martes 20/10/20

Junta confía en que la ley anti ocupación concite unanimidad en las Cortes

El consejero de Fomento ha explicado que, tras la aprobación en el parlamento autonómico, será este poder legislativo quien presente el texto al Gobierno central, para que lo asuma como propio y pueda ser tramitado como un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, toda vez que las comunidades autónomas no tienen competencia en estos temas
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha informado en rueda de prensa de los asuntos de su departamento abordados por el Consejo de Gobierno
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha informado en rueda de prensa de los asuntos de su departamento abordados por el Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado conocimiento, en la reunión que ha mantenido este martes, de la proposición de ley que el PSOE ha presentado en las Cortes para combatir la ocupación ilegal de viviendas, y ha confiado en que pueda salir por unanimidad del parlamento autonómico para que llegue al Ejecutivo central demostrando "unidad" en la región. 

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha desgranado en rueda de prensa la proposición de ley que este lunes ha registrado el grupo socialista en las Cortes y ha explicado que, tras la aprobación en el parlamento autonómico, será este poder legislativo quien presente el texto al Gobierno central, para que lo asuma como propio y pueda ser tramitado como un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, toda vez que las comunidades autónomas no tienen competencia en estos temas. 

Sin embargo, Hernando ha resaltado que las autonomías, según la Constitución española, sí tienen capacidad para proponer proyectos y proposiciones de ley nacionales y por ello, ha subrayado que el planteamiento del Ejecutivo castellano-manchego es que "por una cuestión de lealtad" y porque además es lo "más razonable", se presente como un proyecto de ley al Gobierno central.

Además, ha confiado en que se pueda establecer "un diálogo fructífero" no solo con el ministro competente en la materia, José Luis Ábalos, sino también por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. 

En la proposición de ley, se plantea endurecer las penas por ocupación ilegal de viviendas, así como favorecer que los ayuntamientos puedan no empadronar a los ocupas en las viviendas donde habitan ilegalmente y que los consistorios y las comunidades de vecinos puedan denunciar ante el juzgado la ocupación ilegal. 

El objetivo es "terminar con una tremenda injusticia" que a su modo de ver se produce en España y que pasa por que en la ocupación ilegal, "los agresores tienen mayor respaldo jurídico que las víctimas" y ha pedido diferenciar a quienes se han visto afectados por un desahucio de su vivienda habitual por impago de la hipoteca, derivado de la anterior crisis económica, de quienes "perpetran un acto delictivo amparado en la alta sensibilidad social" ante aquellas personas que han perdido sus viviendas. 

El proyecto de ley propone penas más elevadas de cárcel y más multas para quienes ocupan de forma ilegal una vivienda, que se pueda ver agravado si se usa la violencia y si en la vivienda en cuestión se cometen otros delitos, como explotación sexual o laboral o se guardan objetos robados, y también se plantea "más agilidad" en los procedimientos judiciales, con la posibilidad de celebrar juicios rápidos.

Asimismo, plantea que se pueda restituir la vivienda ocupada en un plazo máximo de 48 horas a su legítimo propietario y que se pueda tener en cuenta si "es una conducta delictiva que persiste" en el tiempo, para que se pueda proceder a la detención inmediata del ocupa o identificación y su puesta a disposición del juzgado de guardia. 

También se plantea que las comunidades de propietarios o los ayuntamientos puedan hacer obras para tapar ventanas o puertas, con el objetivo de evitar que las viviendas sean ocupadas, y que luego se repercutan los gastos a los legítimos propietarios de las viviendas. 

La proposición de ley que Castilla-La Mancha llevará al Gobierno central también sugiere modificar el padrón, para que no sea obligatorio empadronar al ocupa en la vivienda donde reside de manera ilegal ni que se puedan empadronar personas en chabolas o cuevas. 

"Más penas, más agilidad, más eficacia", ha resumido Hernando, que también ha comentado que se tendrá como atenuante si un ocupa informa a las instancias judiciales si la vivienda se la proporcionó una mafia y diga quién. 

Hernando ha aseverado que las comunidades autónomas necesitan "que todo el mundo ayude" para frenar la ocupación ilegal, un fenómeno del que no se tienen registros, y ha tendido la mano a PP y Cs en las Cortes regionales para que el texto sea aprobado por unanimidad y se ha preguntado "qué mensaje se lanza a quienes se lucran si no se demuestra unidad" en la clase política.

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