El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha reclamado una solución para el pueblo saharaui ante la Comisión de Política Especial y Descolonización de la ONU, en la que ha defendido el derecho de autodeterminación para los saharauis.
Crespo, que intervino el pasado viernes en la citada comisión, en su condición de abogado del Observatorio de los Derechos Humanos para el Sáhara Occidental de Castilla-La Mancha, justificó su petición porque Marruecos lleva 44 años "ocupando ilegalmente la mayor parte del Sahara Occidental, violando de forma sistemática los derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales de la población saharaui".
Asimismo, se refirió a "la ilegal explotación por parte de Marruecos de los recursos naturales" y recordó que España, según el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, continúa siendo la potencia administradora, al ser el Sáhara un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, ha informado este lunes en una nota de prensa Izquierda Unida de Castilla-La Mancha.
En este sentido, Crespo mantuvo ante la Comisión de Política Especial y Descolonización de la ONU que "a pesar de la ocupación, Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía legal, y actúa como una potencia ocupante 'de facto', según el derecho internacional, reprimiendo a sus habitantes aborígenes y lucrándose de la explotación de sus riquezas naturales".
Y argumentó que "la legalidad internacional es muy clara y el derecho a la soberanía permanente sobre los recursos naturales para los pueblos indígenas, así como el derecho del pueblo saharaui para gestionar y explotar sus recursos han sido afirmados en varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU".
Así lo ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en tres recientes sentencias de 2016 y 2018, "donde además establece que el representante del pueblo saharaui es el Frente Polisario", apuntó Crespo en su intervención en Nueva York.
Crespo señaló también que "no debemos olvidar que en la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, junto con Marruecos, participan terceros países, entre los que se encuentra España y sus empresas".
Y subrayó que el derecho internacional humanitario y las leyes de ocupación, en concreto, las regulaciones de la tierra de la IV Convención de la Haya, la IV Convención de Ginebra y el Primer Protocolo Adicional, "prohíben a las fuerzas ocupantes disponer o beneficiarse de los recursos que se encuentran en las tierras ocupadas, por lo que el saqueo en los territorios ocupados podría considerarse un posible crimen de guerra".
