martes 24/11/20

Deberes para el nuevo Congreso: Relevo de cuatro jueces de un Constitucional con mucho trabajo

Su relevo llega en un momento clave para el tribunal de garantías, que tiene que enfrentarse a una quincena de recursos pendientes del "procés", además del más que previsible amparo que solicitarán los acusados a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo
En la imagen de archivo la sede del Tribunal Constitucional en la ciudad de Madrid
En la imagen de archivo la sede del Tribunal Constitucional en la ciudad de Madrid

Junto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los diputados que salgan elegidos en las urnas el próximo 11 de noviembre deberán consensuar cuatro nuevos nombres para el Tribunal Constitucional al concluir esta semana el mandato de otros tantos magistrados, entre ellos su presidente.

Su relevo llega en un momento clave para el tribunal de garantías, que tiene que enfrentarse a una quincena de recursos pendientes del "procés", además del más que previsible amparo que solicitarán los acusados a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

Pero también a varios recursos de inconstitucionalidad que llevan bastante tiempo dormitando en el TC. Los más longevos, el recurso del aborto, que el año que viene cumple una década; el de la ley de seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza, y el de la prisión permanente revisable, ambos de 2015.

Precisamente los ponentes del recurso del aborto y de la prisión permanente, Andrés Ollero y Fernando Valdés, respectivamente, deben decir adiós próximamente a su etapa en el Constitucional, como también harán su presidente, Juan José González Rivas, y vicepresidenta, Encarnación Roca.

Los cuatro llegaron al tribunal en 2012 elegidos por el Congreso y su mandato termina el próximo 7 de noviembre. Mientras no tengan sustitutos, todos ellos seguirán en sus puestos, como así hacen los vocales del CGPJ, que este lunes cumplen ya once meses de trabajo en funciones.

Aquel 2012, la renovación del TC no fue sencilla y llegó, de hecho, con dos años de retraso. Se acumulaban los puestos que debían cubrirse en órganos constitucionales -desde el TC al Tribunal de Cuentas, pasando por el Defensor del Pueblo- y Mariano Rajoy, entonces en La Moncloa, y Alfredo Pérez Rubalcaba, líder de la oposición, se pusieron finalmente un plazo para cerrar un acuerdo global.

Eran otros tiempos y sólo se necesitaban los escaños de los dos principales partidos para alcanzar la mayoría de tres quintos de la cámara exigida para nombrar a los miembros de estos organismos.

El PP propuso a González Rivas y a Ollero, y el PSOE, a Fernando Valdés y a Encarnación Roca, nombramiento este último con el que atendió también la petición de CiU de que hubiera al menos un representante catalán.

Pero la situación ha cambiado. La actual fragmentación parlamentaria requiere del acuerdo de más grupos y se auguran complicadas negociaciones, después de que el año pasado se rompiera a última ahora el pacto alcanzado por populares y socialistas para renovar el CGPJ.

Con este escenario, los cuatro magistrados "continuarán en el ejercicio de sus funciones" -como dice la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional- hasta que sean relevados, aunque fuentes consultadas por Efe subrayan que "no están en funciones" y que su actividad no se verá afectada ni bajará el ritmo de trabajo.

El Constitucional afrontará así un periodo intenso. Además del "procés" y Cataluña -a cuyo Govern, incluido el president Quim Torra, apercibió de riesgo penal recientemente-, deberá hacer frente a otro tipo de recursos, como los de inconstitucionalidad.

El tiempo medio de resolución de estos últimos se ha reducido de manera exponencial en una década -1.883 días en 2009 y 133 días este año, según datos facilitados a Efe por el Portal de Transparencia-.

Unas cifras que chocan con el tiempo que lleva en el tribunal el recurso más antiguo de entre los 36 pendientes, el presentado en 2010 por el PP contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sin que haya perspectivas, según fuentes consultadas por Efe, de ser elevado a pleno en un futuro próximo.

Le siguen los registrados en 2015 por diputados del PSOE y de otros grupos de la oposición de aquel momento, a la denominada ley mordaza y a la prisión permanente revisable.

En el caso de la primera ley, sí que hubo un intento de reforma en el Parlamento, frustrado por la pasada convocatoria electoral del 28 de abril. La derogación de la prisión permanente, impulsada por el PNV, quedó "congelada" en el Congreso y el Gobierno por el momento ha apostado por esperar a conocer qué opina el Constitucional, que lleva casi cinco años sin pronunciarse.

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