El sindicato CSIF ha pedido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa de la Junta que regula la incapacidad por enfermedad (IT), según la cual los empleados de la Junta no cobran nada los tres primeros días de baja.
En un comunicado, CSIF insistió en que esta regulación es discriminatoria y "maltrata" a casi 70.000 empleados públicos de la Junta, los pertenecientes al régimen general de la Seguridad Social, frente a los adscritos a mutuas laborales en la misma Junta de Comunidades, otros empleados de la Administración del Estado y de comunidades autónomas.
Este sindicato considera que el artículo 20 de la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales "es inconstitucional" por vulnerar los principios de igualdad consagrados en los artículos 14 y 41 de la Constitución Española.
Por ello el CSIF, al amparo del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha pedido a la Defensora del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la citada normativa de la Junta (Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales).
CSIF considera que lo recogido en el "Artículo 20 Complemento por incapacidad temporal" supone una discriminación y un agravio comparativo frente a otros empleados de la Administración del Estado ya que, ante situaciones iguales, se da un trato desigual.
Entre los "disparates" en torno a la IT, CSIF explica como en el sector de la enseñanza, maestros y profesores tienen distinto tratamiento en caso de enfermedad común en función de si son funcionarios interinos o funcionarios de carrera.
Se trata de "la peor normativa española" que regula la ausencia del trabajo por enfermedad, "mucho más restrictiva que la existente en cualquier ministerio, comunidad autónoma u organismo de la administración local como ayuntamientos o diputaciones".
CSIF señaló que si la JCCM insiste en mantener en los Presupuestos de 2014 esta aberración normativa sobre las IT, estaría consolidando un inaceptable maltrato a cerca de 70.000 de empleados públicos.
El sindicato recordó que la propuesta de la Junta de Comunidades sobre las IT para incluir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos es mucho más restrictiva que la que estábamos negociando en junio para la modificación de la Ley de Empleo Público de la JCCM y provocó el levantamiento de todos los sindicatos de la mesa de negociación, salvo ANPE y SATSE.
