El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará este jueves la fase de consulta pública del nuevo decreto que regula las condiciones básicas de los centros residenciales en Castilla-La Mancha, para que los actores implicados puedan hacer sus aportaciones.
La consejera de Bienestar Social de la Junta, Aurelia Sánchez, ha realizado este anuncio este miércoles, durante su intervención en el pleno de las Cortes, en el que se ha rechazado -con el voto en contra del PSOE y el apoyo de PP y Cs- la Proposición No de Ley presentada por el grupo popular relativa a la red de residencias y centros sociosanitarios de la región.
Sánchez ha explicado que esta actualización de la normativa que regula las condiciones de las residencias de mayores fue uno de los compromisos que formuló el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en las Cortes el 2 de mayo y ha indicado que esta fase que comienza este jueves servirá para recibir propuestas relacionadas con las condiciones básicas, mínimas que deben cumplir los centros residenciales.
En ellas, se incluyen aspectos como la inspección y la calidad, la accesibilidad e infraestructuras de los centros, recursos de atención a los mayores y condiciones básicas en materia de personal, con el establecimiento de ratios mínimas en todas las categorías acordes a las necesidades presentes y futuras.
También ha propuesto que se analicen las condiciones básicas arquitectónicas y de material, con el objetivo de que las residencias puedan estar preparadas para la sectorización de espacios por si fuera necesario, incluir condiciones de habitabilidad y establecer sistemas y acreditaciones de calidad, así como ofrecer la posibilidad de que las residencias de mayores puedan dar servicios a residentes y no residentes.
Sánchez ha señalado que la normativa que regula las residencias de mayores data de 2011, pero en 2013 "más que una actualización se produjo un retroceso", porque se "realizaron modificaciones muy restrictivas", como en lo relacionado al personal sanitario en las residencias.
Por ello, ha destacado que el proceso de consulta pública va a permitir "valorar todas las necesidades presentes y futuras" en los centros residenciales.
Sánchez también ha valorado la labor que ha realizado el personal de las residencias de mayores durante la pandemia y ha pedido unidad a todos los grupos políticos para aportar propuestas para el futuro.
En cambio, el diputado del PP en las Cortes Vicente Aroca ha lamentado que las residencias de mayores de Castilla-La Mancha han estado "abandonadas a su suerte", durante la pandemia ya que "la descoordinación, la falta de medios y materiales y la incertidumbre" han sido protagonistas de una "pésima gestión" del Gobierno regional.
Por ello, Aroca ha argumentado que, con el objetivo de que esta situación se pueda repetir, ha pedido la realización de test masivos en los centros socio-sanitarios y proceder a la "sectorización de los espacios residenciales en función de las necesidades a cubrir para cada residente".
En la PNL también se han solicitado "ayudas económicas para mitigar el incremento de los gastos que están sufriendo la residencias; implementar un mayor grado de asistencia sanitaria en las residencias que así lo permitan con más personal especializado o una mayor financiación que sea sostenible para cubrir sus necesidades reales".
También la diputada de Cs en las Cortes Úrsula López ha criticado la gestión del Gobierno regional en cuanto a las residencias durante la pandemia, ya que ha denunciado que han fallecido 2.528 usuarios de residencias por COVID-19 y se han contagiado más de 7.400 personas, si bien ha afeado que la propagación de la enfermedad no se ha frenado, porque en un mes se han producido 430 contagios en las residencias de Castilla-La Mancha.
López ha considerado que es necesario el Gobierno regional se replantee el modelo actual de residencias, puesto que "ni la esperanza de vida es la que existía cuando se pensó en ellas, ni las demandas de ese colectivo son las mismas".
Por su parte, el diputado del PSOE Pablo Camacho ha admitido que "se han cometido errores, como en el resto de comunidades autónomas, de España y de Europa", si bien ha resaltado que el virus ha atacado especialmente a los más vulnerables, como las personas mayores.
Por ello, ha abogado por pensar en el futuro de los centros residenciales y ha indicado que ya se están manteniendo reuniones con el sector para que así sea.
