El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado en su reunión de esta semana un gasto de 11,2 millones de euros para la adquisición de vacunas destinadas a la inmunización de la población adulta e infantil contra distintas enfermedades.
En rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida de Toledo, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha explicado que esta cuantía se suma a los más de once millones de euros aprobados la semana pasada para la compra de vacunas para hacer frente a la gripe y el neumococo con el fin de contribuir a reducir el impacto de la COVID-19.
De esta forma, el Gobierno regional multiplicará en 2020 la inversión en prevención, al alcanzar casi los 23 millones de euros.
Fernández ha detallado que estos 11,2 millones de euros se dividen en dos contratos: uno superior a los 7,1 millones y otro de más de cuatro millones para la adquisición de vacunas contra la hepatitis B, el tétanos, difteria, sarampión, rubeola o varicela, entra otras.
De este modo, se garantiza la disponibilidad de vacunas y se contribuye al control de determinadas enfermedades transmisibles, ha apuntado la consejera portavoz.
También en materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 591.800 euros destinado a subvenciones para realizar programas de promoción, prevención y atención a problemas de salud mental a través de la Fundación Sociosanitaria.
La portavoz ha señalado que estos programas se organizan a través del régimen de concurrencia competitiva para trabajar con asociaciones y entidades especializadas y tienen como objetivo, por un lado, la promoción del bienestar de estas personas y, por otro, la lucha contra el estigma y la discriminación, además de trabajar en el apoyo psicosocial y laboral.
Entre las acciones que se pueden financiar a través de estas subvenciones están campañas de sensibilización y lucha contra el estigma de las personas con problemas de salud mental, la mejora de las habilidades en la convivencia, la recuperación de la calidad de vida y la ruptura el aislamiento social, así como programas de intervención en centros penitenciarios para reclusos que presentan problemas de adicciones a sustancias.
Además, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una partida de 11,4 millones en materia de Bienestar Social.
Con esta cantidad se han realizado dos actuaciones: la primera, contratos de emergencia por importe de 1,1 millones de euros, que se han destinado a la contratación de plazas residenciales para personas mayores que, durante la pandemia, no podían volver por diferentes causas a su centro habitual.
También se han dedicado a la adaptación de instalaciones de centros sociosanitarios y a la compra de material de protección.
"La factura COVID sigue subiendo. Pero lo más importante es que con estas contrataciones hemos dado mayor seguridad y garantizado la total recuperación de las personas mayores que han sufrido un proceso hospitalario por causa del coronavirus", ha destacado Fernández.
La segunda actuación cuenta con un importe de 10,3 millones de euros que van a destinarse la contratación, durante un periodo de tres años, del servicio de atención y desarrollo personal de los usuarios del centro residencial y de día Paseo de la Cuba, de Albacete, que dispone de 216 plazas residenciales y 40 plazas en el centro de día.
FALLECIDOS EN RESIDENCIAS POR LA COVID-19
En otro orden, la portavoz del Gobierno regional ha asegurado que Castilla-La Mancha ha cumplido con la obligación de trasladar al Ministerio de Sanidad los datos de fallecidos en residencias de mayores con sospecha o confirmación de COVID-19, a pesar de que ha habido "un estrés terrible".
Así ha respondido Fernández a preguntas de los periodistas sobre el informe de Sanidad que apunta a una comunicación "desigual" de estas cifras por parte de las comunidades autónomas.
"Supongo que algunas comunidades habrán tenido tantos problemas como nosotros o más porque esto ha sido un estrés terrible", ha reconocido la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha añadido que ha sido "muy complicado", aunque "para nosotros siempre estuvo claro que había que comunicar muy bien qué estaba pasando en las residencias de mayores".
En este punto, ha insistido en que: "en Castilla-La Mancha siempre hemos tenido muy claro que había que comunicarlo periódicamente y que había que hacerlo bien".
Y ha añadido: "por eso, no solo lo hemos comunicado al Ministerio, sino que hemos hecho públicos los datos de manera periódica, prácticamente diaria, no solo de los casos positivos, sino también de los fallecidos con síntomas compatibles con la COVID-19".
Fernández ha aseverado que Castilla-La Mancha "ha cumplido con esa obligación" porque entendía que lo tenía que hacer, "pero las circunstancias de otras comunidades autónomas las desconozco en lo concreto, aunque las puedo intuir", ha señalado.
Preguntada también por las más de 240 residencias de mayores en las que se ha confirmado algún caso, la portavoz regional ha mostrado su preocupación al respecto.
"Creemos que ha pasado lo peor, pero no nos podemos confiar", ha subrayado Fernández, y ha afirmado que "la prudencia debe prevalecer sobre todas las cosas para proteger a los mayores", de ahí que solo se permitan visitas en los centros libres de coronavirus.
"Es conveniente tener medidas para evitar nuevos contagios, especialmente en residencias", ha concluido la portavoz del Gobierno regional.
