Los casos judiciales del PP y el procés, la tensión que revive en Cataluña o la negociación de los primeros presupuestos del Gobierno de coalición son algunas de las incertidumbres que planean en un otoño atípico, en el que, sin embargo, el control de la pandemia de nuevo centrará la atención y preocupación de los españoles.
La cifra de personas infectadas por la COVID-19 en España ha superado ya las 640.040, de las que 30.495 han fallecido, y los contagios siguen subiendo, con la Comunidad de Madrid a la cabeza.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contempla un nuevo confinamiento de toda España. Son las autonomías las que van decretando cierres parciales, como el que desde esta semana afecta a 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid, donde los contactos se limitan además a seis personas.
Antes de anunciarse en Madrid, los límites a la movilidad los han adoptado previamente once comunidades autónomas y han afectado a más de 40 municipios.
¿ESTADOS DE ALARMA AUTONÓMICOS?
Tras una gestión centralizada de la primera ola de la COVID-19, el jefe del Ejecutivo quiere que sean las comunidades autónomas las que piloten ahora esta segunda ola. El Gobierno asegura que estará para "ayudar" y "reforzar" a las autonomías, en quienes recae la gestión.
Moncloa recuerda a los presidentes regionales que pueden solicitar la herramienta legal del estado de alarma en casos de extrema gravedad en los que no sean suficientes los instrumentos legales que existen actualmente para controlar la pandemia.
En caso de que lo hiciesen, los presidentes autonómicos serían los que tendrían que comparecer ante el Congreso para dar cuenta de la situación y, eventualmente, solicitar prórrogas.
Por el momento, nadie ha dado el paso para ello, aunque es probable que a lo largo del otoño los españoles vean por primera vez a un presidente autonómico solicitando un estado de alarma para su territorio.
Cuando de esa hipótesis se trata, las miradas se dirigen sobre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con quien Sánchez se reúne este lunes en la sede del Gobierno regional.
La presidenta, no obstante, quiere "evitar a toda costa el estado de alarma y el confinamiento", que suponen, asegura, "el desastre económico". Desde que comenzó la pandemia, en Madrid se han detectado 191.930 infectados mediante PCR.
La preocupación por la sanidad ha crecido hasta el punto que el 84 por ciento de los españoles cree conveniente reformarla después de lo vivido estos últimos meses.
EL DESPLOME ECONÓMICO Y LOS NUEVOS PRESUPUESTOS
El estado de alarma dejó una caída sin precedentes del PIB del 18,5 % en el segundo trimestre respecto al primero, tras el desplome tanto de la demanda interna como externa y con un único sector, la agricultura, en crecimiento.
En el segundo trimestre se han destruido 1.074.000 empleos, pese al paraguas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) bajo el que han llegado a estar unos 3,4 millones de trabajadores, una estrategia que se extingue a finales de este mes y que el Gobierno quiere renovar, aunque por el momento no hay acuerdo con los agentes sociales.
En ese contexto de crisis económica, el Gobierno de coalición se enfrenta a uno de sus grandes retos, la elaboración de unos nuevos presupuestos, pues España aún sigue regida por los aprobados en 2018 con el gobierno del PP. La aprobación de unas cuentas públicas nuevas dejaría muy encarrilada la legislatura.
El Gobierno va apurado de tiempo en la redacción del presupuesto, con lo que es probable que se vuelvan a prorrogar los existentes para después aprobar unos nuevos.
El PSOE y Unidas Podemos ultiman la negociación del proyecto de presupuestos con visiones distintas en cuestiones como los impuestos, pero más difícil que el pacto interno será la búsqueda de apoyos parlamentarios, pues la coalición gobierna en minoría.
Dentro de su denominada estrategia de "geometría variable", Pedro Sánchez no renuncia a buscar apoyos tanto en la derecha -Cs- como en sus socios de investidura, pero su vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, presiona para que los presupuestos salgan adelante con el apoyo o la abstención de ERC y Bildu.
CATALUÑA, DE NUEVO AL PRIMER PLANO
La negociación presupuestaria con ERC estará condicionada por la situación en Cataluña.
La probable inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, por parte del Tribunal Supremo, ha desencadenado nuevas tensiones en las filas independentistas, que tienen visiones distintas sobre un posible adelanto electoral para los primeros meses de 2021 que reclaman los republicanos, frente a la negativa de Junts pel Cat.
Aunque el Parlament ha dejado entrever que pretende desautorizar la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y rechaza las propuestas de la oposición para convocar elecciones ya, no hay un plan definido de respuesta.
Según la ley, sería el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (ERC), quien asumiría las funciones que dejaría vacantes el president, salvo tres de las atribuciones presidenciales: plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones.
En ese contexto, Sánchez acusa a Torra de judicializar el conflicto catalán y le responsabiliza del bloqueo que podría provocar su inhabilitación. La mesa bilateral entre ambos ejecutivos sigue pendiente de convocarse. ¿Habrá finalmente un encuentro este otoño?
EL GOBIERNO DE LOS JUECES SIGUE "EN FUNCIONES"
Los órganos de gobierno de los jueces siguen en funciones y no hay visos de que la situación vaya a cambiar en los próximos meses: Pablo Casado se niega a pactar la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo mientras Podemos esté en el Gobierno.
Mientras tanto, crece la presión judicial sobre el PP, que esta misma semana ha visto cómo el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como imputado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la pieza de la Kitchen, donde se investiga una supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos comprometedores para dirigentes del partido.
Un partido que está también pendiente de la sentencia del Supremo sobre Gürtel, que puede tener impacto político porque el PP, entre otras cosas, sostiene que la Audiencia Nacional no debió pronunciarse sobre la caja B por no ser objeto de ese procedimiento.
Entre tanto, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha recuperado esta semana su condición de "perjudicado" en el caso Dina, pero su partido, Podemos, está a expensas de lo que suceda con la investigación de la financiación. El secretario de Comunicación del partido, Juanma del Olmo, y otros dos cargos, deben declarar como imputados el 20 de noviembre.
Si el juez hace caso a la Fiscalía de Madrid, investigará el contrato con la consultora Neurona de las elecciones de 2019, pues existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación del gasto y que la empresa se creó "ad hoc" para la prestación del servicio".
Además, el Supremo debe decidir si investiga las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, aunque la Fiscalía ha pedido que no lo haga.
Por el momento no se ha pronunciado sobre las comisiones del AVE a La Meca y si considera que el rey Juan Carlos pudo cometer un fraude fiscal por no declarar el dinero de la donación en España, un asunto sobre el que quizás se pronuncie su amiga Corinna Larsen cuando este 28 de septiembre declare como investigada en el caso Villarejo.
