Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que cambie el modelo de residencias de mayores y que la Junta de Comunidades recupere su gestión.
En una nota de prensa, la formación de izquierdas ha remarcado que si algo se ha aprendido de la crisis sanitaria es que ha sido la sanidad pública y los servicios públicos quienes han combatido la pandemia.
“Por eso nos preocupa mucho que Page no haya aprendido nada, o lo que es aún peor, que pretenda que lo olvidemos y ahora en vez de financiar adecuadamente la sanidad y las residencias de mayores públicas, recuperando la gestión de las que han privatizado, quiera favorecer el negocio privado con 100 millones de euros”, ha asegurado el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, en alusión a la cuantía prevista para ampliar los conciertos con estos centros.
Crespo ha afirmado que si durante esta crisis sanitaria el presidente autonómico hubiera estado “pegado al terreno”, habría aprendido que hay que fortalecer los servicios públicos para poder hacer frente a los problemas que surjan, al tiempo que se habría dado cuenta de que el actual modelo residencial privado es “insostenible”.
“Nos sorprende que siga empeñado en apostar por un modelo que ha demostrado ser muy poco transparente y lleno de deficiencias de unas empresas privadas, en muchos casos fondos buitres, que si en algunos casos han estado a la altura de la situación ha sido por la dedicación y sobreesfuerzo de sus trabajadoras”, ha subrayado el coordinador regional de IU.
Por este motivo, Crespo ha pedido a García-Page que no se escude en que ese dinero va a servir para garantizar puestos de trabajo, ya que las condiciones laborales de los profesionales, mayoritariamente mujeres, que actualmente trabajan en estos centros son “muy deficientes” y ha advertido de que si se prorroga el modelo privado, “lo seguirá siendo”.
“Lo mejor para garantizar la estabilidad del empleo y las condiciones laborales es convertirlas en trabajadoras públicas”, ha añadido.
También ha defendido la necesidad de mantener “un diálogo sereno” sobre el modelo de residencias que necesitan los mayores, donde los beneficiados sean los residentes y el personal que los cuida y no las empresas privadas, y ha vuelto a instar a la Junta a convocar “de inmediato” una mesa con todos los agentes políticos y sociales implicados.
