúrgicas y de larga duración en Sanidad.
Seguidamente, habrá sendas interpelaciones, una del diputado 'popular' Lorenzo Robisco sobre la política general seguida en relación al programa 612b, de programación y control presupuestario, y otra de Dolores Merino, en relación a la Política Agraria Comunitaria (PAC).
Tras ello, se producirá una comparecencia del Consejo de Gobierno, a petición del PSOE, para informar sobre la evolución del Plan Extraordinario por el Empleo de Castilla-La Mancha, y siete preguntas orales, cinco formuladas por el PP y dos a cargo de Podemos.
En concreto, los diputados del PP preguntarán por el convenio con Madrid en materia sanitaria relacionado con Villatobas (Toledo) y con Sigüenza (Guadalajara), sobre las prestaciones económicas para familias de personas en situación de dependencia, por el acumulo de neumáticos fuera de uso en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) y sobre las obras de las carreteras que unen Villamayor de Calatrava y Caracuel, a través de la N-420.
Por parte de Podemos, el parlamentario José García Molina se interesará sobre los medios de información públicos de la Comunidad Autónoma y sobre el grado de ejecución del concepto 76.000 del programa 431a, de promoción de la vivienda.
OTROS ASUNTOS
Además del orden del día del próximo pleno, la Mesa de las Cortes ha calificado un debate general, a petición de los socialistas, sobre la situación del río Tajo, con información previa del Consejo de Gobierno.
También se ha calificado una comparecencia de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, para informar de los proyectos de minería de tierras raras entre Torrenueva y Torre de Juan Abad, a instancias de Podemos.
Josefina Navarrete, a preguntas de los medios, ha apuntado que la Mesa de las Cortes no ha visto este lunes el informe sobre el brote de legionela en Manzanares (Ciudad Real), y ha explicado que tampoco hay aún fechas señaladas para las reuniones con los grupos parlamentarios para hablar de la reforma del Estatuto de Autonomía.
LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su oposición a la tramitación de la Proposición de Ley de Memoria Democrática, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, al considerar que "supone un aumento de crédito presupuestario".
Así lo ha dado a conocer la secretaria primera de la Mesa de las Cortes, después de que este órgano parlamentario haya visto en su reunión de este lunes una certificación remitida por el Consejo de Gobierno en la que se acuerda su oposición a la tramitación de esa iniciativa de la formación morada.
En concreto, el texto del Grupo Parlamentario proponía, entre otras medidas, el establecimiento y gestión de un banco de datos de ADN, la creación de una Comisión de la Verdad, la anulación de sentencias de los tribunales durante la guerra, la posguerra y la dictadura y que se investigase la desaparición de niños en la región durante el Franquismo.
Además, Podemos incluía que el día 11 de noviembre de cada año se declarase como jornada de "recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura" y demandaba la retirada o eliminación de elementos contrarios a la Memoria Democrática.
El texto también solicitaba que la Consejería de Educación incluyese la Memoria Democrática en el currículo de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas, e incluía un régimen sancionador compuesto por infracciones muy graves, graves y leves, que prevén, respectivamente, multas de entre 10.001 y 150.000 euros; de entre 2.001 y 10.000 euros, y de 200 a 2.000 euros.
La Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Podemos se estructuraba en seis títulos con 55 artículos en total, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales, y con él se buscaba regular las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha.
ENMIENDAS A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Por último, PSOE, Podemos y Partido Popular han presentado un total de 74 enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
En concreto, los 'populares' han presentado 42 enmiendas, Podemos 21 y el PSOE 10, a las que se suma una más, presentada conjuntamente por la formación morada y los socialistas, según han informado fuentes parlamentarias.
El Proyecto de Ley recoge, entre otras cosas, la obligatoriedad de publicar las agendas institucionales, las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de altos cargos, los gastos en campañas de publicidad, así como la información sobre todo tipo de contratos.
En la parte del acceso a la información pública, prevé que cualquier ciudadano pueda solicitar cualquier documento que se encuentre en poder de la Administración Regional, con las limitaciones que establece la legislación básica de Estado.
También se amplía la condición de alto cargo a todas aquellas personas que ejercen funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector publico regional, sea cual sea su relación laboral con la administración.
Además, se establece como condición imprescindible la obligación de que todos los altos cargos realicen una declaración responsable sobre el cumplimiento de los principios de Buen Gobierno, fijando sanciones en caso de no hacerse.
Por otra parte, se regularán los Grupos de Interés, que estarán obligados a inscribirse en un registro e informar de cuáles son sus objetivos, las actividades que realizan o los encuentros que mantienen para tal fin.
El Proyecto de Ley incluye también un régimen sancionador que regula la responsabilidad por el incumplimiento de los deberes y las obligaciones que impone la Ley tanto en materia de transparencia como de Buen Gobierno, con sanciones en función de la gravedad de la infracción que van desde los 600 a los 12.000 euros.
