Cospedal dice a las víctimas del Yak-42 que seguirá el dictamen del Consejo de Estado

Cospedal se compromete a buscar el contrato del Yak 42 y la póliza de seguro, según los familiares de los fallecidos

Los miembros de la Asociación de familiares de víctimas del Yak-42 durante la rueda de prensa que han ofrecido tras la reunión con la ministra de Defensa - EFE/Luca Piergiovanni
photo_camera Los miembros de la Asociación de familiares de víctimas del Yak-42 durante la rueda de prensa que han ofrecido tras la reunión con la ministra de Defensa - EFE/Luca Piergiovanni

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha comunicado este martes a los familiares de las víctimas del accidente del Yakovlev 42 que su departamento seguirá el dictamen del Consejo de Estado, aunque no sea vinculante para el Ejecutivo.

La ministra se ha reunido con la asociación que agrupa a las víctimas del siniestro, ocurrido en Turquía en 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, y le ha transmitido su máxima disposición a colaborar en sus peticiones.

En el encuentro, Cospedal ha escuchado las reflexiones de los familiares y les ha transmitido su apoyo y el "compromiso inquebrantable con el recuerdo y la memoria de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno, y de toda la sociedad española".

La reunión con la asociación de familiares del Yak y sus abogados ha durado, según Defensa, hora y media y ha transcurrido en un clima de "cordialidad y franqueza".

El Ministerio destaca que, con independencia de que los tribunales determinaron en su día que Defensa "no tuvo responsabilidad civil o penal" en el accidente aéreo, el dictamen sí declara la responsabilidad patrimonial del Estado, indemnizaciones que ya fueron sufragadas.

No obstante, el dictamen señala también que el reconocimiento de esta responsabilidad patrimonial de la administración pública "no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa".

Es decir, que la responsabilidad patrimonial del Estado no requiere más requisito que el daño se haya producido en relación con sus funciones pero sin que tenga que llevar aparejada "ilicitud, culpa o negligencia".

De este modo, el Consejo de Estado admite, como ya lo hizo la Audiencia Nacional, el archivo definitivo del procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte.

Sin embargo y frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la agencia de la OTAN con la que Defensa había acordado delegar la gestión de los transportes de tropas, NAMSA, el dictamen entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

Se refiere a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en este tipo de transporte de las tropas.

CALIFICAN DE "ORO MORAL" SU COMPROMISO DE INVESTIGAR

De su lado, los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente han calificado de "oro moral" el compromiso adquirido por la ministra de Defensa de abrir una investigación sobre el siniestro centrada principalmente en la búsqueda del contrato del avión y de los 42 vuelos anteriores así como de la documentación relativa a la póliza de seguro del vuelo que pagó España.

Estos son los dos aspectos concretos que ha solicitado la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 a Cospedal en la reunión y se ha comprometido a buscar "por tierra mar y aire" dichos documentos para plasmar sus conclusiones en un informe.

Miguel Sencianes, presidente de la asociación, ha asegurado que para las familias de las víctimas es un "alivio" y confía en que las conclusiones de la investigación abierta por Defensa "realmente sepa dar homenaje" a los militares fallecidos en un siniestro que, según ha dicho, pudo haberse evitado.

Además ha señalado que el compromiso del Ministerio es un cambio de criterio y "reparación y sanidad" para España, catorce años después del accidente que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Turquía, cuando el avión se dirigía a Zaragoza proveniente de Afganistán y en el que perdieron la vida 62 militares españoles además los 13 tripulantes del aparato.

"Defensa está asumiendo la responsabilidad y no es otra que el Yak era un vuelo ilegal y no tenían que volar. Lo que nos importa es que las familias hemos puesto el marcador a cero con el Ministerio de Defensa para empezar a trabajar por una verdad que sabemos pero que va a quedar públicamente reconocida", ha dicho por su parte la portavoz de la asociación Curra Ripollés.

"EL PP NOS ENGAÑÓ EN TODO"

Al respecto ha dicho que el entonces ministro de Defensa Federico Trillo y el Partido Popular les engañaron "en todo" en referencia concreta a la ausencia de los contratos del Yak que, según se expuso en su día, no obran en poder de Defensa. Tan sólo disponen de una parte del contrato del Yak que encontró el también exministro de Defensa José Bono en las cajas fuertes del Ministerio, que abrió acompañado de la Guardia Civil porque los oficiales se negaban a hacerlo.

La portavoz de la asociación de familiares ha celebrado que Cospedal actúe "como ministra y no como miembro de un partido político" y que haga suyo el informe del Consejo de Estado del pasado mes de octubre que concluye que el aparato "nunca tuvo que despegar", mientras que el abogado de la asociación Leopoldo Gay ha dicho que obtendrán la mejor resolución si la ministra del ramo sabe entender los "padecimientos" que han pasado las familias.

Francisco Cardona, vicepresidente de la asociación y padre de uno de los militares fallecidos, ha explicado que han abandonado la reunión "confiados y con esperanza" por la "clara intención" de Defensa de esclarecer los hechos aunque ha advertido de que las familias esperan no volver a sufrir un nuevo "desengaño".

En la reunión ha participado también el teniente general Javier Salto Martínez-Avial, el subsecretario de Defensa, Arturo Romaní y el jefe del gabinete de la ministra José Luis Ortiz.

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